Taller "Com orientar els seus fills/es en l'elecció d'Estudis Superiors?"
Dijous, 1 de març a les 19:00h. a l'Institut
martes, 28 de febrero de 2012
Recull de premsa FAPA-València 25-27 de febrer de 2012
Us envie el recull de premsa. En ell apareix una entrevista a la nova presidenta de FAPA-València, Remei Santacalina, que va ser elegida el passat dissabte en l'assemblea general.
Remei Santacatalina: ´El Lluís Vives es la chispa y la educación pública la hoguera´
El pasado sábado fue elegida portavoz de la Federación de Padres y Madres (FAPA) de Valencia, una entidad que concentra a un total de 646 asociaciones de toda la provincia.
Remei Santacatalina es elegida nueva presidenta de FAPA-Valencia
Sucede en el cargo a María José Navarro y pertenece al AMPA del CEIP Pere Espluges de la Pobla Llarga
La federación de Asociaciones de Padres y Madres de la provincia de Valencia -FAPA-Valencia- eligió ayer a Remei Santacatalina como nueva presidenta para los próximos dos años.
La nueva portavoz de los padres procede del CEIP Pere Esplugues de la Pobla Llarga. Junto a ella, también fue elegido el nuevo equipo directivo de la entidad.
Santacatalina sucede en el cargo a Mª José Navarro, que dejó el puesto después de dos años de mandato. Durante la cita, Navarro explicó y dio cuentas de toda la memoria de gestión realizada a lo largo de su presidencia y declaró que "hemos trabajado con un objetivo claro: la defensa de la escuela pública y de calidad desde un compromiso firme y desde la màxima transparencia y democracia dentro del seno del movimiento de padres y madres".
Por su parte, la nueva portavoz tuvo palabras de agradecimiento por la labor realizada por su antecesora.
El proceso electoral para elegir a los miembros del Consejo de Gobierno, órgano de decisión de la federación, del que posteriormente surgiría la nueva ejecutiva de la federación, comenzó en el mes de noviembre. Cada asamblea comarcal, representada por todas las AMPAs de una misma comarca, eligió a sus representantes al Consejo de Gobierno. Estos portavoces emitieron los votos que resultaron en la composición de la nueva directiva.
La mitad de los niños de infantil del Lluís Guarner ha enfermado en las últimas semanas
El centro público Lluis Guarner acoge de lunes a viernes a un total de 420 alumnos de diferentes edades. Enclavado en el barrio de Benicalap, es uno de los centros que este año se ha visto afectado por el recorte del 15 % en el presupuesto de la contrata de limpieza en los colegios aprobado por el ayuntamiento de Valencia. Dos personas se encargan de la pulcritud de las instalaciones -con un refuerzo de cuatro horas durante dos días- y los padres califican la dotación de "insuficiente". Por ello, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) convocó a principios de semana una jornada popular para adecentar las aulas a fondo, tal como hicieron semanas atrás sus homólogos en el Cervantes. Pidió los pertinentes permisos a Educación y movilizó a sus integrantes. Sin embargo, esta vez la Generalitat denegó la iniciativa por "no ajustarse a la normativa", mediante una carta enviada el viernes al mediodía. No había espacio para la participación paterna en la limpieza.
Las fregonas, las escobas y los recogedores se quedaron a las puertas. Así como la sensación de intranquilidad entre los progenitores por la presunta escasez de higiene en unas instalaciones que sus pequeños visitan día tras día. Intranquilidad que ha llevado a algunos de los padres a cuestionar la salubridad del centro, sobretodo aquellos con hijos en edad infantil, que sospechan de un brote vírico aparecido de forma reciente. Aunque de momento prefieren conservar el anonimato, aseguran que once de los veintiún escolares con edades entre tres y cinco años han enfermedado en las últimas semanas. Incluso apuntan casos de alumnos que han encadenado tres infecciones seguidas. También se ha tenido que medicar, al menos, una profesora. La situación ha provocado que los padres hayan acordado analizar las heces de sus pequeños para cribar el origen de la infección.
A su vez, los afectados también denuncian falta de consumibles de limpieza básicos, como papel de WC o jabón. Uno de los padres comentó que "desde hace dos o tres semanas acompaño el almuerzo de mi hijo con un rollo de papel y una botella de jabón; así está la situación".
Un toque de atención
Aunque el número de casos puede definir un claro cuadro de infección grupal, desde la AMPA prefieren ser cautos. Paco Iniesta, vicepresidente de los padres, comentó que "el problema es general, ya que notamos la falta de limpieza desde hace tiempo; no tenemos pruebas sobre una supuesta infección en infantil que podría venir de fuera". Consultado sobre posibles nuevas movilizaciones, el portavoz de los padres declaró que "de momento preferimos esperar a vér que pasa, queríamos que la jornada de limpieza fuera un toque de atención para denunciar la situación que sufrimos; a ver si nos hacen caso y se arreglan los problemas". De momento, la AMPA ha decidido esperar los movimientos de Educación. El inspector de zona visitó e inspeccionó las instalaciones del centro público el pasado viernes.
Diez días de primavera valenciana
Manifestaciones, debate en internet, revuelo en las redes sociales y la referencia al "enemigo" marcan una decena de días de protestas estuantiles y cargas policiales
Manifestaciones multitudinarias de estudiantes, un auténtico debate global a través de internet y las redes sociales, la referencia del jefe de Policía de Valencia al "enemigo" y el anuncio de posibles medidas legales por la actuación de los agentes han marcado los diez primeros días de lo que se ha venido a denominar la 'primavera valenciana'.
La mecha se encendía el pasado 15 de febrero, cuando un menor de edad, alumno del IES Lluís Vives de Valencia, era detenido en una protesta no comunicada contra los recortes en educación y los retrasos del Consell en el pago de los gastos de funcionamiento de los centros.
Al día siguiente, la coincidencia de una manifestación estudiantil --programada previamente-- y una concentración para rechazar el arresto del joven hizo estallar el primer enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía Nacional, que se saldó con 10 detenidos. Entre ellos, se encontraba el presidente de la Federación valenciana de estudiantes (Faavem), Albert Ordóñez, la única organización estudiantil presente en las mesas de negociación con la Conselleria de Educación.
Las imágenes de las cargas policiales comenzaron a despertar las protestas, en primer lugar de organizaciones estudiantiles y padres de alumnos, a las que, paulatinamente, se fueron sumando partidos políticos, organismo de carácter nacional e instituciones internacionales, incluidas Amnistía Internacional y Save the Children.
Con el instituto Lluís Vives convertido ya en símbolo del movimiento estudiantil, el 17 de febrero fue otra jornada salpicada de tensión, que acabó con seis detenidos más y nueve heridos --cuatro manifestantes y cinco agentes-- en altercados registrados frente al complejo policial de Zapadores.
Durante el fin de semana, la revuelta se diluyó en la manifestación contra la reforma laboral para volver con más fuerza el lunes 20, cuando el centro de Valencia se convirtió en escenario de una persecución entre estudiantes y Policía. Las imágenes de estos incidentes comenzaron a dar la vuelta al mundo gracias a Internet y las redes sociales.
Se acuña entonces la etiqueta #primaveravalenciana, que inmediatamente se convierte en 'trendig topic', es decir, tema de interés mundial en twitter. Además, los vídeos de la cargas policiales colgados en Youtube son visionados por decenas de miles de personas. Mientras, publicaciones de referencia europeas y estadounidenses dedican artículos a analizar los sucesos y hacen notar el contexto socioeconómico en el que se desarrolla, con una Comunitat Valenciana que señalan como "la más endeudada de España".
Dada la creciente dimensión del fenómeno --que hizo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtiera de que el país "no puede dar esta imagen"-- la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, --objetivo principal de las críticas y a la que los estudiantes exigen su dimisión-- y el jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, comparecen ante los medios. En esta rueda de prensa, Moreno pronuncia una de las frases más polémicas, cuando se niega a facilitar información "al enemigo" (en referencia a los manifestantes) sobre sus "fuerzas y debilidades". La "figura retórica" --como un sindicato policial ha definido la expresión, que el propio Moreno ha reconocido que fue "una equivocación"-- encendió aún más los ánimos de los estudiantes. "Nosotros no somos los enemigos de la Policía, somos sus hijos", replicaba el dirigente estudiantil Albert Ordóñez.
SE REBAJA EL TONO
Tras llegar a su punto más álgido, el tono de las manifestaciones se rebajó, mediante una significativa reducción de los efectivos policiales y diversas reuniones con los representantes estudiantiles (Paula Sánzhez de León y la consellera de Educación, María José Catalá, recibieron a Faavem).
Aun así, la agenda reivindicativa no ha parado y el 22 de febrero volvió a demostrar su fuerza con una gran marcha --esta vez apoyada por partidos de izquierda y decenas de entidades cívicas-- en la que los jóvenes exhibieron libros como "únicas armas".
También en la manifestación contra los recortes en el sector público convocada por cinco organizaciones sindicales y celebrada este mismo sábado en las tres capitales de provincia hubo alusiones a los enfrentamientos entre policía y estudiantes, ya que los asistentes volvieron a pedir la dimisión de Sánchez de León, al tiempo que recordaban que son "el pueblo, no el enemigo" y pedían "menos maderos y más lapiceros".
En cualquier caso, el colectivo juvenil insiste en que va a proseguir con las protestas, que han tenido también como escenario la sede de la Conselleria de Educación, la del PPCV o los domicilios del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
De hecho, el Sindicat d'Estudiants ha convocado una huelga general educativa en todo el Estado, ya que la llamada primavera valenciana ha 'florecido' en las agrupaciones estudiantiles de toda España y de otros lugares del mundo, que han expresado su "solidaridad" con los alumnos valencianos.
BATALLA POLÍTICA
Pero el conflicto no solo se ha desarrollado en las calles, ya que se ha trasladado también al plano político con acusaciones mutuas. Así, mientras los partidos de la oposición han acusado al PP de utilizar a la Policía para "reprimir de una forma desproporcionada y brutal a menores de edad", los 'populares' han afeado a las fuerzas de izquierda de "ponerse de lado de la protesta violenta e ilegal", en palabras del ministro de Educación, José Ignacio Wert.
En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, acusaba a la oposición de "perjudicar la imagen de la Comunitat" con argumentos "falsos" sobre la situación del sistema educativo público valenciano e, ironizando con el apelativo de primavera, acusaba a los socialistas de haber llevado a la Comunitat un "invierno glacial".
De momento, las movilizaciones han dejado más de 40 detenidos que se encuentran en libertad con cargos por desorden y resistencia a la autoridad. Por su parte, algunos de los afectados han anunciado ya que llegarán a los tribunales.
Es el caso de padres de varios de los alumnos que resultaron detenidos y heridos durante las manifestaciones --que están estudiando interponer una demanda conjunta-- o del Sindicato de Estudiantes, que ya ha puesto el caso en sus servicios jurídicos y que anunciará en los próximos días las medidas concretas.
Edificios históricos amanecen con pintadas de la «primavera valenciana»
Las Torres de Quart, Serranos o la Catedral de Valencia sufren agresiones con alusiones al movimiento estudiantil
En más de una semana de protestas sociales derivadas de las cargas que se produjeron en la concentración contra los recortes en el IES Lluís Vives, apenas un par de contenedores ardieron. Más allá de la tensión de los jóvenes con la Policía y algún episodio esporádico, el respeto al mobiliario y el entorno urbano había sido total, hasta la noche del pasado sábado.
El centro histórico de la ciudad amaneció con algunos de sus edificios más emblemáticos tatuados con pintadas en referencia a los sucesos de la pasada semana. Entre las reseñas podía leerse «#primaveravalenciana», «no nos vamos a rendir», «Valencia despierta» o «yo también soy el enemigo».
Y entre los edificios afectados aparecen la Catedral, la Almoina, la Basílica, las Torres de Serranos o las de Quart. Edificios medievales protegidos por figuras como Monumento Nacional y que podría considerarse como un delito contra el Patrimonio Histórico.
Precisamente, la misma noche del sábado la Policía Nacional identificó a siete menores a los que considera como presuntos autores de 32 pintadas realizadas en los edificios históricos. Entre ellos se encuentra el joven de 17 años que fue detenido el pasado 15 de febrero en las inmediaciones del IES LLuís Vives y que generó la oleada de protestas que ha vivido la ciudad en los últimos diez días.
Dos sprays en la mochila
Los agentes interceptaron a los jóvenes en el cruce entre las calle Fernando el Católico y la calle Cuenca. Resulta que también se había producido una pintada en la comisaría de la calle Hospital, los agentes se movilizaron, y dieron con estos jóvenes, a los que se les requisó una mochila con dos sprays. Todos ellos son menores de edad y, tras ser identificados, fueron entregados a sus padres mientras la Policía Nacional instruye el atestado policial que será remitido a la autoridad judicial.
Se da la circunstancia de que uno de los identificados es el joven de 17 años que fue detenido el miércoles 15 de febrero durante la protesta estudiantil en las inmediaciones del IES LLuís Vives, por atentado contra la autoridad, tras resistirse a ser retirado de la calzada por los policías, a quienes habría propinado varias patadas y un mordisco, según fuentes oficiales.
Esta primera detención originó a lo largo de los días siguientes una amplia respuesta estudiantil, con concentraciones en las que se produjeron nuevos detenidos y que culminaron el pasado lunes en graves enfrentamientos entre estudiantes y policía.
Decenas de miles de personas piden la dimisión de la delegada del Gobierno
Las masivas manifestaciones de los sindicatos contra los recortes de la Generalitat.
Transcurren sin incidentes y critican a Sánchez de León y las cargas policiales contra los estudiantes
Las múltiples protestas, concentraciones y cargas policiales de las últimas semanas no han hecho mella en la voluntad reivindicativa de la gente, a juzgar por las multitudinarias y pacíficas manifestaciones que han tenido lugar este sábado en Valencia, Alicante y Castellón. Parece más bien al contrario.
Decenas de miles de personas han desfilado en Valencia detrás de la pancarta que portaban los representantes de los principales sindicatos con el lema No a les retallades dels serveis públics, depuració de responsabilitats en el Consell. La manifestación forma parte de las movilizaciones programadas desde hace un mes, pero el recorrido por la calle de Colón, justo por delante de la sede de la delegación del Gobierno en Valencia, reconvirtió las consignas en un grito unitario: Delegada, dimisión. Las recientes cargas policiales contra los estudiantes estaban muy presentes entre los manifestantes. No en vano, las imágenes han dado la vuelta al mundo.
Cuando pasaban por delante del edificio de la Seguridad Social (sede temporal de la delegación por obras en el Palau del Temple) empezaban a corear el Delegada, dimisión. Lo hacían sindicalistas, padres y madres, jóvenes, personas de avanzada edad y niños. Y así durante alrededor de dos horas que tardó en llegar la cola de la marcha, que partió puntual desde un poco antes de llegar a la plaza de San agustín por la gran multitud agolpada, precisamente desde el Instituto Lluís Vives, el epicentro de las protestas estudiantiles.
Hubo muchos representantes de la comunidad educativa, también batas blancas de médicos y enfermeros
La marcha tuvo un carácter lúdico y no se registraron incidentes. Hubo muchos representantes de la comunidad educativa, también batas blancas de médicos y enfermeros, y funcionarios en su mayoría. Las pancartas aludían a la necesidad de mantener una escuela y sanidad públicas de calidad. Otras se referían a un particular I+D+I,(Injusticia, Despotismo, Indignación), la actualidad internacional (Si os hacéis los suecos, nos hacemos los griegos) o a la metodología pedagógica (Lluitam també estem estudiant).
Uno de los momentos más curiosos fue cuando un chico y una chica cantaron dos albaes frente a la delegación de Gobierno. La gente calló para escuchar a la asociación de la Safor Rebrot que cantaban sobre los recortes en educación y sobre cómo han "calentat" a los estudiantes. Y a continuación rompió en aplausos y continuó con el Delegada, dimisión.
Los sindicatos evaluaron en 200.000 la participación en la manifestación de Valencia. Los reponsables de UGT-PV, Conrado Hernández, de CC OO, Paco Molina, C·SIF, Daniel Matoses, CEMSATSE y ANPE de la Comunitat, Andrés Cánovas, pidieron, además de la dimisión del consejero de Hacienda, José Manuel Vela, que se retirara el decreto de recortes y que la Generalitat establezca una negociación, La periodista Xelo Miralles leyó el manifiesto final,en el que también se denunciaba las cargas policiales.
En Alicante, los sindicatos no han dudado en calificar la manifestación de esta tarde como la más masiva desde las que No a la Guerra. Alrededor de 60.000 asistentes, según los sindicatos, y 30.000 en cifras de la Policía Nacional, han recorrido durante más de dos horas las calles del centro de Alicante, desde la avenida de la Estación hasta la Rambla de Méndez Núñez. Carteles, pancartas, recortables caseros, pegatinas, música, pitos y muchas consignas contra la corrupción, los recortes y las cargas policiales de Valencia han protagonizado esta marcha.
Dos manifestantes cantaron 'albaes' frente a la delegación de Gobierno alusivas a los recortes en educación y a las cargas policiales / EL PAÍS
También se han exhibido muchas referencias a la carga policial contra los estudiantes de Valencia y muchas pancartas usaban la palabra "enemigo" y "chorizo". Tu mala gestión la pago yo, Ave Fabra Analfabeturi te saluda, Todos somos Grecia o el ya clásico No hay pan para tanto chorizo se leían en las pancartas junto a las que reclamaban una escuela pública de calidad o una sanidad pública con recursos .
En la lectura del manifiesto, que se ha tenido que releer en diversas ocasiones por la paulatina llegada de los ciudadanos al final de la protesta, se ha condenado la carga policial de Valencia a los estudiantes del IES Lluís Vives, entre aplausos y gritos de "somos el pueblo, no el enemigo" y se han escuchado peticiones de dimisión para la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León. También se han escuchado gritos a favor de una huelga general.
Entre los manifestantes se han visto muchas familias con niños, muchos estudiantes y personas mayores también. Y las pancartas muestran que los manifestantes han llegado desde toda la provincia de Alicate: Benidorm, Santa Pola, Elda, Sant Vicent del Raspeig, San Miguel de Salinas, son algunos de los puntos que se identificaban en los carteles.
Los sindicatos han calificado la manifestación de Alicante como la más masiva desde No a la Guerra.
En Castellón, los empleados públicos no están dispuestos a pagar por la gestión del Gobierno valenciano. Mmiles de funcionarios salieron de nuevo a protestar en Castellón tras el lema 'No a los recortes en los servicios públicos, depuración de responsabilidad en el Consell'. No se corearon gritos pero todas las pancartas dejaban claro que no quieren pagar las consecuencias de lo que consideran un "malgasto" de los fondos. "Es necesaria una depuración de responsabilidades por el derroche porque nosotros no hemos creado el problema, aunque ahora lo estamos pagando, hay que ir a la raíz del malgasto", denunció David Vicent, presidente de la junta de personal sanitario de Castellón.Toni, vecino de Alcossebre, no es funcionario pero también se sumó a la marcha. "Estamos defendiendo lo que se nos debe, mi mujer es funcionaria y lo que pedimos es de justicia, si es que hay", defendía.
Los protagonistas de las protestas fueron los centros educativos. Docentes, padres y alumnos de colegios e institutos de distintos puntos de la provincia acudieron a la cita. Muchos de ellos denunciaron también el gasto del Consell en infraestructuras como el aeropuerto. Es el caso del IES Porcar cuyos profesores portaban una pancarta con el lema 'Nuestro futuro está en el aire'. "No podemos consentir que no se pague el comedor de nuestros niños", añadía una profesora del CEIP Blasco Ibáñez. También acudieron trabajadores del Hospital La Plana de Vila-real y el Hospital Provincial de Castellón, entre otros. "El decreto nos afecta de lleno, pero también a la asistencia, porque los recortes se manifiestan en hechos como que no se cambien las sábanas todos los días", decía Amalio.
La manifestación finalizó frente al Ayuntamiento de Castellón tras dos horas de protestas por las calles de la ciudad.
Siete estudiantes identificados por pintadas sobre las protestas
Uno de los jóvenes fue el primero en ser detenido en el instituto Lluís Vives.
Escribieron frases como 'Primera valenciana' en monumentos y 'Corruptes' en la sede del PP
Siete menores de edad fueron interceptados e identificados la pasada madrugada por la Policía Nacional tras hacer una pintada relativa a la primavera valenciana en un edificio oficial en Valencia. La policía investiga si son autores de al menos 32 pintadas detectadas ayer en distintos puntos de la ciudad, varias de ellas, según fuentes policiales realizadas en edificios que forman parte del patrimonio valenciano, como las Torres de Quart y de Serrans, L'Almodí o la catedral.
Uno de los jóvenes interceptados a la una de la madrugada por una patrulla ya había sido detenido el pasado 15 de febrero durante los incidentes ocurridos en la concentración de estudiantes del instituto Lluís Vives de Valencia. Se trata de Andreu, el primero de los estudiantes arrestados y cuya detención desencadenó las movilizaciones de los días siguientes que se saldaron con 48 detenidos. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, fue detenido "por atentado a la autoridad", tras "dar un manotazo a un policía en la cara" y "propiar patadas y un mordisco".
Tras ser identificados en comisaría, los siete menores fueron entregados a sus padres, mientras se instruye el atestado policial para dar parte al juzgado. "Primavera valenciana", "Valencia despierta" o "Yo también soy el enemigo" son algunas de las frases pintadas en estos edificios.
También la sede del PP en valencia amaneció con pintadas hechas en un lateral. Se podía leer: "hijos de puta" o "corruptos" o "PPerda".
En un comunicado, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha expresado su "más enérgica repulsa al ataque perpetrado esta noche contra la sede del PPCV en forma de pintadas ofensivas e insultantes". Clemente también ha condenado "las continuas concentraciones que, sin notificar, se han sucedido a lo largo de esta semana en la sede del PPCV y en la que se han lanzado objetos, proferido todo tipo de insultos e incluso increpado a viandantes que pasaban por la calle Quart".
También ha criticado el "acoso al que se han visto sometidos dirigentes del PPCV en sus domicilios particulares", en referencia a las concentraciones realizadas frente a los domicilios de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresident de la Generalitat, Francisco Camps.
Cinco minutos de silencio como protesta por la actuación policial en Valencia
Asociaciones de padres, estudiantes y directores de centros educativos públicos han convocado este lunes protestas de cinco minutos de silencio (12 a 12.05 horas) en todos los centros educativos públicos de España por la "desproporcionada" actuación policial llevada a cabo la semana pasada en Valencia durante las protestas estudiantiles.
Tanto la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), el Sindicato de Estudiantes (SE), la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) y las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Madrid y Valencia, convocantes de los paros, como la Federación de Asociaciones de Directores de Centros Educativos Públicos (FEDADI) han manifestado su "repulsa" la actuación policial y han pedido que no se trate a los estudiantes como "el enemigo" por reivindicar sus derechos.
La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) también se unirá a esta protesta en centros educativos y universidades públicas, como denuncia a las "vergonzosas cargas policiales" contra estudiantes y como "muestra de apoyo" a sus reivindicaciones por los recortes del Gobierno valenciano en materia de enseñanza.
Críticas y movilizaciones
Se trata de una nueva protesta después de la ola de críticas ante la forma en la que las fuerzas del orden disiparon una protesta de estudiantes en la capital valenciana. El origen de las concentraciones fue la denuncia de los recortes en Educación que afectan a la comunidad autónoma y que en casos como el instituto Luis Vives, centro de los hechos, ha provocado situaciones tan peculiares como que los alumnos tengan que ir con mantas o que no se pueda pagar la factura de la luz.
Ante esta situación, unas pocas decenas de estudiantes del Luis Vives trataban de cortar el tráfico en el centro de la ciudad. La protesta apenas duró media hora pero un menor fue detenido por "golpear, dar zapatazos y morder" a un agente de la Policía Nacional. Un día después, el sindicato de estudiantes convocaba una nueva protesta y entonces ya eran decenas de miles de jóvenes en lo que ha dado en llamarse la #primaveravalenciana.
Desde entonces, las movilizaciones se suceden durante varios días y hay más de 20 detenidos. Sin embargo, la actuación de la policía cobra todo el protagonismo tras las denuncias de su presunta brutalidad e incluso después de las palabras del jefe superior de Policía en la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, que justificado las cargas policiales contra lo que vino en llamar los "enemigos
Milers de persones es manifesten a Xàtiva contra les retallades als serveis públics
Segons l'organització, es la manifestació que ha congregat més persones a Xàtiva
Ahir dijous 23 de febrer, més de 3000 persones es manifestaren pels carrers de Xàtiva contra les retallades en els serveis públics i per la depuració de responsabilitats en el Consell.
L'eixida de la protesta va ser des de la plaça de bous, i va recórrer els carrers Acadèmic Maravall, República Argenitina fins l'encreuament de la Baixada de l'Estació, Albereda Jaume I, per acabar a les portes de l'Ajuntament de Xàtiva.
El manifestants protestaven per l'aprovació del passat 5 de gener d'un Decret-Llei, per part del Consell de la Generalitat, amb un gran paquet de retallades que suposen una agressió als Serveis Públics. Així mateix, es manifestaven en contra de la reforma laboral imposada recentment pel Govern Central.
"Volen ocultar dues veritats innegables: que les retallades en Sanitat maten, i que l'educació és la única garantia de progrés que té un país." Es deia amb la lectura del manifest llegit a les portes de l'ajuntament. "Aquesta situación és conseqüència de la nefasta gestió del Partit Popular, que ha dilapidat els recursos amb absoluta irresponsabilitat, siguent bona mostra d'això l'extravagant i inútil despesa, 12 milions d'euros, que suposa la Plaça de Bous de la qual hem iniciat aquesta marxa ciutadana."
Al manifest, es va exigir el manteniment i l'ampliació de les prestacions que són pròpies d'un estat desenvolupat, la retirada del Decret que imposa les retallades, la dimissió de la Subdelegada de Govern, com a responsable de l'actitut violenta protagonitzada per la policia davant les protestes estudiantils a València, i també la dimissió del Conseller Vela, responsable directe en l'elaboració i ejecució dels pressupostos en les últimes legislatures i qui signa el Decret-Llei de les retallades.
La protesta, va estar organitzada per la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, a la qual pertanyen la Junta de Personal Sanitari del Departament Xàtiva-Ontinyent, la Plataforma Antiretalls en Sanitat, l'Associació de la Funció Administrativa en la Sanitat Pública. També el professorat de l'IES Josep de Ribera, La Costera, IES Simarro de Xàtiva, CEIP Martinez Bellver, CEIP Gozalbes Vera, CEIP Attilio Bruschetti i CEIP Beato Jacinto Castanyeda; treballadors i treballadores de Correus, Agrupació Comarcal d'AMPAs de la Costera, AMPA IES Simarro, AMPA CEIP Beato Jacinto Castanyeda, AAVV Barri Nord-Oest, AAVV Raval Viu, XATEBA, Cos i natura, Gent Consolació, Centro ocupacional ASPROMIVISE, CAMOT, Endavant, Plataforma contra la crisi i les retallades, CCOO –PV, FSP-UGT, Intersindical, PSPV-PSOE, Esquerra Unida, Bloc Compromís Xàtiva i Bloc Jove,IES La Llosa de Ranes.
lunes, 27 de febrero de 2012
Repercusió en premsa FAPA-València en roda de premsa en CEAPA
Us envie el recull de premsa de la Confederació Estatal d'AMPAS on podeu comprovar la repercusió mediàtica als mitjans de comunicació nacionals de la participació de la presidenta de FAPA-València a la roda de premsa a Madrid en denuncia contra la desproporcionada actuació policial a les concentracions que s'han succeït estos dies.
Convocan paros de 5 minutos en centros de toda España
Estudiantes y padres de alumnos se movilizan contra las cargas y los recortes
Padres y alumnos convocan paros en centros educativos de toda España en protesta por la carga en Valencia
Concentraciones de 5 minutos en los IES de todo el estado el lunes 27 de febrero, a las 12.00, en repulsa por las cargas policiales en Valencia
Padres, alumnos y directores condenan la acción policial y piden dimisiones
Sindicatos de estudiantes convocan cinco minutos de silencio por "la represión policial" de Valencia
Padres y estudiantes exigen a Wert que pida "responsabilidades" por lo sucedido en Valencia
Estudiantes y padres preguntan al gobierno por qué gasta millón y medio en gases lacrimógenos "cuando no hay ni para calefacción"
La llama de la "primavera valenciana", lejos de apagarse
La presión popular pone freno a las cargas policiales
http://www.publico.es/espana/423337/la-presion-popular-pone-freno-a-las-cargas-policiales
Estudiantes: "Quieren la Grecia de la represión"
El "enemigo" de los manifestantes. Antonio Moreno, el jefe policial es conocido por ordenar cargas contra distintos colectivos sociales
Libertad para elegir 'cole', sí, pero con cuidado
COMUNIDAD VALENCIANA
FAPA Valencia: "Estamos ante una situación de barbarie. Nuestros hijos están siendo agredidos"
http://www.20minutos.es/noticia/1315273/0/fapa/dimision-delegada-gobierno/barbarie-policial/
Los padres de los estudiantes arrestados plantean una denuncia conjunta por excesos policiales
FAPA-Castelló Penyagolosa rechaza las cargas policiales en Valencia
Castelló se alza contra la represión policial
Castellón, solidaria con los alumnos
miércoles, 22 de febrero de 2012
Recull de premsa FAPA-València 22 febrer 2012 i recordatori manifestació
RECORDEU!!!!
FAPA-València mostra el seu suport a les mobilitzacions que s'estan convocant per part de les organitzacions sindicals, partits i entitats que han estat presents a l'assemblea celebrada aquest matí a la Societat Coral El Micalet. D'aquesta manera s'uneix a la crida de totes les seues AMPAS a participar de les iniciatives que es convoquen en protesta contra les agressions i l'actuació del Cos de la Policia Nacional durant les concentracions estudiantils que s'estan succeint en el centre de València.
Així FAPA recolza hui la manifestació convocada a les 18'00 hores a l'IES Luis Vives que finalitzarà a la Delegació de Govern de València.
També es solidaritza amb tots els pares i mares que han denunciat a l'assemblea el tracte denigrant per part de la policia contra els seus fills i filles, i ha reafirmat la postura de que la policia està incomplint drets fonamentals dels detinguts.
FAPA-València exigeix la dimissió de la delegada del govern, Paula Sánchez de León, per permetre i no condemnar la barbàrie policial en les concentracions estudiantils, i també el cessament immediat del cap superior de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana per les últimes declaracions realitzades en les implícitament tracta als alumnes manifestants d'enemics.
Salutacions
Encarna Martí
Premsa FAPA-València
Libros frente a una policía en retirada
Profesores y padres arropan a los alumnos del instituto Lluís Vives contra la violencia policial
Las manifestaciones de estudiantes más masivas se saldan sin ningún incidente
Las concentraciones se extienden a otras ciudades pero la más numerosa se reúne en Madrid
Miles de estudiantes se manifestaron el martes por la tarde por las calles de Valencia en protesta por la actuación policial. Muchos de ellos esgrimían libros, otros apuntes, algunos simplemente folios en blanco. Eran sus armas. Las del "enemigo" si hay que hacer caso al jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana. Antonio Moreno debía saber de lo que hablaba, no en vano trabajó desde finales de 1975 hasta 1977 en el grupo de estudiantes de la Brigada Político-Social a las órdenes del inspector jefe Benjamín Solsona. Su afirmación no debió ser un lapsus.
La protesta había comenzado dos horas desde el instituto Lluís Vives al que habían acudido centenares de estudiantes desde la Facultad de Geografía e Historia, en el campus de Blasco Ibáñez. A diferencia de jornadas anteriores la presencia policial era prácticamente inexistente, apenas policía local para controlar el tráfico. Solo unos furgones aparcados ante la fachada del Ayuntamiento recordaban el despliegue de días anteriores. Sin policía no hubo incidentes. Pero el resultado de las jornadas pasadas ha dejado un saldo de 43 estudiantes detenidos, 12 de ellos con cargos.
Antes de desplazarse hasta la Delegación del Gobierno, alumnos, profesores y padres se concentraron en el Lluís Vives donde se leyó un comunicado en el que denunciaron que todos ellos habían sido tratados por la policía como unos "terroristas" y se ratificaron en su protesta unitaria contra los recortes en la educación pública. Los concentrados denunciaron "la violencia ilógica y desproporcionada" de las fuerzas del orden y reclamaron la dimisión de Antonio Morena al que consideraron responsable de "criminalizar" a los estudiantes por el simple hecho de "defender sus derechos".
La multitudinaria concentración se desplazó hasta la sede de la Delegación del Gobierno donde Albert Ordóñez, presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes, se reunió con Paula Sánchez de León. Hora y media después Ordóñez se lamentaba de que no se fuera a producir ningún tipo de "depuración política" por los incidentes de los últimos días, asegurando que las Fuerzas de Seguridad del Estado son "intocables para el poder político. En este país, aseguró, no existe justicia y la delegada nos ha dicho que para evitar las cargas y los incidentes lo que tenemos que hacer es comunicar las protestas y manifestaciones".
Sánchez de León, había explicado por la mañana al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, que había ordenado la apertura de un expediente informativo para determinar si hubo "exceso policial o extralimitación", afirmando que si se demostrara "se depurarán responsabilidades". "El hecho de que un grupo de radicales o determinadas personas se hayan aprovechado de una situación no justifica comportamientos individuales". Sánchez de León dejó claro que no pensaba dimitir y que no tenía la intención de eliminar los cargos a los estudiantes imputados.
Los manifestantes se trasladaron más tarde hasta la sede del PP en la calle Quart donde volvieron a reclamar la dimisión de Sánchez de León y corearon lemas como "Menos policía y más educación", "El pueblo unido, jamás será vencido", "De tanta gaviota, hasta las pelotas". La sede del PP se encontraba vallada por la policía como medida de precaución.
Manifestaciones de solidaridad con los estudiantes de Valencia se celebraron en Alicante. Más de 2.000 personas partieron desde el instituto Jorge Juan y recorrieron diversas calles de la ciudad sin que se produjera ninguna intervención policial, pese a que carecían de permiso. Universitarios de Elche, estudiantes de Benidorm también mostraron su solidaridad. En Madrid fueron más de 3.000 los que se concentraron en la Puerta del Sol. Y rector y el equipo de Gobierno de la Universidad Jaume I de Castellón calificaron de "desmedida" la actuación policial.
Siddharta, El Lazarillo de Tormes o Caminante y su sombra, de Nietzsche. Cualquier libro, cualquier lectura, cualquier palabra frente a los "golpes", afirmaban Elisa Vidal, Lucky Martínez, y Vicente Espí, los dos últimos músicos del barrio de Russafa, que cruzaron la ciudad con títulos escogidos para la ocasión. "No se puede aguantar que apaleen a niños".
"Apoyamos a los alumnos y pedimos la dimisión de la delegada del Gobierno", remató Espí. La petición de dimisión fue un clamor repetido durante la marcha, que anoche derivó hacia la Gran Vía, colapsada frente a la Jefatura de Policía, para el pedir la destitución del jefe superior, Antonio Moreno.
Al inicio de la concentración, la asamblea de profesores, padres y alumnos del IES Lluís Vives leyó un comunicado en el que denunciaban que se les ha tratado a todos por igual como "terroristas". Ratificaban la "unidad" de los tres estamentos educativos "contra los recortes". Insistían en que, desde que el miércoles la policía esposara y detuviera a un alumno menor del centro, "la violencia ha sido ilógica y desproporcionada", tanto contra los adolescentes como contra los trabajadores y enseñantes del centro. Por eso pedían la dimisión de la delegada del Gobierno y del jefe de la policía, a quien consideran responsable directo de "criminalizar" a los manifestantes por "defender sus derechos". Moreno acuñó el lunes el término "enemigo" para referirse a los estudiantes, por sus tácticas supuestamente beligerantes. En un folio escrito con rotulador, Clara García, estudiante de Bachillerato en un instituto valenciano le recordó a Moreno que protestan solo "por una educación pública y de calidad".
No quieren un sistema educativo que cerró el ejercicio de 2011 en números rojos, que amaneció el 5 de enero de 2012 con un decreto de recortes salariales para todos los funcionarios de la Generalitat y ha padecido cortes de luz y de calefacción por no poder pagar las facturas. "Estamos aquí para proteger a los estudiantes, si hace falta", decía Pau Martínez, joven cineasta que acudió puntual desde las tres la tarde: "Me parece escandaloso lo que pasó el lunes".
Las críticas al Consell incluyeron al presidente Alberto Fabra. Pablo La Parra, estudiante del instituto público María Enríquez de Gandia, que acababa de recibir de manos del presidente el "reconocimiento académico de la Generalitat al mejor expediente", le lanzó un duro dardo. Acompañado de sus padres, ambos catedráticos, que compartieron su indignación, preguntó: "¿Cómo puede el presidente justificar que golpeen a estudiantes y después defender su política educativa en la entrega de los reconocimientos?". El joven consideró que "Fabra había instrumentalizado el acto para presumir de su política educativa, que ha creado una crisis sin precedentes en la Comunidad Valenciana". "Alex, con 12 años, ya sabe qué es la injusticia. Nunca antes habían cargado contra los niños", aseguraba con impotencia Josevi Plaza, padre de este alumno del Lluís Vives.
Los jueces censuran la "orientación represiva" del jefe de la policía en Valencia
La protesta había comenzado dos horas desde el instituto Lluís Vives al que habían acudido centenares de estudiantes desde la Facultad de Geografía e Historia, en el campus de Blasco Ibáñez. A diferencia de jornadas anteriores la presencia policial era prácticamente inexistente, apenas policía local para controlar el tráfico. Solo unos furgones aparcados ante la fachada del Ayuntamiento recordaban el despliegue de días anteriores. Sin policía no hubo incidentes. Pero el resultado de las jornadas pasadas ha dejado un saldo de 43 estudiantes detenidos, 12 de ellos con cargos.
Antes de desplazarse hasta la Delegación del Gobierno, alumnos, profesores y padres se concentraron en el Lluís Vives donde se leyó un comunicado en el que denunciaron que todos ellos habían sido tratados por la policía como unos "terroristas" y se ratificaron en su protesta unitaria contra los recortes en la educación pública. Los concentrados denunciaron "la violencia ilógica y desproporcionada" de las fuerzas del orden y reclamaron la dimisión de Antonio Morena al que consideraron responsable de "criminalizar" a los estudiantes por el simple hecho de "defender sus derechos".
La multitudinaria concentración se desplazó hasta la sede de la Delegación del Gobierno donde Albert Ordóñez, presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes, se reunió con Paula Sánchez de León. Hora y media después Ordóñez se lamentaba de que no se fuera a producir ningún tipo de "depuración política" por los incidentes de los últimos días, asegurando que las Fuerzas de Seguridad del Estado son "intocables para el poder político. En este país, aseguró, no existe justicia y la delegada nos ha dicho que para evitar las cargas y los incidentes lo que tenemos que hacer es comunicar las protestas y manifestaciones".
Sánchez de León, había explicado por la mañana al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, que había ordenado la apertura de un expediente informativo para determinar si hubo "exceso policial o extralimitación", afirmando que si se demostrara "se depurarán responsabilidades". "El hecho de que un grupo de radicales o determinadas personas se hayan aprovechado de una situación no justifica comportamientos individuales". Sánchez de León dejó claro que no pensaba dimitir y que no tenía la intención de eliminar los cargos a los estudiantes imputados.
Los manifestantes se trasladaron más tarde hasta la sede del PP en la calle Quart donde volvieron a reclamar la dimisión de Sánchez de León y corearon lemas como "Menos policía y más educación", "El pueblo unido, jamás será vencido", "De tanta gaviota, hasta las pelotas". La sede del PP se encontraba vallada por la policía como medida de precaución.
Manifestaciones de solidaridad con los estudiantes de Valencia se celebraron en Alicante. Más de 2.000 personas partieron desde el instituto Jorge Juan y recorrieron diversas calles de la ciudad sin que se produjera ninguna intervención policial, pese a que carecían de permiso. Universitarios de Elche, estudiantes de Benidorm también mostraron su solidaridad. En Madrid fueron más de 3.000 los que se concentraron en la Puerta del Sol. Y rector y el equipo de Gobierno de la Universidad Jaume I de Castellón calificaron de "desmedida" la actuación policial.
Las armas del enemigo
Eso era todo: un libro, un folio, unos apuntes y las manos abiertas y alzadas eran el arsenal de armas que exhibieron los miles de ciudadanos, muchos sin hijos ya en edad de estudiar, que acudieron a la manifestación de Valencia para solidarizarse y "proteger" a los estudiantes de las desproporcionadas cargas policiales del lunes. Entre los miles de concentrados, no hubo "terroristas", ni "pasamontañas". Ni detenidos. Porque tampoco hubo policía. Una "indignación" generalizada por la "criminalización" de los estudiantes valencianos por parte de la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana se expandió con fuerza desde todas las esquinas del céntrico instituto público Lluís Vives, epicentro de las protestas. Una concentración que acabó en una marcha por todo el centro de Valencia en la que se pidió la libertad sin cargos de todos los detenidos desde le miércoles pasado: 43 estudiantes, ya liberados, aunque 12 de ellos con cargos.Siddharta, El Lazarillo de Tormes o Caminante y su sombra, de Nietzsche. Cualquier libro, cualquier lectura, cualquier palabra frente a los "golpes", afirmaban Elisa Vidal, Lucky Martínez, y Vicente Espí, los dos últimos músicos del barrio de Russafa, que cruzaron la ciudad con títulos escogidos para la ocasión. "No se puede aguantar que apaleen a niños".
"Apoyamos a los alumnos y pedimos la dimisión de la delegada del Gobierno", remató Espí. La petición de dimisión fue un clamor repetido durante la marcha, que anoche derivó hacia la Gran Vía, colapsada frente a la Jefatura de Policía, para el pedir la destitución del jefe superior, Antonio Moreno.
Al inicio de la concentración, la asamblea de profesores, padres y alumnos del IES Lluís Vives leyó un comunicado en el que denunciaban que se les ha tratado a todos por igual como "terroristas". Ratificaban la "unidad" de los tres estamentos educativos "contra los recortes". Insistían en que, desde que el miércoles la policía esposara y detuviera a un alumno menor del centro, "la violencia ha sido ilógica y desproporcionada", tanto contra los adolescentes como contra los trabajadores y enseñantes del centro. Por eso pedían la dimisión de la delegada del Gobierno y del jefe de la policía, a quien consideran responsable directo de "criminalizar" a los manifestantes por "defender sus derechos". Moreno acuñó el lunes el término "enemigo" para referirse a los estudiantes, por sus tácticas supuestamente beligerantes. En un folio escrito con rotulador, Clara García, estudiante de Bachillerato en un instituto valenciano le recordó a Moreno que protestan solo "por una educación pública y de calidad".
No quieren un sistema educativo que cerró el ejercicio de 2011 en números rojos, que amaneció el 5 de enero de 2012 con un decreto de recortes salariales para todos los funcionarios de la Generalitat y ha padecido cortes de luz y de calefacción por no poder pagar las facturas. "Estamos aquí para proteger a los estudiantes, si hace falta", decía Pau Martínez, joven cineasta que acudió puntual desde las tres la tarde: "Me parece escandaloso lo que pasó el lunes".
Las críticas al Consell incluyeron al presidente Alberto Fabra. Pablo La Parra, estudiante del instituto público María Enríquez de Gandia, que acababa de recibir de manos del presidente el "reconocimiento académico de la Generalitat al mejor expediente", le lanzó un duro dardo. Acompañado de sus padres, ambos catedráticos, que compartieron su indignación, preguntó: "¿Cómo puede el presidente justificar que golpeen a estudiantes y después defender su política educativa en la entrega de los reconocimientos?". El joven consideró que "Fabra había instrumentalizado el acto para presumir de su política educativa, que ha creado una crisis sin precedentes en la Comunidad Valenciana". "Alex, con 12 años, ya sabe qué es la injusticia. Nunca antes habían cargado contra los niños", aseguraba con impotencia Josevi Plaza, padre de este alumno del Lluís Vives.
Los jueces censuran la "orientación represiva" del jefe de la policía en Valencia
La asociación afirma que las declaraciones de Moreno criminalizan a grupos de ciudadanos
Expresa su preocupación por el "salto cualitativo" de las últimas cargas policiales
La asociación Jueces para la Democracia ha censurado las alusiones de "fuerte orientación represiva" realizadas ayer por el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, en la que se refirió a los participantes en las protestas estudiantiles de Valencia como el "enemigo". En un comunicado, los jueces afirman que las declaraciones de Moreno "criminalizan a grupos de ciudadanos por su mera adscripción a un colectivo concreto".
La asociación expresa su "preocupación" ante las declaraciones públicas de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad y el "salto cualitativo" que en materia de orden público se está produciendo en Valencia tras las últimas cargas policiales, que ayer se saldaron con otros 26 detenidos y una quincena de heridos.
"En una sociedad democrática no se castiga a grupos humanos" sino solo en "actuaciones delictivas singularizadas". La referencia genérica de "enemigo" para calificar a los estudiantes que expresan sus protestas resulta "más propia de un Estado policial que de un Estado democrático de derecho".
En opinión de esta asociación, la "errática gestión" de la Delegación del Gobierno ha convertido una "mera protesta estudiantil por falta de medios materiales y de calefacción en un instituto en una quiebra violenta de la convivencia pacífica".
"Donde no existía un problema ciudadano, sino unas reivindicaciones legítimas, se ha llegado a una situación caótica, provocada por quienes tendrían que haber garantizado el orden público con una mayor prudencia y sentido de la responsabilidad", concluye el comunicado de Jueces para la Democracia.
"En una sociedad democrática no se castiga a grupos humanos" sino solo en "actuaciones delictivas singularizadas". La referencia genérica de "enemigo" para calificar a los estudiantes que expresan sus protestas resulta "más propia de un Estado policial que de un Estado democrático de derecho".
En opinión de esta asociación, la "errática gestión" de la Delegación del Gobierno ha convertido una "mera protesta estudiantil por falta de medios materiales y de calefacción en un instituto en una quiebra violenta de la convivencia pacífica".
"Donde no existía un problema ciudadano, sino unas reivindicaciones legítimas, se ha llegado a una situación caótica, provocada por quienes tendrían que haber garantizado el orden público con una mayor prudencia y sentido de la responsabilidad", concluye el comunicado de Jueces para la Democracia.
Abajo las porras, arriba los libros
- Miles de personas piden la dimisión de la delegada del Gobierno...
- ...Y la delegada asegura a los estudiantes que no piensa dimitir
- Menos presencia policial y protestas pacíficas que no dejan incidentes
- El juez deja en libertad con cargos a 12 de los arrestados el lunes
- La protesta del martes ha finalizado frente a la Delegación del Gobierno
- Este miércoles hay convocada una 'gran manifestación' a las 18.00 horas
En la quinta jornada de protestas estudiantiles en Valencia la normalidad ha vuelto a las calles dentro del ambiente reivindicativo propiciado por las concentraciones contra los recortes en educación, que han acabado convirtiéndose en el rechazo de estudiantes, profesores, padres, sindicalistas y políticos de izquierda a la actuación policial que se ha saldado con decenas de cargas y 42 detenidos en cuatro días.
Tras la tensión vivida en la jornada del lunes, con 25 detenciones, una plataforma integrada por todos los partidos políticos de la oposición, organizaciones sindicales, estudiantiles y ciudadanas ha anunciado una "gran manifestación" entre el instituto Lluis Vives y la Delegación del Gobierno este miércoles para pedir la dimisión de la delegada en la Comunidad, Paula Sánchez de León.
Este martes han confluido frente a la Estación del Norte la concentración ciudadana frente al Lluis Vives, foco de la protesta estudiantil, y una marcha universitaria desde la Facultad de Historia, lo que ha unido a miles de personas que han iniciado una marcha rumbo a la delegación de Gobierno para exigir el cese de Sánchez de León.
Los libros, en esta ocasión, han triunfado sobre las porras. Con una menor presencia policial que en anteriores jornadas, agentes locales y nacionales han acompañado a los manifestantes en su recorrido, en el que sólo se ha divisado la presencia de antidisturbios a las puertas de la Delegación del Gobierno, custodiando el acceso.
La asamblea denuncia que estas actuaciones "fuera de cualquier lógica democrática contra adolescentes y menores, tratados como a delincuentes", se han repetido el jueves, el viernes y el lunes, y considera que estas actuaciones se enmarcan en "los intentos reiterados de nuestras autoridades de desprestigiar la enseñanza pública y criminalizar a los profesores, personal no docente, estudiantes y familias comprometidos en la dignificación de esta educación pública".
Desde el Lluis Vives desmienten las declaraciones del jefe superior de Policía, Antonio Moreno, quien habló de "cinco policías heridos por agresiones de estudiantes" mientras dijo que "las lesiones de estudiantes son debidas a caídas o tropiezos".
Estos son los motivos principales que llevan a la asamblea del instituto a pedir la dimisión de la delegada del Gobierno, del jefe superior de Policía y del ministro de Interior, así como a exigir responsabilidades a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Avanzan desde el foco de la protesta que el objetivo inmediato de la comunidad educativa es "recomponer la estabilidad psíquica y emocional del alumnado y de sus familias", exigiendo "responsabilidades penales y políticas para los que han promovido este despropósito".
Aunque algunos de los progenitores y jóvenes afectados ya han denunciado los hechos de forma individual, un grupo de personas está barajando llevar el caso ante la justicia de manera conjunta. De hecho, han acordado buscar un abogado para "hacer las cosas bien", ha comentado la portavoz de la asamblea del Lluis Vives.
Sánchez de León con los portavoces de los estudiantes | Atlas
Dentro de la nueva estrategia política de dialogar en los despachos y reducir la presencia policial en las calles, la delegada del Gobierno en la Comunidad, Paula Sánchez de León, ha recibido a última hora de este martes al portavoz de la Federación Valenciana de Estudiantes, Albert Ordóñez, con quien ha conversado con tono sosegado con el fin de recuperar la calma y que la situación se normalice tras los violentos altercados de las últimas horas.
La delegada del Gobierno ha transmitido al portavoz de los estudiantes que no es momento de hablar de dimisiones, y le ha indicado que no eliminarán los cargos imputados a las personas detenidas en las protestas estudiantiles.
La reunión se ha prolongado durante una hora y media y sólo se ha permitido el acceso a los medios gráficos. A su bajada del encuentro y tras atender a los periodistas, Ordóñez se ha unido a las cientos de personas, en su mayoría jóvenes, que le esperaban en plena calle de Colón y cuyo número ha crecido rápidamente hasta colapsar todo el entorno de la plaza de los Pinazo, lo que ha llevado a cortar nuevamente al tráfico la calle desde la plaza de la Porta de la Mar.
Desde ese momento se han sucedido los gritos contra Sánchez de León y las exigencias de su cese como delegada del Gobierno, así como los insultos contra la decena de policías antidisturbios que custodian la entrada de la sede ministerial, a quienes tachan de "mercenarios".
Tras la tensión vivida en la jornada del lunes, con 25 detenciones, una plataforma integrada por todos los partidos políticos de la oposición, organizaciones sindicales, estudiantiles y ciudadanas ha anunciado una "gran manifestación" entre el instituto Lluis Vives y la Delegación del Gobierno este miércoles para pedir la dimisión de la delegada en la Comunidad, Paula Sánchez de León.
Este martes han confluido frente a la Estación del Norte la concentración ciudadana frente al Lluis Vives, foco de la protesta estudiantil, y una marcha universitaria desde la Facultad de Historia, lo que ha unido a miles de personas que han iniciado una marcha rumbo a la delegación de Gobierno para exigir el cese de Sánchez de León.
Los libros, en esta ocasión, han triunfado sobre las porras. Con una menor presencia policial que en anteriores jornadas, agentes locales y nacionales han acompañado a los manifestantes en su recorrido, en el que sólo se ha divisado la presencia de antidisturbios a las puertas de la Delegación del Gobierno, custodiando el acceso.
Libertad provisional para los detenidos
Otra de las peticiones de la plataforma ciudadana para abandonar las concentraciones era la puesta en libertad de los detenidos en la jornada del lunes, que se ha producido este martes con la obligación de los 12 arrestados de comparecer periódicamente ante el juez, al quedar la causa está abierta por resistencia, desórdenes, lesiones y atentado a la autoridad.Comunicado del Lluis Vives
Una "violentísima y desproporcionada actuación policial contra un grupo de estudiantes concentrados pacíficamente para protestar contra los recortes en Educación" que terminó con "diversos alumnos heridos y contusionados y hasta un detenido, lesionado, esposado y conducido a la comisaría de Zapadores". Este es el germen de la revuelta ciudadana que se ha vivido estos días en las calles de Valencia según explica en un comunicado la Asamblea del Profesorado, Padres y Alumnos del instituto Lluis Vives.La asamblea denuncia que estas actuaciones "fuera de cualquier lógica democrática contra adolescentes y menores, tratados como a delincuentes", se han repetido el jueves, el viernes y el lunes, y considera que estas actuaciones se enmarcan en "los intentos reiterados de nuestras autoridades de desprestigiar la enseñanza pública y criminalizar a los profesores, personal no docente, estudiantes y familias comprometidos en la dignificación de esta educación pública".
Desde el Lluis Vives desmienten las declaraciones del jefe superior de Policía, Antonio Moreno, quien habló de "cinco policías heridos por agresiones de estudiantes" mientras dijo que "las lesiones de estudiantes son debidas a caídas o tropiezos".
Estos son los motivos principales que llevan a la asamblea del instituto a pedir la dimisión de la delegada del Gobierno, del jefe superior de Policía y del ministro de Interior, así como a exigir responsabilidades a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Avanzan desde el foco de la protesta que el objetivo inmediato de la comunidad educativa es "recomponer la estabilidad psíquica y emocional del alumnado y de sus familias", exigiendo "responsabilidades penales y políticas para los que han promovido este despropósito".
Demanda de los padres contra la Policía
Padres de algunos de los detenidos en las protestas estudiantiles que estos días se suceden en Valencia -varios de ellos menores- están estudiando interponer de manera conjunta una demanda por la actuación policial que consideran "desproporcionada".Aunque algunos de los progenitores y jóvenes afectados ya han denunciado los hechos de forma individual, un grupo de personas está barajando llevar el caso ante la justicia de manera conjunta. De hecho, han acordado buscar un abogado para "hacer las cosas bien", ha comentado la portavoz de la asamblea del Lluis Vives.
De León recibe a los estudiantes
La delegada del Gobierno ha transmitido al portavoz de los estudiantes que no es momento de hablar de dimisiones, y le ha indicado que no eliminarán los cargos imputados a las personas detenidas en las protestas estudiantiles.
La reunión se ha prolongado durante una hora y media y sólo se ha permitido el acceso a los medios gráficos. A su bajada del encuentro y tras atender a los periodistas, Ordóñez se ha unido a las cientos de personas, en su mayoría jóvenes, que le esperaban en plena calle de Colón y cuyo número ha crecido rápidamente hasta colapsar todo el entorno de la plaza de los Pinazo, lo que ha llevado a cortar nuevamente al tráfico la calle desde la plaza de la Porta de la Mar.
Desde ese momento se han sucedido los gritos contra Sánchez de León y las exigencias de su cese como delegada del Gobierno, así como los insultos contra la decena de policías antidisturbios que custodian la entrada de la sede ministerial, a quienes tachan de "mercenarios".
La presión de los ciudadanos y del Gobierno obliga a retirar a los antidisturbios y calma la revuelta
La policía deja que miles de estudiantes recorran el centro de Valencia sin practicar detenciones ni usar la fuerza como en los cuatro días anteriores - Las apelaciones de Rajoy y del ministro del Interior a la mesura y contra los excesos cambian la estrategia - La delegada se reúne con el líder estudiantil
La presión de la calle, con miles de jóvenes recorriendo el centro de Valencia al socaire de una opinión pública hipersensibilizada, y las nuevas directrices del Gobierno central, con el presidente Rajoy que instó desde Londres a actuar "con mesura y sentido común" y con el ministro del Interior que admitió "algún exceso policial", obligó ayer a un cambio de estrategia de las autoridades ante la revuelta estudiantil de Valencia.
Ayer, los agentes antidisturbios no disolvieron las multitudinarias manifestaciones que ocuparon de forma ilegal la calle y cortaron el tráfico como en días anteriores; la policía nacional desapareció de la vista de los manifestantes (los agentes sólo vigilaban edificios institucionales); no se produjo ninguna detención; y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, dejó atrás su enrocada postura de mano dura revestida de cumplimiento de la legalidad para anunciar una investigación interna que determine si hubo "exceso policial" y reunirse después -por primera vez- con dos representantes de los estudiantes.
El cambio de táctica dio sus resultados: ayer no hubo detenidos, ni heridos, ni altercados públicos ni imágenes de violencia policial a golpe de porra. Nada de eso. En Valencia sólo se vio a una masa de jóvenes empuñando libros y arropados por la gente de la calle, que les sonreía, y conductores que daban bocinazos cómplices. Esa masa clamó en la calle por sus libertades, criticó la actuación policial y exigió la dimisión de la delegada del Gobierno, que seis días después de que se iniciara la llamada "primavera valenciana" ha decidido aplicar la estrategia solicitada tantas veces por la mayoría de agentes políticos y sociales.
Hasta ahora, Paula Sánchez de León había defendido en todo momento que la actuación de la policía no se decide en su despacho sino en la calle y respaldaba la actuación policial porque había que primar el cumplimiento de la legalidad. En cambio, ayer se vio obligada a cambiar de actitud después de que sus superiores le enmendaran la plana. El punto de inflexión, sin duda, fue la mezcla de las imágenes de los porrazos a los estudiantes y la declaración del jefe superior de la policía en la Comunitat Valenciana, que llamó "el enemigo" a los manifestantes.
Críticas de los suyos
Ambos hechos dispararon la indignación social en toda España. Y esa indignación, junto con la posibilidad del contagio de la revuelta a otras ciudades españolas, motivaron ayer los primeros toques de atención públicos por parte de los suyos. Porque ayer las críticas ya no le venían de Compromís, Esquerra Unida, los sindicatos o los estudiantes, como el día anterior. No. Ayer fue el mismo presidente Mariano Rajoy quien aseguró: "No podemos dar una imagen fuera que no es la de nuestro país". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue más lejos al reconocer que se había producido "algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía" y anunció que querían "controlar" el exceso "de quienes puedan, desde las filas de la policía, tener una actuación que a lo mejor ha sido excesiva". Eso sí: después, tras las críticas de los sindicatos policiales por "escurrir el bulto", el ministro se desdijo y puntualizó que sólo se refería a "excesos" de los "radicales y violentos".
Incluso el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, afirmó que "la violencia no es algo que pueda solucionar las cosas" y reconoció que en las imágenes de las cargas policiales él ha visto "posibles excesos" de la policía. Alfonso Rus añadió que "la represión no es positiva para nada" y que "la gente tiene que hablar libremente". Y como coda a las rectificaciones, tanto el ministro como la delegada del Gobierno consideraron que el jefe de la policía en Valencia "no ha estado afortunado" en el uso de su terminología bélica. Es más: el responsable autonómico de la Policía Nacional, Antonio Moreno, se desdijo de esta polémica frase y le reconoció ayer a Sánchez de León que hablar de los estudiantes como "el enemigo" fue "una equivocación. Los ciudadanos son ciudadanos y no son amigos ni enemigos", dijo De León.
La revuelta muta de sentido
Así pues: igual que la esencia de la revuelta ha mutado (los jóvenes ya no protestan por los recortes en Educación como al principio, sino en favor de las libertades y contra la actuación policial), también el criterio de la policía y de la Delegación de Gobierno ha cambiado. En su rueda de prensa, Paula Sánchez de León anunció que había ordenado la apertura de un "expediente informativo" para determinar si ha habido "excesos policiales" o "extralimitación" contra los manifestantes (el lunes por la noche no veía necesidad de ello) y, si fuera así, "se depurarán responsabilidades", dijo.
La delegada también señaló que iba a dar "todas las instrucciones necesarias" para que no se reprodujeran los posibles excesos policiales. Esa orden se dio y los manifestantes demostraron que podían cortar el tráfico sin causar altercados. A última hora, Sánchez de León se reunió con el representante de los estudiantes, Albert Ordóñez (detenido el viernes). Éste le pidió la dimisión por lo ocurrido, y ella le dijo que debían cesar las protestas no comunicadas.
Ayer, los agentes antidisturbios no disolvieron las multitudinarias manifestaciones que ocuparon de forma ilegal la calle y cortaron el tráfico como en días anteriores; la policía nacional desapareció de la vista de los manifestantes (los agentes sólo vigilaban edificios institucionales); no se produjo ninguna detención; y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, dejó atrás su enrocada postura de mano dura revestida de cumplimiento de la legalidad para anunciar una investigación interna que determine si hubo "exceso policial" y reunirse después -por primera vez- con dos representantes de los estudiantes.
El cambio de táctica dio sus resultados: ayer no hubo detenidos, ni heridos, ni altercados públicos ni imágenes de violencia policial a golpe de porra. Nada de eso. En Valencia sólo se vio a una masa de jóvenes empuñando libros y arropados por la gente de la calle, que les sonreía, y conductores que daban bocinazos cómplices. Esa masa clamó en la calle por sus libertades, criticó la actuación policial y exigió la dimisión de la delegada del Gobierno, que seis días después de que se iniciara la llamada "primavera valenciana" ha decidido aplicar la estrategia solicitada tantas veces por la mayoría de agentes políticos y sociales.
Hasta ahora, Paula Sánchez de León había defendido en todo momento que la actuación de la policía no se decide en su despacho sino en la calle y respaldaba la actuación policial porque había que primar el cumplimiento de la legalidad. En cambio, ayer se vio obligada a cambiar de actitud después de que sus superiores le enmendaran la plana. El punto de inflexión, sin duda, fue la mezcla de las imágenes de los porrazos a los estudiantes y la declaración del jefe superior de la policía en la Comunitat Valenciana, que llamó "el enemigo" a los manifestantes.
Críticas de los suyos
Ambos hechos dispararon la indignación social en toda España. Y esa indignación, junto con la posibilidad del contagio de la revuelta a otras ciudades españolas, motivaron ayer los primeros toques de atención públicos por parte de los suyos. Porque ayer las críticas ya no le venían de Compromís, Esquerra Unida, los sindicatos o los estudiantes, como el día anterior. No. Ayer fue el mismo presidente Mariano Rajoy quien aseguró: "No podemos dar una imagen fuera que no es la de nuestro país". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue más lejos al reconocer que se había producido "algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía" y anunció que querían "controlar" el exceso "de quienes puedan, desde las filas de la policía, tener una actuación que a lo mejor ha sido excesiva". Eso sí: después, tras las críticas de los sindicatos policiales por "escurrir el bulto", el ministro se desdijo y puntualizó que sólo se refería a "excesos" de los "radicales y violentos".
Incluso el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, afirmó que "la violencia no es algo que pueda solucionar las cosas" y reconoció que en las imágenes de las cargas policiales él ha visto "posibles excesos" de la policía. Alfonso Rus añadió que "la represión no es positiva para nada" y que "la gente tiene que hablar libremente". Y como coda a las rectificaciones, tanto el ministro como la delegada del Gobierno consideraron que el jefe de la policía en Valencia "no ha estado afortunado" en el uso de su terminología bélica. Es más: el responsable autonómico de la Policía Nacional, Antonio Moreno, se desdijo de esta polémica frase y le reconoció ayer a Sánchez de León que hablar de los estudiantes como "el enemigo" fue "una equivocación. Los ciudadanos son ciudadanos y no son amigos ni enemigos", dijo De León.
La revuelta muta de sentido
Así pues: igual que la esencia de la revuelta ha mutado (los jóvenes ya no protestan por los recortes en Educación como al principio, sino en favor de las libertades y contra la actuación policial), también el criterio de la policía y de la Delegación de Gobierno ha cambiado. En su rueda de prensa, Paula Sánchez de León anunció que había ordenado la apertura de un "expediente informativo" para determinar si ha habido "excesos policiales" o "extralimitación" contra los manifestantes (el lunes por la noche no veía necesidad de ello) y, si fuera así, "se depurarán responsabilidades", dijo.
La delegada también señaló que iba a dar "todas las instrucciones necesarias" para que no se reprodujeran los posibles excesos policiales. Esa orden se dio y los manifestantes demostraron que podían cortar el tráfico sin causar altercados. A última hora, Sánchez de León se reunió con el representante de los estudiantes, Albert Ordóñez (detenido el viernes). Éste le pidió la dimisión por lo ocurrido, y ella le dijo que debían cesar las protestas no comunicadas.
Estudiantes, sindicatos y partidos convocan una manifestación esta tarde
Partirá a las 18 horas del IES Lluís Vives y culminará frente a la sede de la Delegación del Gobierno, donde se pedirá la dimisión de Paula Sánchez de León
Sindicatos, asociaciones estudiantiles y partidos políticos han convocado una "gran manifestación" hoy a las seis de la tarde en Valencia para pedir la dimisión de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y reafirmar su protesta contra los recortes en Educación.
La manifestación, que será comunicada oficialmente a la Administración del Estado a primera hora de la mañana, partirá del instituto de Enseñanza Secundaria Lluís Vives, erigido como símbolo de la protesta estudiantil, y culminará frente a la sede de la Delegación del Gobierno.
Esta medida ha sido pactada en una reunión urgente celebrada en el teatro El Micalet entre una veintena de colectivos cívicos, asociaciones estudiantiles, sindicatos y partidos políticos, entre ellos el PSPV-PSOE, Esquerra Unida y la coalición Compromís.
El principal objetivo de la manifestación es apoyar a los estudiantes, "los únicos que están dando la cara de verdad", según ha subrayado la madre de una menor que fue detenida durante las concentraciones de la pasada semana.
También reafirmará el rechazo de la comunidad educativa hacia los recortes presupuestarios en este sector y además se exigirá la dimisión de la delegada del Gobierno, a quien consideran máxima responsable de la "brutalidad" con la que a su juicio ha actuado la Policía durante estos días.
Además de esta protesta, los asistentes a la reunión han acordado dar cobertura a otras concentraciones en defensa de la enseñanza pública, como una "bicifestación" que se celebrará mañana a mediodía y una manifestación que tendrá lugar el próximo día 25 a favor de los servicios públicos.
La asamblea ha incidido especialmente en apoyar la huelga de enseñanza secundaria y universitaria convocada por sindicatos estudiantiles para el próximo día 29.
También han acordado canalizar la defensa de los detenidos, los que ha habido hasta el momento y los que pueda haber, a través de los servicios jurídicos de sus principales entidades y articular un cauce común para interponer reclamaciones por daños.
Los integrantes de la asamblea solicitarán además a la Generalitat la convocatoria de la Junta autonómica de Seguridad Ciudadana para analizar la actuación de la Policía durante las protestas estudiantiles.
Estamos preocupados, los niños no han vuelto de la manifestación
Que la palabra manifestación sustituya a botellón en el vocabulario de los padres valencianos no es una buena noticia. Que un responsable policial califique a los estudiantes valencianos de "enemigo" y que parezcan existir directrices para reprimir duramente las manifestaciones de descontento social de raíz constituye un síntoma preocupante. Mientras esperamos los brotes verdes, desgraciadamente agostados en lo económico, apostamos por asegurar la conversión de la protesta de los jóvenes valencianos en el desierto. ¿Cuántos padres habrán despedido hoy a sus hijos camino del colegio con un preocupado "hijo, por favor, no vayas a la manifestación"?
Las fuerzas y cuerpos de seguridad conforme a su marco regulador tienen como deberes primarios ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos y únicamente actuar con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable. Por tanto, la actuación policial se orienta prioritariamente a salvaguardar los derechos fundamentales y, cabe recordar que la legislación sectorial garantiza la primacía del interés superior del menor.
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/1999 ofrece la posibilidad de utilizar videocámaras móviles y registrar, por ejemplo manifestaciones violentas, cuando se den situaciones excepcionales de urgencia máxima dando cuenta, en el plazo de setenta y dos horas, mediante un informe motivado, al máximo responsable provincial de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la comisión de garantías de videovigilancia. Por lo tanto, la ley ofrece alternativas técnicas mucho más selectivas que el palo y tentetieso.
Por otra parte, la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión ya no sirve en el urgente mundo de Whatsapp y las redes sociales. La movilidad social no admite plazos de 10 días naturales. Y si en la Primavera Árabe, los ciudadanos se han manifestado donde, cómo y cuando han querido a golpe de llamado en una red social, ¿por qué iba a ser diferente en un país con medios tecnológicos cuando el protagonista es un nativo digital? Y, en el mundo de la tan cacareada Administración electrónica deberíamos ser capaces de autorizar una reunión en lugares de tránsito público en un plazo de 48 a 72 horas.
Por otra parte, quienes quieran manifestar su crítica, deben recuperar la imaginación. Cortar una calle lesionando los derechos de los viandantes, poniendo en riesgo a una ambulancia que por allí circule, o destruyendo un contenedor, no merece nuestro respeto. Padres y educadores tenemos una responsabilidad vital, en estos momentos debemos enseñar a recuperar la protesta pacífica, hay que revisitar a Gandhi.
Es indispensable un cambio legislativo, dando fluidez al derecho de manifestación, es necesaria la contención policial, pero también es urgente un cambio de mentalidad política. Probablemente desde el Gobierno, y por tal me refiero a todos los gobiernos que han sido y serán, habitualmente se crea que estas manifestaciones en tiempos de crisis son desestabilizadoras, antisociales e incluso interesadamente dirigidas. Pero créanlo, el método de la porra no las parará, al contrario, iniciará un espiral de la que algún Gobierno se arrepentirá cuando a alguien se le vaya la mano y recibamos el primer muerto. Podría ser su hijo.
Ricard Martínez es profesor ayudante y doctor del departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad conforme a su marco regulador tienen como deberes primarios ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos y únicamente actuar con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable. Por tanto, la actuación policial se orienta prioritariamente a salvaguardar los derechos fundamentales y, cabe recordar que la legislación sectorial garantiza la primacía del interés superior del menor.
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/1999 ofrece la posibilidad de utilizar videocámaras móviles y registrar, por ejemplo manifestaciones violentas, cuando se den situaciones excepcionales de urgencia máxima dando cuenta, en el plazo de setenta y dos horas, mediante un informe motivado, al máximo responsable provincial de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la comisión de garantías de videovigilancia. Por lo tanto, la ley ofrece alternativas técnicas mucho más selectivas que el palo y tentetieso.
Por otra parte, la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión ya no sirve en el urgente mundo de Whatsapp y las redes sociales. La movilidad social no admite plazos de 10 días naturales. Y si en la Primavera Árabe, los ciudadanos se han manifestado donde, cómo y cuando han querido a golpe de llamado en una red social, ¿por qué iba a ser diferente en un país con medios tecnológicos cuando el protagonista es un nativo digital? Y, en el mundo de la tan cacareada Administración electrónica deberíamos ser capaces de autorizar una reunión en lugares de tránsito público en un plazo de 48 a 72 horas.
Por otra parte, quienes quieran manifestar su crítica, deben recuperar la imaginación. Cortar una calle lesionando los derechos de los viandantes, poniendo en riesgo a una ambulancia que por allí circule, o destruyendo un contenedor, no merece nuestro respeto. Padres y educadores tenemos una responsabilidad vital, en estos momentos debemos enseñar a recuperar la protesta pacífica, hay que revisitar a Gandhi.
La sociedad democrática necesita jóvenes comprometidos, que defiendan sus ideas, incluso cuando puedan estar equivocadas
La sociedad democrática necesita jóvenes comprometidos, que defiendan sus ideas, incluso cuando puedan estar equivocadas. No podemos apostar por el miedo como técnica de ordenación social, no es propio del Estado democrático que consagra nuestra Constitución. Por otra parte, ahora que con la candidatura olímpica Madrid presume de esos simpaticotes superdemócratas del 15-M, las imágenes de enfrentamientos y niños y niñas apaleadas dando la vuelta al mundo y #primaveravalenciana cono trending topic mundial son lujos que nuestra primera industria no se puede permitir.Es indispensable un cambio legislativo, dando fluidez al derecho de manifestación, es necesaria la contención policial, pero también es urgente un cambio de mentalidad política. Probablemente desde el Gobierno, y por tal me refiero a todos los gobiernos que han sido y serán, habitualmente se crea que estas manifestaciones en tiempos de crisis son desestabilizadoras, antisociales e incluso interesadamente dirigidas. Pero créanlo, el método de la porra no las parará, al contrario, iniciará un espiral de la que algún Gobierno se arrepentirá cuando a alguien se le vaya la mano y recibamos el primer muerto. Podría ser su hijo.
Ricard Martínez es profesor ayudante y doctor del departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València.
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