Expedientes para una veintena de menores por la 'primavera valenciana'
Siete acusados de hacer pintadas declararon ayer y pasaron pruebas caligráficas
Una veintena de jóvenes tienen abiertos expedientes en la Fiscalía de Menores de Valencia acusados por las protestas estudiantiles que se multiplicaron por toda la ciudad con el epicentro en el Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives en febrero pasado durante la ya conocida como primavera valenciana. Y ayer siete de ellos pasaron por la Ciudad de la Justicia para prestar declaración ante el ministerio fiscal en unas sesiones en las que los peritos les hicieron pasar unas pruebas caligráficas para comprobar si eran los autores de las pintadas realizadas el domingo 26 de enero en varios edificios del centro de Valencia.
Fuentes próximas al caso aseguran que los jóvenes defienden su inocencia. Pese a ello, dos meses después de los hechos, los menores, que deberían estar ahora más preocupados por los exámenes finales que afrontarán en las próximas semanas, o por las notas de corte tras las pruebas de selectividad, todavía tienen que rendir cuentas en la Ciudad de la Justicia. Las familias esperan con impaciencia que todo quede en nada.
Según fuentes de la Fiscalía de Menores, a raíz de las protestas estudiantiles de febrero pasado se han abierto 15 causas distintas relacionadas con las protestas estudiantiles que llenaron los informativos televisivos y los diarios durante días. Imágenes de jóvenes protestando o asustados y cargas policiales desproporcionadas que finalmente han acabado con el relevo del jefe de la policía de Valencia, Antonio Moreno, que acaba de pedir el traslado.
"No hay una única causa porque los hechos han ocurrido en diferentes lugares y no todos los menores han participado en los mismos hechos", explican desde la institución. Por eso, la mayoría de las causas solo afectan a un único menor. Y quizá es la de las pintadas del 26 de enero la única que agrupa a varios jóvenes.
Todos los casos han llegado hasta el departamento después de que la policía presentara una denuncia y constatara que afectaba a un menor, de tal manera que inmediatamente la envía a la fiscalía. Solo otra denuncia llegó desde un juzgado, y se trata de una causa que afectaba a 60 menores. La Fiscalía de Menores la archivó esta misma semana al comprobar que los policías simplemente habían tomado los datos personales de los jóvenes el día 17 de febrero durante las protestas sin que se les pudiera achacar ningún tipo de delito.
Ayer el tema iba de pintadas y siete jóvenes defendían su inocencia en un entorno extraño y hostil para unos estudiantes en el que todo parecía indicar que esa edad es propensa a dejar mensajes. Como si se tratara del sufrido árbol de los enamorados de cualquier parque, la pasarela forrada de madera del primer piso del tercer bloque de ascensores de la Ciudad de la Justicia acumula centenares de muescas y grabados que no se repiten en ninguna otra zona del edificio.
En la puerta de los juzgados, una veintena de personas protestaban, con carteles que defendían la libertad de expresión, por las detenciones de febrero. Y allí arreciaron las críticas por la actuación de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.
Las asociaciones de padres, en contra de la huelga docente
«No estamos en contra de que ejerzan su derecho a defender su puesto de trabajo, pero no podemos apoyar una iniciativa que consideramos perjudicial para nuestros hijos ya que coincide plenamente con el fin de curso, cuando los alumnos están en plenos exámenes y con las pruebas de acceso a la universidad encima», señaló ayer Ramón López, presidente de Covapa, tras la reunión que mantuvo esta entidad -junto a Concapa y la Confederación Gonzalo Anaya- con la Conselleria de Educación.
Además, se acordó enviar una circular a las asociaciones de padres y madres «para que esos días lleven a sus hijos a clase porque nuestros hijos no deben ser utilizados para conseguir mejoras laborales. Si quieren ir a la huelga, que lo hagan, pero no en horas lectivas».
En el encuentro se debatió también el proyecto de disposición del departamento que dirige M.ª José Català por el que se aumentan las ratios en el aula. «Esta medida es innegociable ya que responde sólo a criterios económicos. No existe argumentación pedagógica y va en contra de lo anunciado por Educación para paliar el fracaso escolar», destacó Tomás Sempere, representante en la Mesa de Padres de la Confederación Gonzalo Anaya.
Como cada jueves, los profesores valencianos volvieron a concetrarse ayer en los colegios en protesta por el aumento de alumnos por aula y por el incremento de horas lectivas propuestos por el Ministerio de Educación. Y lo seguirán haciendo las próximas semanas.
El portavoz adjunto del grupo socialista y responsable de Educación, Pep Grau, alerta del «deterioro extraordinario» que sufren cuatro colegios públicos de la zona oeste, que desarrollan su actividad docente en un escenario de «degradación urbanística, acumulación de suciedad, insalubridad e inseguridad ciudadana».
La Confederación Gonzalo Anaya no se posiciona respecto de la huelga anunciada por los sindicatos
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