FAPA-VALENCIA SOL·LICITA QUE NO ES CONCERTE CAP CENTRE PRIVAT
FAPA-València ha sol·licitat este matí en la comissió de concerts educatius de la Conselleria d'Educació, en la qual està representada, que no es concerte cap centre privat amb diners públics.
Així ho ha fet constar a l'acta corresponent de la comissió, com fa cada any a pesar què l'administració fa cas omís.
Emparant-se en la LODE, llei que regula la programació general de l'ensenyament, i la Llei Orgànica d'Educació (LOE), que garanteix l'escola pública, i sent sabedors de les necessitats que aquesta pateix, la Federació de pares exigeix que la Conselleria acomplisca la legalitat vigent i que es destine el diner públic a la inversió en creació i millora dels centres públics.
FAPA-València sol·licita doncs, que la partida pressupostada per a dotar de concerts als centres privats siga destinada als centres públics, cobrint així part de la deficiència que aquests pateixen.
L'administració no compleix la LODE
En este sentit, l'art. 27.1 de la LODE, que regula la programació general de l'ensenyament, clarament obliga als poders públics a fer-la de manera que "atenga adequadament les necessitats educatives i la creació de centres docents". I l'art. 27.3 diu que "la programació general de l'ensenyament que corresponga a les Comunitats Autònomes al seu àmbit territorial, comprendrà en tot cas una programació específica dels llocs escolars en la que es determinaran les comarques, municipis i zones on els susdits llocs hagen de crear-se", tenint en compte l'oferta que existisca de places públiques i concertades.
FAPA-València considera que la LODE impulsa clarament la creació de centres i places públiques com instrument prioritari i necessari de la programació de l'ensenyament pels poders públics.
L'art. 116.2 LOE ordena que "tindran preferència per a acollir-se al règim de concerts aquells que, atenguen a poblacions escolars de condicions econòmiques desfavorables o els que realitzen experiències d'interès pedagògic per al sistema educatiu.
La representant de FAPA-València a la comissió de concerts, Manoli Carrero, ha destacat que molts dels centres que s'han presentat a la comissió de concerts no reunixen la prioritat que marca la llei de ser centres amb condicions econòmiques desfavorables i que per tant la administració pública no s'ajusta a la legalitat vigent.
"L'administració ha aprobat els concerts però això no significa que hi haja partida pressupostària per a posar-los en marxa, per tant estem davant una situació molt poc seriosa", ha subratllat Manoli Carrero.
14 de febrer de 2012
La oposición ve calumnioso el dato del absentismo docente
Sindicatos y partidos políticos acusan a Educación de pretender "ensuciar la imagen" de los profesores al afirmar que el 27% está de baja
La cifra facilitada por la Conselleria de Educación de que un 27 por ciento del profesorado valenciano ha estado de baja a lo largo del año 2011no convence ni a los sindicatos docentes ni a los partidos de la oposición. Unos y otros consideran que el dato es "falso y calumnioso" a la vez que creen que la intención del departamento autonómico es "ensuciar la imagen que sobre los trabajadores de la enseñanza tiene la ciudadanía" según expresaron ayer.
La Junta de Personal Docente, integrada por los cinco sindicatos: STE-PV; CC OO, CSIF, ANPE y FETE-UGT, reclamó que este tipo de información sean facilitada a los representantes del profesorado con anterioridad a ser filtrada a la prensa -Levante-EMV informó el pasado domingo- y confirmándola con la documentación suficiente porque, de lo contrario, entenderán que la conselleria ha iniciado una "campaña de desprestigio".
En una reunión celebrada ayer reiteraron su rechazo a la reducción de plantilla y a la ampliación horaria lectiva en Secundaria.
Por su parte, el diputado de EUPV Lluís Torró acusó al Consell de querer poner a la población en contra de los profesores de las escuelas públicas ofreciendo unas cifras de absentismo que "falsean la realidad. Se intenta desprestigiar al profesorado con cifras falsas. Es inmoral" abundó.
El portavoz de PSPV, Jorge Alarte, considera que "es una nueva excusa para echar las responsabilidades" de la situación actual sobre los trabajadores", mientras que el de Compromís, Enric Morera, pidió al PP que se "preocupe por la ausencias" en las Corts del expresidente de la Generalitat Francisco Camps porque "aquí no viene y cobra". La portavoz de EUPV, Marga Sanz, añadió que "si hay fraude" a la hora de pedir bajas "debe actuar la inspección médica" para detectarlo.
Mientras, prosiguen las protestas contra los recortes en los centros, como la huelga anunciada para mañana por el Sindicat d'Estudiants.
Más de 300 centros infantiles advierten a los padres de que deberán asumir la deuda municipal
Más de 300 escuelas infantiles de la ciudad de Valencia llevan cuatro meses sin cobrar las ayudas que reciben del ayuntamiento (cheque escolar) y de la Generalitat (bono escolar). Con estas subvenciones los padres ven reducida la cuota mensual en unos 200 euros, dependiendo de los casos y de los centros infantiles. Sin embargo, las guarderías han comenzado a advertir a los padres de alumnos de que, si la Administración no salda la deuda, serán ellos los que deban hacerles frente ya que la situación comienza a ser "insostenible". La otra alternativa es, directamente, el cierre.
Así lo aseguró ayer la concejala de Compromís, Consol Castillo, tras asegurar que la deuda está repercutiendo en la "falta de limpieza y de personal en las escuelas infantiles". Y es que para Compromís, la educación "debe ser una prioridad". La concejala de Educación, Ana Albert, por su parte, aseguró ayer que hoy mismo se pagarán los meses de octubre y noviembre, "tal y como estaba programado, porque nosotros cumplimos"
En Valencia existen más de 300 centros infantiles, públicos y privados. Sin embargo, solo uno es de titularidad y gestión municipal. Está en Pinedo y cuenta con un precio de matrícula de 26,33 euros y una cuota mensual de 32,84 euros. El resto rondan unas tarifas de cerca de 300 euros que, tras las ayudas, se quedan en unos 100.
Así lo aseguró ayer la concejala de Compromís, Consol Castillo, tras asegurar que la deuda está repercutiendo en la "falta de limpieza y de personal en las escuelas infantiles". Y es que para Compromís, la educación "debe ser una prioridad". La concejala de Educación, Ana Albert, por su parte, aseguró ayer que hoy mismo se pagarán los meses de octubre y noviembre, "tal y como estaba programado, porque nosotros cumplimos"
En Valencia existen más de 300 centros infantiles, públicos y privados. Sin embargo, solo uno es de titularidad y gestión municipal. Está en Pinedo y cuenta con un precio de matrícula de 26,33 euros y una cuota mensual de 32,84 euros. El resto rondan unas tarifas de cerca de 300 euros que, tras las ayudas, se quedan en unos 100.
Educación planea endurecer los requisitos para obtener becas
Las calificaciones tendrán más peso para acceder a una ayuda universitaria
España destina un 0,1% a este capítulo, la mitad de la media de la OCDE
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha vuelto a levantar ampollas con sus declaraciones —lo último fue la eliminación de los temarios de las oposiciones docentes de 2012—. Hoy ha anunciado que revisará el sistema de becas universitarias para endurecer los requisitos académicos que han de cumplir los estudiantes para obtenerla y mantenerla, con el objetivo de fomentar la excelencia. Al alumno "le da exactamente igual sacar un sobresaliente que un cinco", se ha quejado.
Actualmente, si no se superan unos máximos de renta familiar, el alumno tiene derecho a una beca. Luego, para poder conservarla, ha de aprobar el 80% del curso en la mayoría de las carreras, y el 60% en titulaciones complicadas como las ingenierías. Además, la beca ya no cubre el importe de la matrícula si es la tercera vez para la misma asignatura (la cuarta en el caso de las ingenierías); por último, los becarios que las aprueben todas reciben 150 euros extra.
Pero al ministro no le parece suficiente: "Las becas se han convertido en una asignación no competitiva, es decir, que a partir de un determinado nivel económico se tiene el derecho a una". El ministro prefiere que el éxito académico tenga más peso para el acceso a las becas, según ha dicho en un desayuno informativo en Madrid del Foro Nueva Sociedad. Eso sí, Wert aseguró que no reducirá el dinero para estas ayudas.
Como ya ha ocurrido con otros anuncios de este ministerio —la reforma de la secundaria o de la FP—, no hubo apenas concreción en la propuesta. El asunto está "en estudio" y requiere una "reflexión profunda", ha dicho solo Wert. Así que el proyecto deja abiertas muchas dudas. Por ejemplo, ¿se retocará todo el esquema recién estrenado este curso? ¿Habrá que sacar sobresalientes para mantener la beca o los sobresalientes conllevarán premio por rendimiento? ¿Qué pasa con los alumnos que estudian y trabajan a la vez cuyo rendimiento puede verse mermado? ¿Y con aquellos cuyas carreras tienen un índice de suspensos alto, como las ingenierías? Y, sobre todo: ¿contará la nota del bachillerato para obtener la primera beca universitaria?
"El sistema debería seguir los criterios tradicionales de renta en el momento de matricularse por primera vez; las notas de secundaria no son un buen indicador de lo que hará un estudiante en la universidad; si se otorgaran las primeras becas solamente a los que terminan la secundaria con mejor nota podría llegarse a una limitación socialmente injusta", explica el experto europeo en universidades Guy Haug.
Se refiere a que el nivel socioeconómico tanto de los alumnos como de los colegios condiciona los resultados en los institutos y las becas precisamente tratan de compensar esas desigualdades de origen. Por otro lado, los colegios podrían alterar los expedientes para que sus alumnos se hicieran acreedores de una ayuda.
Francisco Michavila, director de la Cátedra Unesco de Política Universitaria —que ha hecho varios trabajos sobre cómo mejorar el sistema de becas— insiste en no mezclar ayudas que tienen objetivos distintos. "Aquellas becas que dan un mayor peso al criterio de renta familiar están destinadas a mejorar la equidad en el acceso y permanencia dentro de la universidad. Aun así, estas exigen un rendimiento académico. Evidentemente, aquellas becas dedicadas a la excelencia sí deben primar un criterio competitivo basado en los resultados académicos". Michavila cree que las declaraciones del ministro suenan "antiguas, incluso rancias". "Resulta, cuando menos, inoportuno plantear este debate en un momento en el que la universidad debe ser una alternativa y refugio de los jóvenes ante las condiciones del mercado de trabajo".
Los alumnos también criticaron duramente al ministro. "Me parece una torpeza y creo que refleja un gran desconocimiento por su parte", dijo María José Romero, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado. Romero asegura que lo que hay que hacer es mejorar la calidad para reducir el abandono: un tercio de los estudian deja la carrera antes de sacar el título. Además, los becados tienen un rendimiento medio casi 14 puntos por encima de la media general.
"Parece que se trata de volver a épocas franquistas, cuando tenían beca muy poquitos: los que eran paupérrimos y sacaban las mejores notas", señala María José Saura, de CC OO. También le preocupa que se eche por tierra el modelo estrenado este curso. España destina un 0,1% del PIB a becas, la mitad de la media de la OCDE.
Los colegios de Alicante alertan del cierre del comedor por los impagos
Protesta de los directores de Primaria en los servicios territoriales de Educación
Alrededor de 250 directores de colegios del ciclo de Infantil y Primaria de la provincia de Alicante se concentraron este martes ante los servicios territoriales de la Consejería de Educación en protesta por los impagos del Consell. La deuda global del Consell con los colegios de Alicante (500 centros en total) asciende a unos 10 millones de euros, en concepto de facturas atrasadas tan vitales para el funcionamiento de los colegios, como luz, pago del servicio de comedor o material de papelería.
La deuda global del Consell con los colegios de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana asciende a 20 millones de euros. A esta cifra hay que sumar las cantidades pendientes de pago a los centros de Secundaria, en total 32,2 millones de euros.
"En la actualidad, lo más urgente es pagar el servicio de comedor, ya que las concesionarias están presionando a los colegios ante la elevada deuda, en algunos casos de hasta 80.000 euros", explicó Ginés Pérez, director del colegio Fabraquer de El Campello y portavoz de la Permanente de Directores de Infantil y Primaria de la Provincia de Alicante.
Los responsables de los colegios aprovecharon la protesta para presentar el balance de las cuentas de sus respectivos centros correspondientes al ejercicio de 2011. "Todos los centros han presentando balances en positivo, dado que por ley los centros educativos públicos no pueden reflejar déficit en su contabilidad", explicó el portavoz de la permanente. Esta iniciativa de los directores de Alicante contrasta con la de sus homólogos de la provincia de Valencia, que sí han presentado el cierre de las cuentas del pasado año en números rojos.
Pérez señaló que los directores de Alicante no tenían conocimiento del escrito de la Dirección General de Centros Docentes de la consejería remitido a los colegios de Primaria, institutos, escuelas oficiales de idiomas y conservatorios de música y danza en el que autorizaba a los directores a cerrar los balances en números rojos. La consejería optó por esta alternativa ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos pendientes en los plazos legales.
Y, además de verse obligados a cerrar en "falso" el presupuesto del pasado curso, por los impagos del Consell, los directores tampoco han podido hasta ahora abordar el presupuesto para el presente ejercicio. "Estamos a la espera de las instrucciones de la consejería y de los fondos que finalmente habilite. Aunque el plazo para elaborar el presupuesto no finaliza hasta el primer trimestre de este año", explicó Pérez.
El portavoz de los directores de Alicante señaló que están a la espera de los resultados de la reunión con el director general de Centros, Rafael Carbonell, el próximo día 20, para, en función de las propuestas que reciban, retomar las movilizaciones.
"En la actualidad, lo más urgente es pagar el servicio de comedor, ya que las concesionarias están presionando a los colegios ante la elevada deuda, en algunos casos de hasta 80.000 euros", explicó Ginés Pérez, director del colegio Fabraquer de El Campello y portavoz de la Permanente de Directores de Infantil y Primaria de la Provincia de Alicante.
Los responsables de los colegios aprovecharon la protesta para presentar el balance de las cuentas de sus respectivos centros correspondientes al ejercicio de 2011. "Todos los centros han presentando balances en positivo, dado que por ley los centros educativos públicos no pueden reflejar déficit en su contabilidad", explicó el portavoz de la permanente. Esta iniciativa de los directores de Alicante contrasta con la de sus homólogos de la provincia de Valencia, que sí han presentado el cierre de las cuentas del pasado año en números rojos.
Pérez señaló que los directores de Alicante no tenían conocimiento del escrito de la Dirección General de Centros Docentes de la consejería remitido a los colegios de Primaria, institutos, escuelas oficiales de idiomas y conservatorios de música y danza en el que autorizaba a los directores a cerrar los balances en números rojos. La consejería optó por esta alternativa ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos pendientes en los plazos legales.
Y, además de verse obligados a cerrar en "falso" el presupuesto del pasado curso, por los impagos del Consell, los directores tampoco han podido hasta ahora abordar el presupuesto para el presente ejercicio. "Estamos a la espera de las instrucciones de la consejería y de los fondos que finalmente habilite. Aunque el plazo para elaborar el presupuesto no finaliza hasta el primer trimestre de este año", explicó Pérez.
El portavoz de los directores de Alicante señaló que están a la espera de los resultados de la reunión con el director general de Centros, Rafael Carbonell, el próximo día 20, para, en función de las propuestas que reciban, retomar las movilizaciones.
Educación mantiene deudas con los colegios alicantinos desde el pasado octubre
Directores de 200 centros presentan en bloque las cuentas del 2011 como medida de protesta por el impago
Unos 200 centros educativos de Primaria y Secundaria de la provincia le mostraron ayer a la Conselleria de Educación su malestar ante los recortes presentando en bloque los balances contables de sus centros. Unas cuentas que muestran la deuda acumulada de la Generalitat Valenciana desde el año pasado y con los servicios de comedor sin pagar.
Según el portavoz de la permanente de directores de la provincia, Ginés Pérez, la deuda del Consell tiene en jaque a los centros educativos de la provincia, lo que les obliga a tener que dejar de pagar a proveedores y meter facturas en los cajones. «Nuestros balances son positivos porque, por ley, tiene que ser así, aunque presentamos unas cuentas que no son reales», reconoce Pérez.
Porque, una cosa es el papel y otra muy distinta la realidad. «Nos falta por cobrar el tercer cuatrimestre de 2011, las ayudas a los comedores y los gastos de funcionamiento de éstos desde octubre y ya, también, el primer cuatrimestre del 2012», calcula el portavoz de los directores. Por eso, la cuenta de la deuda es muy difícil de contabilizar. «Solo a mi centro, y es un ejemplo porque todos estamos igual, me deben 80.000 euros en concepto de becas de comedor», explica el portavoz y director del Colegio El Fabraquer de El Campello.
Eso les obliga a no poder hacer frente a los pagos con proveedores y otros gastos necesarios para el normal funcionamiento de los centros escolares. Ante esta situación, y teniendo en cuenta el seguimiento que están teniendo todos los actos reivindicativos que han llevado adelante el colectivo, era de esperar que el hall de la Dirección Territorial de Educación de Alicante se llenara de gente para presentar esos balances como medida de protesta. «Somos unas 200 personas, todos los centros de la provincia han venido, porque no estamos de acuerdo con el decreto que establece los recortes en los servicios públicos», destaca el portavoz del colectivo. De momento, seguirán adelante con las concentraciones de los jueves a la espera de una nueva reunión con los directores de los centros de Valencia y Castellón, para ver si se siguen tomando otras medidas de presión. «No entendemos, de ninguna manera, por qué se hace tanto hincapié en los profesores y funcionarios cuando nunca hemos generado ningún déficit, ni porque quieren recortar en Educación. Lo que están haciendo no tiene sentido. Que agudicen el ingenio y que busquen el recorte en otros sectores, de esta forma, al final, lo pagan los ciudadanos», concluye Ginés Pérez. La próxima cita es el día 20 de febrero con el director general de centros. En la reunión que se celebra en Valencia y a la que acudirán las permanentes de directores de las tres provincias, esperan tener alguna solución para su problema. «»Hasta entonces, los lunes iremos a clase con la camiseta negra y los jueves concentraciones a las puertas de los centros, porque a nosotros nos están haciendo responsables de un problema que no hemos causado nosotros, por la mala gestión que se ha llevado en esta comunidad», concluye Pérez.
Los impagos de la Generalitat ponen al filo del cierre a colegios valencianos
El Gobierno valenciano adeuda 50 millones a 450 centros subvencionados
Un colegio concertado de Castellón amenaza con cerrar por impagos
La situación por el impago ya es "insostenible" y de seguir así se verán "obligados al cierre". Así concluye la circular remitida ayer a los padres por la dirección del colegio laico concertado Ramiro Izquierdo de Castellón. Junio fue el último mes que cobraron lo pactado por la Generalitat, que preside Alberto Fabra, que les debe 104.000 euros en gastos de funcionamiento por el periodo comprendido entre julio y diciembre. Pero la situación es idéntica en los 450 colegios concertados de la Comunidad Valenciana. La deuda del Consell asciende a 50 millones de euros y afecta a los 225.000 niños que estudian en ellos.
El presidente Fabra dijo ayer que su "voluntad" es poder resolver el asunto en las "próximas semanas" y emplazó a estos colegios a una reunión mañana, viernes, sin comprometer plazos de pago. Los padres recuerdan que el Gobierno valenciano "ya incumplió" su promesa de abonar una parte de la deuda antes de que concluyera 2011. La deuda también afecta a los centros públicos aunque su situación no es tan crítica porque los Ayuntamientos asumen el mantenimiento. La angustiosa realidad de la tesorería valenciana y el tijeretazo anunciado de 1.057 millones para 2012, amenazan con quebrar su sistema educativo.
La carta remitida por el colegio Ramiro Izquierdo informa a los padres de la "crisis" que sufre el centro porque la Consejería de Educación les debe por los últimos seis meses de 2011 un total de 104.699 euros. Un dinero con el que afrontan el pago del personal de limpieza o administración; el suministro de luz, teléfono o material didáctico y el mobiliario o las pólizas de seguros, entre otros conceptos.
El centro ha asumido hasta la fecha el coste con fondos propios pero se encuentra casi al límite de su capacidad para soportar los gastos de mantenimiento y "lamentablemente" en breve tendría que "cerrar" hasta que el Consell abonara la deuda y "la situación se regulara".
La situación es más grave en este colegio de Castellón que en otros centros de similares características, porque además asumió los costes del bono-libro de sus alumnos y la Generalitat tampoco lo ha pagado. El Ramiro Izquierdo negoció directamente con las editoriales la compra de los volúmenes y descontó a los padres el dinero que preveía ingresar en octubre del Ejecutivo valenciano por este concepto y sigue sin cobrarlo como les sucede a todas las librerías de la Comunidad Valenciana, que cada año rebajan el porcentaje correspondiente en el precio de venta al público confiando en que, como ha sucedido hasta la fecha, abone la ayuda entre los meses de septiembre y octubre. El Gremio de Libreros y la Unión Gremial de la Comunidad Valenciana aseguran que el Gobierno les debe 31 millones de euros.
La responsable de la federación de la enseñanza concertada del sindicato Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, Pepa Ramis, denunció ayer que la situación en los 450 colegios valencianos es "dramática" y algunos ya no pueden afrontar "el pago de nóminas" de sus trabajadores de mantenimiento. Añadió que determinados centros incluso han llegado a pedir a los docentes que "renuncien" a la paga de Navidad o "a parte de su salario" para "poder pagar" a estos trabajadores.
Desde la Asociación de Educación y Gestión, que agrupa en la Comunidad Valenciana a gran parte de los centros concertados, su presidenta, Vicenta Rodríguez, desveló que en muchos casos ya remitieron cartas a los padres antes de las Navidades comunicando la "gravedad" de la situación. Asevera que un gran número de colegios concertados tienen "la caja vacía" y ya no saben "de dónde sacar" para "mantenerlos abiertos".
El presidente de la Generalitat, que acudió ayer a Vila-real (Castellón) para inaugurar un colegio público, aseguró que su Gobierno "está trabajando" para resolver el problema "en las próximas semanas". La consejera de Educación, María José Catalá, quiso transmitir "tranquilidad" y manifestó que en la reunión prevista para mañana con los representantes de esta comunidad educativa espera ofrecer "no solo buenas palabras". Catalá no quiso hablar de fechas para el pago de al menos parte de la deuda.
Los padres y diversos colectivos desconfían de las promesas del Gobierno. El portavoz de la Federación de Escuelas Católicas de Castellón, Manuel Ortiz, recuerda que la Generalitat ya ha "faltado a su palabra en dos ocasiones". Lamenta que la Consejería de Educación prometiera que les pagaría una parte antes de finalizar 2011 y aún no han visto "un euro".
Al borde de la asfixia financiera
JOAQUÍN FERRANDIS
La tesorería del Gobierno valenciano está bajo mínimos. El cierre de los mercados financieros y el elevado endeudamiento que arrastra la Generalitat han obligado al presidente Alberto Fabra a recurrir al apoyo del Gobierno para poder hacer frente a sus obligaciones.
La situación se complicó sobremanera a mediados del pasado mes de diciembre, cuando la Generalitat no pudo colocar en el mercado minorista toda la deuda que había previsto emitir. Fabra esperaba obtener hasta un total de 2.600 millones de euros con los que poder amortizar una emisión anterior de bonos patrióticos — por un importe superior a los 1.500 millones— y obtener la liquidez suficiente para presentar un plan de pago a los proveedores. A duras penas se logró obtener financiación para amortizar los bonos viejos con los nuevos.
Desde entonces, el Ejecutivo de Fabra ha ido afrontando los pagos más acuciantes mientras acumula en los cajones toda clase de facturas pendientes con distintos colectivos y proveedores. Tanto, que la semana pasada tuvo que solicitar ayuda al Gobierno para poder hacer frente a un crédito de 123 millones con el Deutsche Bank. Y solo unos días después aprobó un decreto que sube el IRPF y la gasolina 4,8 céntimos a los valencianos, a la vez que recorta el salario a funcionarios e interinos.
Con la primera transferencia estatal del año, Fabra asegura que este mes podrá pagar las nóminas y hacer frente a sus obligaciones financieras. Sin embargo, sobre su mesa se empiezan a acumular las demandas por impago de los colectivos más diversos.
