Recull de premsa FAPA-València 31 de maig de 2012

                                                  

FAPA-VALÈNCIA

Aulas de presión en plena plaza

Alumnos de la facultades de Educación Física, Enfermería y Podología llevan sus protestas al ayuntamiento

Encerrados como llevan varios días en sus facultades del campus de Blasco Ibañez, alumnos y profesores asociados de Enfermería, Podología y Ciencias de Educación Física y del Deporte trasladaron ayer su protestas a la plaza del Ayuntamiento de Valencia para dar a conocer a todo el que pasaba su preocupación por la calidad de la universidad pública, tras el decreto de recortes.
Los jóvenes, vestidos de blanco, unos con kimonos y otros con batas, hicieron una exhibición de judo, tomaron la tensión, realizaron juegos y dieron clase al aire libre.
El colectivo se constituyó en asamblea el pasado 15 de mayo para mostrar su "rechazo frontal" a la implantación del Real Decreto ley 14/2012 (decreto del ministro Wert) y "al posicionamiento que tanto desde la Universitat de València como desde la Conselleria de Educación han adoptado" indicaron.
En opinión de estos estudiantes, aunque también hay profesores asociados en huelga indefinida porque el curso próximo se eliminan casi 400 plazas de su categoría, el decreto supone un encarecimiento de las tasas académicas por lo que reclaman su congelación para el curso próximo. Esperan que desde el rectorado expresen con contundencia su oposición a la subida de la matrícula.

Preparan dos querellas contra Sánchez de León

Multados por los sucesos de la "primavera valenciana" actuarán contra la delegada por falsa denuncia y por dar a la Policía la orden de cargar

Multados durante febrero en los sucesos de la conocida como "primavera valenciana" preparan dos querellas contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Sánchez de León, que presentarán en los próximos días, tal como confirmó ayer el abogado que ha preparado los modelos de alegación que emplearán los multados, Ricardo Cano. Una de las querellas se dirigirá contra ella y Antonio Moreno, jefe superior de Policía en la Comunitat Valenciana, por "dar la orden de cargar contra los estudiantes", según Cano. La otra será por falsa denuncia y posible prevaricación, y se dirigirá tanto hacia la exvicepresidenta del Consell como hacia los funcionarios que han intervenido en las denuncias.

Para eso, sin embargo, hará falta que se identifiquen, explica Cano. En las 230 sanciones administrativas que han llegado a los participantes en la concentración de Zapadores o en los cortes de calles del centro de la ciudad durante el pasado mes de febrero aparece como denunciante la III Unidad de Intervención de la Policía Nacional, lo que según Cano es "contrario a derecho porque ha de denunciar una persona individual". El letrado ha preparado tres alegaciones a dichas sanciones, y una de ellas indica que "contraviene las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del procedimiento" no informar de los "funcionarios denunciantes". "Una vez sepamos quién ha denunciado, dirigiremos hacia ellos y hacia la delegada una nueva querella", asegura.

Las otras dos alegaciones -cada sancionado puede elegir cuál de las tres presentar, o incluso presentar las tres para dilatar el proceso- se fundamentan en la recusación del instructor y en que la falta ha prescrito. La primera de ellas indica que Miguel de los Santos Albert, jefe del Servicio de Infracciones Administrativas de la Delegación de Gobierno, ha cometido "varios errores" en la instrucción de las denuncias, entre las que Cano destaca los errores de forma, como no indicar quién ha presentado la denuncia en sí o no informar de la sanción en el plazo de dos meses. La segunda alegación va precisamente por esos derroteros: asegura que la infracción ha descrito "porque se ha tramitado tres meses después de acaecidos los hechos, porque entendemos que empieza a contar cuando ocurrieron, y no dos como marca la ley", tal como indica el letrado, que asegura que las sanciones tardarán en resolverse porque de se presentarán "cientos de alegaciones", lo que dilatará el proceso.

Mientras, los padres de los menores implicados en los sucesos de febrero se organizan para evitar sanciones contra sus hijos. Como ha podido saber este diario, son los del IES Lluís Vives los más asociados. Entre ellos cunde la incomprensión. Según una madre cuyo hijo fue identificado en Zapadores, el agente que pidió el DNI al joven dijo que no habría sanción "siempre y cuando no hubiera una segunda identificación ese mismo día".

La escoleta de Marines perderá 7.000 € al denegarle el Consell el cambio de uso de las clases

La Conselleria de Educación ha denegado el cambio de uso de las unidades autorizadas a la Escuela Infantil de primer ciclo el Castell Xicotet de Marines. La conselleria subvenciona un total de 36 plazas de la escuela infantil, en el tramo de 0 a 1 (8 plazas), en el de 1 a 2 (13 plazas) y finalmente, en el de 1 a 3 (15 plazas).
Pero no siempre se dan estas cifras, ya que según explicó a Levante EMV la alcaldesa de la localidad, Lola Celda, "este año hemos aumentado el ratio en 4 plazas más y al no aprobarse el cambio de uso de las unidades, nos tocará pagar de nuestros bolsillos 7.000 euros".
La normativa en materia de accesibilidad establece que "existirá al menos un aseo que disponga de un espacio libre en donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,20 metros" y "se dispondrá de un ancho mínimo de 0'65 metros".
Por su parte el ayuntamiento mantiene que de acuerdo con el Decreto 39/2004 del Consell de la Generalitat en materia de accesibilidad que "la aplicación de la normativa siempre será en los edificios de nueva planta o zonas de estos que se rehabiliten". En ese sentido, "no se pretende realizar obra nueva ni de rehabilitación, sino un cambio de distribución de las unidades en los diferentes tramos de edad, para poder obtener las ayudas, por lo que no que no se puede dar cumplimiento a dicha orden", manifestó Lola Celda.

Caduca la licencia para reformar el colegio Teodoro Llorente

Incluía la retirada de símbolos franquistas

La licencia para obras de mejora del CP Teodoro Llorente que el Ayuntamiento de Valencia concedió en diciembre pasado a Ciegsa ha caducado. La empresa creada por la Generalitat en época de Eduardo Zaplana y que ahora está en vías de liquidación no ha presentado el preceptivo proyecto de ejecución y la comisión municipal de Hacienda ha dado por extinguida la licencia transcurrido el plazo legal de cinco meses.
En esta intervención se iban a reformar el acceso principal, que todavía exhibe un símbolo franquista, el comedor, los aseos, el gimnasio y el laboratorio. Además se iba a construir un porche perimetral en el patio de juegos para proteger a los alumnos de las inclemencias.
El Ampa de este colegio de la zona de Juan Llorens se movilizó con caceroladas, sentadas y una "volta a peu" para reclamar mejoras en el centro así como la eliminación de los símbolos franquistas.
El concejal de Educación del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Isidro Sanchis, estuvo ayer en el colegio Teodoro Llorente, en una de sus habituales visitas a centros escolares, sin embargo, según denunció el concejal socialista Félix Estrela no tuvo a bien notificar a la dirección del centro que la licencia había quedado sin efecto.

Estrela (PSPV) denuncia el engaño
A partir de ahora, si la Conselleria de Educación quiere ejecutar las obras tendrá que tramitar de de nuevo la licencia. Estrela acusó a Isidro Sanchis de "engañar descaradamente" a la dirección del colegio.
Según el PSPV la caducidad de las licencias es una estrategia que Ciegsa ya ha utilizado en otras ocasiones. Al no presentar la documentación necesaria obliga al ayuntamiento a dar por caducada la licencia. Todo apunta, dijo Estrela, a que la Generalitat ha renunciado a realizar cualquier tipo de construcción de centros escolares e incluso, como en este caso, a llevar a cabo obras de reforma en los colegios.
Es realmente preocupante, comentó Estrela, que la Generalitat no disponga ni siquiera de 240.000 euros, que es el importe de las obras, para mantener en las condiciones necesarias este centro escolar.

Atenció AMPA! Convocatòria manifestació dijous 31 de maig

Des de FAPA-València animem a les nostres AMPA i us demanem màxima participació!

Encarna Martí

Premsa FAPA-València

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Recull de premsa FAPA-València dimecres 30 maig 2012

                                                  

 Educación deja las tasas para extranjeros en manos de las universidades

El coste de la primera matrícula para los alumnos no comunitarios puede multiplicarse por cuatro

El cobro íntegro de las tasas académicas en la Comunitat Valenciana a los alumnos no comunitarios será decisión de las respectivas universidades públicas. Así lo explicó la consellera de Educación, María José Català a los rectores durante la reunión que mantuvo el pasado lunes.
La consellera les expresó que "se deja en manos de cada universidad la decisión de poder cobrar hasta un máximo de cuatro veces el coste de la primera matrícula" aunque "en ningún caso se podrá sobrepasar el 100 por ciento del coste".
En Educación consideran que los colectivos afectados son estudiantes extranjeros: "aquellos que no tengan acuerdo de cooperación con España; que no paguen impuestos a nivel estatal y que no estén actualmente estudiando la carrera".
El reciente Real Decreto Ley del Gobierno, sobre medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación, contempla que los precios públicos "podrán cubrir", o lo que es lo mismo, se les podrá cobrar, "hasta el cien por cien de los costes de las enseñanzas universitarias de grado y master cuando se trate de estudiantes extranjeros, mayores 18 años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad".
Alumnos perjudicados por esta norma, que modifica su actual estatus por el cual se beneficiaban de la subvención del Consell a las matrículas, ya han mostrado su disconformidad, hasta el punto de comentar que "no podemos continuar estudiando en España" según un grupo de jóvenes marroquíes que se manifestaron durante las protestas estudiantiles por el centro de Valencia en el mes de mayo.
Junto a la batería de decisiones adoptadas en la reunión del lunes entre la consellera y los rectores -de la que Levante-EMV informó en su edición de ayer-, como son el mantenimiento de los títulos duplicados pero con demanda o el precio definitivo de los másteres, también se conoció el precio de las materias a extinguir.
Las asignaturas a desaparecer "tendrán una tasa única que supondrá el 25% del coste total de matrícula de la materia" indicó, la consellera, según una nota de prensa de su departamento. En la matrícula de estas asignaturas, el estudiante tiene derecho a examinarse dos veces más sin necesidad de cursar la materia en el nuevo grado.

                                                       

230 personas reciben aviso de sanción por la 'primavera valenciana'

Concentración de rechazo ante el Lluís Vives a las multas, que podrían alcanzar los 6.000 euros

 "A mí me multaron una vez por saltarme un semáforo, y la pagué porque lo vi justo", explica una joven que prefiere no dar más datos, "pero esta me niego rotundamente a pagarla". Es la respuesta general a las 230 sanciones "graves" que han recibido por parte del Gobierno central los participantes en la llamada primavera valenciana. En concreto, los que fueron identificados frente a la comisaría de Zapadores, en Valencia, tras las protestas frente al IES Lluís Vives.

"Nos tenían cercados sin dejarnos ni siquiera ir al baño", recuerda un estudiante. "Fuimos pasando en grupos pequeños y se apuntaron nuestros datos en un papel", explica. De estas identificaciones —230, según concretó la Delegación de Gobierno valenciana— han salido las infracciones severas, que oscilan entre los 300,51 y los 6.010,12 euros, por las que se reunieron ayer frente al instituto donde prendió la llama. Allí indicaron que el objetivo de estas acciones era "provocar miedo en las personas y servir de medida ejemplarizante para otros sectores de la sociedad". "Tanto la Delegación de Gobierno como la policía tratan de culpabilizar y criminalizar a todas las personas registradas para limpiar su imagen y desviar la atención de ellos mismos, verdaderos culpables", denunciaron. Con una pancarta que decía "Ni recortes ni opresión", las personas congregadas —entre las que había profesores y estudiantes menores de edad— expresaron su intención de defender sus derechos "con todos los mecanismos jurídicos y mediáticos posibles".

"Los procedimientos abiertos se han llevado a cabo con solo un párrafo explicativo y de forma general", señalaba Sebastián Cabanes, miembro del colectivo Alerta Solidaria, "para atemorizar ante futuras protestas y amedrentar a menores, que son la mayoría de los afectados"

"Los procedimientos abiertos se han llevado a cabo con solo un párrafo", señaló un miembro de Acció Solidaria

En las notificaciones se les achaca la participación en "una concentración no comunicada frente a las dependencias policiales, negándose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando desórdenes públicos y provocando cortes de tráfico en la vía pública", según precisa el documento.

"Eran detenciones arbitrarias, con prepotencia política y policial y un despliegue casi militar que supone un punto de inflexión en los retrasos de las manifestaciones públicas", declararon los participantes. "La gente se está coordinando para alegar y recurrir todas las notificaciones", apuntaron, "porque si se pagan se da por hecho una culpabilidad, y lo que queremos remarcar es que no somos culpables", zanjaron.

"Creemos que se está produciendo un chantaje", advirtió Josep Villanova, uno de los profesores apercibidos, "porque saben que muchos pagarán por miedo o por preocupación de los padres". Además, Villanova destacó que las alegaciones se van a fundamentar en que "todo de lo que se nos acusa es falso" y que no aparece "ningún nombre más que la mención de la Unidad de Policía número 3".

Desórdenes graves

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Valencia, los avisos de sanción son 230. De ellos, 171 son a personas mayores de edad y 59 a menores. La Subdelegación destaca que se basan en las denuncias del Cuerpo Nacional de Policía por lo previsto en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y, en concreto, por lo establecido en el artículo 23d sobre "negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público" y en el 23n, referente a "originar desordenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos". De acuerdo con esta norma, se han considerado los incidentes como infracción administrativa grave, con 301 euros (cuantía mínima que recoge la ley) para los mayores de edad; 200 para los menores de 16 a 18 años, que son 53 casos, y 100 euros para los seis que se encuentran en la franja de los 14 a los 16 años.

La decisión de diferenciar entre menores y mayores de edad parte del año 2001, después de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La instrucción adecuó el ejercicio de la potestad sancionadora a lo dispuesto en esa ley cuando se refiere a menores, según han detallado desde la institución.

  

 

 

5.000 plazas docentes menos por los ajustes

La Federación de Enseñanza del sindicato CC. OO. PV denunció ayer que las medidas de ajuste del gasto educativo, como la ampliación de la jornada lectiva en Secundaria y el aumento de las ratios, supondrán que el curso que viene hayan 5.000 plazas docentes menos. La cifra sale de un muestreo realizado entre los centros y coincide con el número actual de interinos que cubren alguna vacante en el sistema. Dicho de otra forma, significa, siempre según el sindicato, que el curso que viene no habrán contrataciones de profesionales interinos.

 

Interventores del Consell revisarán las ayudas a los colegios concertados

El conseller Vela marca distancias con sus antecesores: «No es lo mismo estar echando carbón a la caldera que llevando el timón» 

La unidad especial de control del servicio de Intervención del Consell extenderá la fiscalización también a los conciertos educativos con centros de enseñanza privados, según anunció ayer en Les Corts José Manuel Vela, conseller de Hacienda.

Vela compareció durante cuatro horas en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda para dar cuenta sobre esta unidad de intervención, el penúltimo plan de reequilibrio presupuestario superado por el actual en vigor, el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el presupuesto autonómico de 2010 y para responder si iba a llevar a Les Corts el actual plan de reequilibrio.

El conseller incidió en que la unidad de control fiscaliza seis áreas específicas en las que se producen gastos «que alcanzan cifras muy considerables», como el destinado al pago de medicamentos, el turno de oficio, los gastos en centros docentes no universitarios, en las encomiendas a la empresa pública Vaersa por parte de Infraestructuras y Agricultura, el gasto de personal de La Fe y los que generan las sustituciones en los colegios. De ahí que «dado el volumen» que se abona a los centros de enseñanza concertados se incluya su fiscalización en futuros informes.

El conseller anunció que el informe sobre gasto farmacéutico fue remitido el lunes a los colegios del ramo y en 15 días o antes estará terminado. El de La Fe debe de estar listo el 15 de junio y el del gasto del profesorado, el 6 de julio. Un día antes prevé Vela que tendrá el de Vaersa y sobre el de la asistencia jurídica gratuita reconoció que no se ha iniciado el trabajo.

Rafael Rubio, del PSPV, incidió en que si ahora se realizan esos controles «debemos entender que antes no se hacían» y definió la puesta en marcha de la unidad especial de control como «un lavado de cara». El conseller le contestó que era una «cuestión de alcance» fiscalizar áreas a las que antes no se llegaba con la profundidad con la que se alcanza ahora.

Ignacio Blanco se preguntó por qué no se fiscaliza el gasto en RTVV, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el aeropuerto de Castellón o la Epsar (la empresa pública de las depuradoras), mientras que Mireia Mollá, de Compromís, le recordó que en anteriores legislaturas Vela fue «una persona clave» en esa misma conselleria.

«Sí, yo estaba antes, pero no es lo mismo estar en un barco echando carbón a la caldera que ir llevando el timón. No es lo mismo. Se tiene perspectiva estando al timón y se toman decisiones», contestó el conseller que recordó que en anteriores legislaturas, bajo el mandato de Gerardo Camps o Vicente Rambla como responsables de Hacienda, «si había tormenta los que se mojaban eran ellos. Yo estaba a cubierto». El conseller no se desligó de aquella época -dijo que fue un honor haber trabajado con ellos- pero marcó distancias.

Vela incidió en que «se me llena la boca al pedir al señor Rajoy un cambio en el sistema de financiación para la Comunitat» y repitió la necesidad de que el Gobierno arbitre un mecanismo, «llámase hispanobonos o como sea» que garantice que las autonomías puedan renovar su deuda para sobrevivir.

El conseller dijo que si no hay hispanobonos no se podrá cumplirse el plan de pagos a los ayuntamientos, igual que algunos proveedores, porque son «la solución» a la falta de liquidez.

Vela, a pregunta del síndico de Compromís, Morera, dijo que cambiar los presupuestos para 2012 por el plan de reequilibrio en vigor «sería una temeridad» porque, en esencia, el plan no modifica las cuentas previstas para este año y que una cosa es el presupuesto aprobado y otra su ejecución.

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Los miembros del PP continúan haciendo oídos sordos a las peticiones populares que, desde diversos ámbitos, solicitan al Gobierno de Mariano Rajoy que no aplique el tijeretazo -ya aprobado- en Educación. 

Pese a la huelga protagonizada el pasado 22 de mayo por toda la comunidad educativa (sindicatos, profesores y alumnos de todos niveles), el enfado de los rectores de las universidades y las críticas de la oposición, los conservadores siguen defendiendo su Real Decreto-ley de medidas de racionalización del gasto en Educación.  

La secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, ha sido la última en pronunciarse al respecto. Esta mañana, en un desayuno de prensa, alabó al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, quien, frente a las críticas, "es un aval para las reformas del sistema educativo", declaró.

"Conoce perfectamente las reformas que hay que acometer", continuó Moneo, "ya que es una persona absolutamente empapada de cuál es la situación actual del sistema educativo".

La también portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso también defendió,como hizo en su día su homólogo en Sanidad, José Ignacio Echániz, la colaboración público-privada en la gestión de la enseñanza. "La escuela concertada es un pilar fundamental en el ejercicio de la libertad de enseñanza", espetó. "Sin libertad de elección no  hay calidad", sentenció después. 

Para justificar su opinión, Moneo argumentó que el artículo 27 de la Constitución defiende el derecho de los padres a elegir centro educativo, modelo y tipo de educación para sus hijos. Por eso, según la portavoz del PP, la reforma de la actual Ley Orgánica de Educación buscará "la mejor fórmula para que ese derecho sea una realidad".

En cuanto a las movilizaciones, concentraciones y huelgas de los últimos días, Moneo les quita importancia: "Todos los cambios han tenio respuesta social; ningún ministro de Educación se ha quedado sin movilización", explicó. "Y la respuesta social hay que valorarla y calibrarla en su justo término".

Por último, la secretaria nacional de Educación e Igualdad detalló las esperanzas que su partido tiene en que la reforma educativa -que podría entrar en vigor en el curso 2013-2014- "tenga undesarrollo eficiente, riguroso y rápido, pero sobre todo dialogado y, en la medida de lo posible, consensuado".

En este sentido, señaló el futuro estatuto del docente, el cambio en el sistema de acceso a la profesión y la autoridad del profesor, los nuevos contenidos en Secundaria y la ampliación delBachillerato a tres años de duración como algunos de los puntos clave de la nueva ley. Moneo también adelantó que, "en los próximos días, tanto el Gobierno como el PP iniciarán un diálogo con sindicatos y asociaciones" porque "ninguna reforma tendrá éxito si no están los profesionales", concluyó.

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Los alumnos de Primaria podrán entrar en los centros elegidos en primera o en segunda opción

El concejal de Educación asegura que sólo se aumentará la ratio a 28 escolares de manera puntual en los colegios de la zona Centro-Altabix

A. FAJARDO El concejal de Educación, Daniel McEvoy, asegura que todos los alumnos de Primaria entrarán en los colegios que han elegido con prioridad en la primera y segunda opción y que la ratio de 25 escolares por clase se mantendrá, excepto en casos puntuales de la zona Centro-Altabix.

Después de la última comisión de escolarización de Primaria, McEvoy ha destacado que "a diferencia de otros años no ha sido necesario llegar al cuarto o quinto centro educativo seleccionado por los padres". Una circunstancia, que según el edil de Educación ha sido posible "gracias al trabajo conjunto y al buen entendimiento entre la Concejalía de Educación y los componentes de la comisión de escolarización".

Asimismo, según Daniel McEvoy, el próximo curso no será necesario aumentar la ratio hasta el 20% en los centros escolares y todos los colegios de Educación Primaria contarán con 25 alumnos por aula.

Sin embargo, el concejal de Educación ha precisado que sí que se incrementará el número de alumnos por clase de manera puntual en los colegios de la zona Centro-Altabix. "El aumento de ratio se llevará a cabo en uno o dos casos puntuales, pero no superarán los 28 alumnos permitidos por ley".

Así, por distritos del nuevo mapa escolar los centros de la zona norte, noroeste, suroeste, sur, sureste y el Camp d'Elx tendrían una ratio de 25 alumnos. Mientras que la zona Centro-Altabix aumenta la ratio a 28 en algunos casos para poder ubicar en las primeras opciones a todos los alumnos. Según McEvoy, en ésta última zona han sobrado vacantes tanto en valenciano como en castellano.

Por otro lado, el concejal de Educación ha afirmado "que no será necesaria una próxima reunión para ver cómo va el proceso ya que se han cubierto todas las zonas".

Con ello, el 4 de junio saldrán las listas provisionales y el día 13 las definitivas. A partir de ahí, del 13 al 18 de junio se podrán realizar reclamaciones, el 19 de junio se llevará a cabo la resolución de dichas reclamaciones y del 18 al 26 de junio se abrirá el plazo para las matriculaciones.

Reivindicaciones
Por otro lado, la asamblea comarcal de profesores acordó en la sesión de ayer realizar una hoguera reivindicativa contra los recortes el 21 de junio. Unos 80 docentes se reunieron ayer para evaluar las movilizaciones y acordar las próximas actuaciones. Entre ellas, los docentes aprobaron realizar una jornada de puertas abiertas en los centros educativos por las tardes para mostrar a las familias el interés del profesorado por una enseñanza de calidad. Según Pep Coll, portavoz del STEPV, esta iniciativa se pretende repetir en el mes de julio. Además, los profesores informarán a los padres en las reuniones de final de curso sobre qué supondrán los recortes en las aulas.

El PSOE sale en defensa de las escuelas infantiles
La concejal del PSOE, Blanca González ha defendido las escuelas infantiles municipales y ha destacado que son parte de "la bandera del socialismo". La edil ha criticado al concejal de Educación, Daniel McEvoy por "las falsedades vertidas en el pleno municipal con las que insinuó que el PSOE quería cerrar las escuelas infantiles municipales".

Según Blanca González, las cinco escuelas infantiles municipales, impulsadas por los gobiernos socialistas han sido un modelo a seguir "no solo por el número sino por la calidad de ellas, a pesar de la reducción de subvenciones por parte de la Conselleria de Educación que ha sido brutal". En este sentido, la edil socialista destaca que sólo la escuela Rosa Fernández, situada en el barrio de los Palmerales, recibe una ayuda de 80.000 euros para el desarrollo de programas sociales y es por parte de la Conselleria de Bienestar Social. Además, González apunta que "el PP solo se ha interesado por las escuelas infantiles municipales para lanzar amenazas de cierre". En esta línea, la concejal socialista ha recordado que "la Generalitat Valenciana se opuso a recibir el dinero del gobierno central del programa Escuela 3.0 con fondos para invertir en centros de educación infantil". También, la edil ha recordado la promesa electoral incumplida del PP de la creación de 40.000 plazas de educación de 0-3 años.

Confederació Gonzalo Anaya
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Recull de premsa FAPA-València dimarts 29 de maig de 2012

                                                  

Los títulos universitarios duplicados no se eliminarán si tienen demanda estudiantil

La consellera acepta la petición de los rectores de que los másteres que especialicen en una profesión tengan un precio similar al de los grados

Los grados universitarios que, aunque estén duplicados, sean demandados por los estudiantes se mantendrán y continuarán ofertando, según el compromiso manifestado ayer por la consellera de Educación, María José Català, en la reunión con los cinco rectores de los campus públicos de la Comunitat Valenciana.
El encuentro en Valencia para analizar el real decreto de ajustes en las universidades nada tuvo que ver con el plante de hace una semana de los máximos responsables académicos al ministro del ramo José Ignacio Wert. La reunión "ha sido muy cordial, como siempre", y "sustentado en el diálogo y el respeto mutuo" destacó el rector de la Politècnica, Juan Juliá, en nombre de sus homólogos: Esteban Morcillo, Vicent Climent, Jesús Tadeo e Ignacio Jiménez.
Juliá explicó, a su pesar, que el porcentaje medio de un 20 % en la subida de tasas académicas "es inamovible" en una comunidad con "un importante déficit fiscal".
Además, se mostró aliviado con la confirmación de que para el Consell "el Plan Plurianual de Financiación continúa siendo el elemento en el que se enmarcan las universidades y la garantía de sostenimiento de las mismas".
De la entrevista salió el compromiso de la consellera de que las tasas de matrícula de másteres oficiales no vinculados a profesiones reguladas tengan un precio único, en torno a los 2.500 euros, mientras que los que son imprescindibles para un trabajo tendrán un coste similar al de un grado.
Por su parte, Català informó de que "los alumnos procedentes de unidades familiares sin recursos económicos por causas sobrevenidas y que no han recibido beca del ministerio estarán exentos del pago de la matrícula universitaria".
La consellera se mostró satisfecha por la "actitud de diálogo" de los rectores y recordó que "esto no es una medida aplicada por una voluntad política sino por una necesidad que conlleva el momento".

 

Los alumnos de Ciencias de la Actividad Física mantienen su encierro pese a los exámenes

Protestan contra la subida de tasas, el aumento de ratios en las clases prácticas y el despido de profesores asociados 

Los alumnos de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física y l'Esport (Fcafe) de la Universitat de València mantienen, pese a estar ya en exámenes, su encierro de protesta contra el decreto del Gobierno para racionalización del gasto universitario. Unos 70 estudiantes duermen en el vestíbulo de esta facultad sita en el Campus de Blasco Ibáñez -no en Cheste como informó este diario por error el sábado- desde hace una semana para mostrar su desacuerdo "contra la subida de tasas, la masificación de las clases prácticas, el despido de profesores asociados y el aumento de la carga lectiva del resto de docentes", explica un portavoz estudiantil. El decano de la Fcafe, Vicente Año, detalla que la subida de tasas para este grado -con un nivel 3 de experimentalidad- es "una salvajada". Además, añade que el decreto afecta a la calidad de la enseñanza, pues los profesores "al impartir más horas, tendrán menos tiempo para preparar las clases". 

                                                       

El Consell suprimirá los grados sin demanda y subirá las matrículas

El recorte en los presupuestos de las universidades valencianas lo pagarán los alumnos de sus bolsillos. El próximo curso deberán desembolsar un 20% más, de media, en la primera matrícula, y entre un 30 y 33% en el resto de los cursos de los títulos de Grado. Al menos esta fue la estimación provisional que la consejera de Educación, María José Catalá, trasladó el lunes a los cinco rectores de las universidades públicas valencianas. La Generalitat argumenta esta medida en las "exigencias financieras" impuestas por el Gobierno central. En cuanto a los másteres no vinculados a profesiones no regladas se establecerá un precio único "en torno" a 2.500 euros anuales.

La consejera también anunció que suprimirán los grados que tengan baja demanda de alumnos y que se impartan en dos universidades próximas. No obstante, los rectores recordaron que en Valencia existen duplicidades pero hay una elevada demanda de alumnos, con lo que la amenaza de suprimir titulaciones sería más bien un brindis al sol.

La reunión de la consejera con los rectores se prolongó durante más de dos horas. Catalá, al término de la cita, mostró su satisfacción porque "a pesar del momento delicado y de la situación difícil", la Generalitat mantiene "abierto el diálogo con los rectores". La consejera admitió que la subida de tasas es "inaplazable, no por voluntad política, sino por necesidad económica".

No obstante, para paliar las consecuencias de estas subida de tasas, la consejera se comprometió a diseñar un programa de becas adicionales a las que concede el ministerio, que serán en total unos 16,5 millones de euros los que destine la Generalitat. Las becas se estima que podrán beneficiar a un 30% de los universitarios, que no pagarían matrícula debido a los apuros económicos de sus familias respectivas. El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Julià, agradeció el "compromiso de aumentar las becas para evitar la exclusión social". La consejera habló de atender a alumnos con "dificultades económicas sobrevenidas".

Los rectores respiraron aliviados y tranquilos al escuchar que la Generalitat mantiene su compromiso de ingresarles lo que está previsto y comprometido en el Plan Plurianual de Financiación ya que el incremento de las tasas académicas servirá para paliar los recortes impuestos por el Ministerio de Educación.

Sobre el polémico decreto Wert que afecta a la contratación de los profesores universitarios, la consejera también se comprometió a que los doctores con contrato indefinido gozarán de una categoría laboral "similar" a la del funcionario.

Los sindicatos critican que Educación eluda negociar los recortes y despidos

CC OO, UGT y STEPV creen que el calendario que propone Catalá deja indefenso al profesorado

 Los sindicatos denunciaron el lunes que la Consejería de Educación pretende negociar más de 25 cuestiones "prescindibles" y, sin embargo, evitar temas de calado como los recortes o la masificación en las aulas.

Los sindicatos CC OO, UGT y STEPV señalaron que el calendario de negociación que plantea Educación "provoca la indefensión del profesorado". Las organizaciones sindicales llegaron a esta conclusión tras la reunión de la junta de portavoces, cuyo objetivo fue ordenar el calendario de los temas de negociación a tratar con los sindicatos durante los próximos dos meses. "Educación obvia la discusión sobre los recortes de profesorado y la masificación de las aulas", admitieron en varias notas.

CC OO incidió en que el calendario "no sólo no contempla" las demandas sindicales sino que, además, "intenta colar como negociación un listado de más de 25 temas, en absoluto imprescindibles, en un lapso de poco más de mes y medio". Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT (FETE-UGT PV) solicitó la intervención del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para "desbloquear y resolver el conflicto" que tiene planteado el sistema educativo valenciano como consecuencia de la aplicación de las medidas de recorte y ajuste, tanto en el plano autonómico como en el estatal.

Y exigen a Fabra que detalle cómo se aplicarán los recortes en docentes, grupos y programas, los incrementos generalizados de las ratios de alumnado, los recortes en las retribuciones del profesorado de plantilla y "cuantos serán los maestros y profesores que se van a despedir". Para UGT los asuntos que pretende debatir la consejería "son totalmente secundarios e inadecuados".

Por su parte, el STEPV criticó que la consejería "imponga la negociación de los desplazamientos y supresiones", y evite el debate. Y lamentó los "oídos sordos" de la Administración a sus peticiones y que trate de "dar una imagen de normalidad que no se corresponde a la realidad de los centros educativos".

Maestros del futuro se forman 'on line'

La mayor demanda de los alumnos de la VIU es para profesor de Primaria o de idiomas

La Universidad Internacional Valenciana (VIU) tiene preinscritos 694 alumnos para un total de 1.269 plazas que ofertará el próximo curso, algo más de la mitad de su aforo oficial de grados y másteres, y la mayor demanda de esta universidad virtual es para estudiar idiomas y el grado de maestro de Primaria. Según ha informado hoy la VIU, cuenta con alumnos preinscritos procedentes de todas las provincias y comunidades autónomas de España, a excepción de Soria, Ceuta y Segovia. Por procedencia destaca la demarcación de Valencia, que copa el 22,6% de las preinscripciones. Para el rector de la VIU, Juan Manuel Badenas, "la plataforma tecnológica on line nos permite proyectarnos más allá de la Comunidad Valenciana, incluso de España y Europa, dado que tenemos alumnos preinscritos de cuatro continentes".

En un comunicado, la VIU señala que la demanda de la formación on linees importante dado que hasta el momento el Grado de Primaria y la especialidad en Lengua Extranjera del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria tienen una lista de estudiantes preinscritos que supera las plazas ofertadas.

Las titulaciones oficiales son, además, del Grado de Primaria y el citado Máster, el Grado de Maestro de Educación Infantil y el Máster de Prevención de Problemas de Conducta en el Aula. Hasta la fecha, de los 694 estudiantes preinscritos, un total de 649 optan por esta oferta. Después de Valencia, Barcelona (9,8%), Madrid (9,7%) y Castellón (6,6%) son las provincias españoles donde mayor interés despierta la VIU. A continuación se encuentran Alicante y Murcia, ambos con un 5,1%. También cabe señalar que en relación al perfil del estudiante, la VIU refuerza su atractivo entre el público femenino, dado que entre el alumnado preinscrito en las enseñanzas oficiales el 68,9% es mujer.

Además el 4,2% de los estudiantes procede del extranjero y entre estos cabe resaltar la presencia de europeos y americanos, pero también de asiáticos y africanos. Para los responsables de la VIU, "con el reconocimiento de la oficialidad de cinco nuevas especialidades, se da un nuevo salto cualitativo en el Máster de Secundaria que oferta para el próximo curso un total de 540 plazas, 60 por cada una de las nueve especialidades, superior a las 240 actuales".

En la actualidad, en esta oferta de postgrado que cuenta con nueve especialidades, hay 374 estudiantes preinscritos. De momento, hay ya 93 alumnos preinscritos en el itinerario en inglés. Esta titulación de postgrado sustituye al antiguo CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) y habilita para acceder a oposiciones de profesor de Secundaria en centros públicos o dar clases en centros privados. El acceso es directo para aquellos alumnos que certifiquen estar en posesión del título universitario o títulos de grado equivalentes que corresponda a la especialidad elegida y, además, estar en posesión del certificado B1 de cualquier lengua extranjera. Las especialidades ofertadas son Geografía e Historia; Lengua y Literatura Española; Lengua Extranjera (Inglés) y Orientación Educativa. Como novedades del nuevo curso, se incorporaran las especialidades ya reseñadas de Música; Formación y Orientción Laboral; Dibujo; Educación Física y Matemáticas e Informática.

Además del Máster de Secundaria, la VIU también ha abierto el plazo de preinscripción para los alumnos de primer curso de los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil --cien plazas en ambos casos-- al igual que en el Máster Universitario de Prevención e Intervención de Problemas de Conducta en la Escuela. En el Grado de Primaria hay un total de 112 alumnos preinscritos sobre 100 plazas ofertadas. Asimismo también comienzan a ofertarse las sesenta plazas en el Máster Universitario de Investigación Social de la Comunicación Científica y otras sesenta en el Máster de Periodismo Deportivo y en el Máster de Terapias Psicológicas de Tercera Generación.

Recull de premsa FAPA-València divendres 25 maig 2012

                                                   

 

Educación debe a las familias la ayuda por el bonolibro

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la provincia de Valencia (FAPA-València), Remei Santacatalina, comunicó ayer a la consellera de Educación, María José Català, que "muchos alumnos todavía no han cobrado la beca de Secundaria, 105 euros, que la Administración debe a las familias y que esperan desde que se publicó la resolución en noviembre de 2011 para compensar el pago de los libros y el material escolar".FAPA recoge "la preocupación que muchos padres han transmitido ante esta situación que está provocando en las familias con problemas económicos".

                                                       

FAPA exige a la Generalitat que pague las becas pendientes de Secundaria

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia ha acusado este jueves a la Conselleria de Educación de "no dar ninguna solución y hacer oídos sordos" a las peticiones de los alumnos de Secundaria que no han cobrado las becas de este curso, y ha exigido el pago de las mismas.

Las becas, destinadas a compensar la compra de libros y material escolar, ascendían a 105 euros por alumno y fueron publicadas en una resolución de noviembre de 2011, según señalan fuentes de FAPA.

Fuentes de la Conselleria de Educación han manifestado que remitirán un comunicado posterior para explicar su versión de los hechos denunciados por la federación de madres y padres, según han indicado a preguntas de EFE.

La presidenta de FAPA-Valencia, Remei Santacatalina, ha recordado queel Consell destinó 42.424.280 euros de los Presupuestos de la Generalitat de 2011 a la adquisición de libros de textos para la ESO y al bonolibro para el alumnado de Educación Primaria en centros financiados con fondos públicos, y ha preguntado "dónde está ese dinero".

La federación exige a la consellera de Educación, María José Catalá,que establezca un calendario de pagos en el que se especifiquen "las acciones concretas y plazos para dar solución a los problemas económicos de muchas familias".

Del mismo modo, reclama el pago a las empresas que prestan el servicio del comedor diario en los centros públicos, "a los que se deben más de 70 millones de euros, y a las editoriales a las que se adeuda el bono libro desde el inicio del curso".

Para FAPA-Valencia, estos recortes "son consecuencia de una nefasta gestión de los recursos públicos que ha acabado afectando a las familias que tendremos que pagar de nuestro bolsillo lo que la administración autonómica no ha sabido conservar ni gestionar".

Recull de premsa FAPA-València 24 de maig 2012

                                                  

 

Los inspectores docentes plantan cara a Educación y rechazan aumentar ratios

Los funcionarios tachan el incremento del 20 % de niños por aula de "solución economicista"

"Economicista y de ideología trasnochada". Así califican los inspectores de educación las últimas medidas adoptadas por los gobiernos central y autonómico para reducir el gasto y que prevén, entre otras cuestiones, el aumento de un 20 % en las ratios de alumnos por clase en Primaria y Secundaria. De esta forma, el próximo curso los colegios de la provincia tendrán una media de 30 alumnos por aula en Educación Primaria y de 36 en Secundaria.
La Asociación de Inspectores de Educación del País Valencià (Adide-PV), mayoritaria en la Comunidad, critica duramente la aprobación del Real Decreto-Ley 12/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. "La medida no es puramente economicista, también es ideológica", señalan los inspectores. Con ella, entienden, "no se atiende a otros retos fundamentales del sistema educativo de una país como España, que aspira a situarse entre los más modernos del mundo dentro de la sociedad del conocimiento". 
Los inspectores también inciden en las dificultades que estas nuevas medidas conllevarán a la hora de atender la diversidad, un fenómeno en auge "especialmente en la escuela pública". En este sentido, los inspectores sostienen que la atención a la diversidad "difícilmente puede afrontarse con las medidas aprobadas mediante un real decreto que nos quiere hacer volver a las escuelas de 40 alumnos por aula, donde lo únicamente válido era la lección magistral y no la atención a las diferencias individuales que forman los grupos de nuestras escuelas". 
La asociación estima que uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema educativo es el de abordar con calidad y equidad la diversidad creciente de alumnado. Una apuesta "que difícilmente se resolverá con esta medida tan economicista y de ideología trasnochada que solo beneficia a unos pocos en contra de la mayoría de una nación que necesita enfrentarse al futuro con éxito".
El decreto-ley aprobado por el Gobierno también prevé un incremento en el número de horas lectivas del personal docente, estableciendo un mínimo de 25 horas lectivas en Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas. En la Comunidad Valenciana, los profesores tienen hasta 25 horas en Infantil y Primaria y 21 en Secundaria, aunque según fuentes de la enseñanza, la situación varía mucho entre los centros. 
El sindicato STE-PV también solicitó a la Generalitat que derogue el decreto que en la Comunitat Valenciana desarrolla las medidas impuestas por el Gobierno. Pide su retirada "después del éxito de las jornadas de huelga y de las multitudinarias manifestaciones" de los últimos días. Así mismo reclama que se abra "un proceso de negociación real que anule todas las medidas que van en contra de la enseñanza pública".

Estudiantes se encierran de forma indefinida en la Facultad de Ciencias del Deporte

Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València se han encerrado este miércoles en el aulario V del campus de Blasco Ibáñez en protesta por los recortes en la enseñanza y la subida de tasas aprobada para el próximo curso académico.

Los estudiantes, que denuncian que el aumento de las matrículas "limitará el acceso" a la universidad, han expresado también su solidaridad hacia los profesores asociados, después de que la Universitat anunciara la supresión de 375 plazas tras el .

"Todas estas decisiones, maquilladas de recortes necesarios e inevitables, recaen con gran peso en nuestra educación. Y es por ello que desde el 22 de mayo y de manera indefinida, los estudiantes seguiremos durmiendo, conviviendo y reuniéndonos en asamblea en la Facultad, para debatir y aprobar en consenso diferentes actividades, medidas y movimientos que se están llevando a cabo, con el fin de detener el decretazo", señalan en un comunicado.

Los jóvenes advierten, no obstante, que el encierro es "pacífico y respetuoso" y "no interrumpirá ni condicionará" la actividad cotidiana del centro.

                                                       

Los rectores plantan a Wert por negarse a debatir con ellos las medidas de recorte

Los responsables de las universidades han decidido por unanimidad no acudir a la reunión a la que les convocó el ministro 

Al ministro de Educación, José Ignacio Wert, se le acumulan los problemas. Solo un día después de una huelga en casi toda España y en todos los niveles educativos, y en el que la protesta contra los recortes mostró más fuerza en los campus, los rectores le dejaron este miércoles plantado en la reunión del Consejo de Universidades, algo que no había ocurrido nunca, según los propios responsables de los campus.

El ministerio no hizo caso a su petición de incluir en el orden del día del encuentro el debate del decreto ley de recortes en educación recientemente aprobado. No solo eso, sino que eliminó el punto de "ruegos y preguntas". Para los rectores eso supone "una falta de respeto y de la debida atención a la comunidad universitaria", según el comunicado aprobado por unanimidad por la Conferencia de Rectores (CRUE).

Además del durísimo golpe institucional que supone para Wert el plantón, el enorme distanciamiento entre el ministro y los rectores, por no decir ruptura, se materializó en la última frase del comunicado, en la que anunciaron que pedirán una entrevista urgente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El ministro, por su parte, manifestó su perplejidad — "infinita sorpresa", dijo— por el plantón y aseguró estar abierto al diálogo, pero no a la negociación: los decretos ley "los aprueba el Gobierno y los convalida el Parlamento", concluyó. Acusó asimismo a los rectores de haberle ofrecido un planteamiento "incomprensible en términos jurídicos", de "paralizar el sistema de becas" por no haber aparecido en el encuentro (aunque luego matizó que el decreto de ayudas saldrá adelante de todas formas utilizando otros mecanismos) y se preguntó si los rectores "están a la altura" de la situación actual, pues su comportamiento no se "justifica" frente a la "actitud de diálogo y disponibilidad" del ministerio.

Sin duda, la relación no podía ser muy buena antes de este miércoles —"No se puede romper lo que no existe", dijo Adelaida de la Calle, rectora de Málaga y presidenta de la CRUE—, y un ejemplo es lo mal que sentó en los entornos universitarios el argumentario que ofreció Wert tras el Consejo de Ministros del 13 de abril sobre la necesidad de reformar una universidad que no estaba respondiendo, dijo, a todo el dinero que se estaba invirtiendo en ella. Varios expertos señalaron después algún fallo en los datos que ofreció, (dijo que en California hay 10 universidades cuando en realidad son 146). Además, los rectores mostraron recientemente en un comunicado su rechazo a "los argumentos defendidos por el ministerio que apuntan al insuficiente trabajo de profesores y estudiantes para justificar las medidas incluidas" en el decreto ley de ajuste.

Educación dice que aumentará hasta 50.000 los becados universitarios

Los estudiantes critican el "inmovilismo" de la consejería ante la subida de las tasas

La Consejería de Educación ha asegurado que "ningún estudiante se quedará sin beca por cuestión de renta" y, por ello, ha anunciado que se va a incrementar hasta los 50.000 el número de becados universitarios en el próximo curso 2012-2013. Por su parte, representantes del alumnado han criticado el "inmovilismo" de la Administración al no querer replantear el aumento de las tasas universitarias.

Ambas posturas se han puesto sobre la mesa en la reunión que han mantenido este miércoles el director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, José Miguel Saval, y los representantes de los estudiantes de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universitat Jaume I de Castellón.

En el encuentro, Saval ha explicado a los representantes de los estudiantes las medidas que se van a tomar en torno a las tasas académicas, en primera, segunda y tercera matrícula, con la aplicación de la horquilla del 20%; los másteres, para los que se está ultimando una horquilla única "que en ningún momento supondrá un coste tan elevado como se comenta entre el alumnado" y el incremento de las becas para la exención del pago de tasas universitarias "en un 800% pasando de dos millones de euros hasta llegar a los 16,5 millones de euros para el próximo curso".

En este sentido, el director general ha remarcado que los alumnos procedentes de unidades familiares sin recursos económicos estarán exentos de las tasas universitarias y les ha trasladado el compromiso del Gobierno valenciano "para que ningún estudiante universitario se quede sin beca por cuestión de renta".

En concreto, fuentes de la consejería han apuntado que una de las novedades es que la Generalitat "destinará dos millones de euros adicionales para la exención de tasas a los alumnos de mejor rendimiento y rentas bajas que no hayan conseguido beca del ministerio, así como circunstancias especiales de alumnos que sus padres por razones sobrevenidas se encuentren sin ingreso la unidad familias y rentas bajas". Estos dos millones se incluyen dentro de los 16,5 millones de euros que se destinan a becas, han especificado.

Saval ha recordado que en la Comunidad Valenciana reciben becas 42.901 estudiantes universitarios, de los cuales 2.992 son becados por la Generalitat y 39.909 por el Ministerio de Educación. "Esto supone que uno de cada tres universitarios recibe beca", ha afirmado.

Asimismo, el director general ha indicado que "se prevé incrementar hasta 50.000 los becados universitarios para el próximo curso 2012-2013, y completar las becas ofertadas actualmente por el ministerio con el objeto de cubrir íntegramente las tasas universitarias que deben costear los alumnos", informa el departamento de Campanar en un comunicado.

Por su parte, los estudiantes han planteado a la Administración sus reivindicaciones y han puesto énfasis a la hora de reclamar que la Generalitat valenciana aplique la mínima subida de tasas que permite elReal Decreto del Gobierno central, ya que, de lo contrario, "va a haber un impacto muy negativo sobre las familias y los estudiantes".

Sin embargo, Saval ha manifestado a los estudiantes que el Consell no puede variar su resolución ante las exigencias de reducción del déficit", ha explicado el coordinador general de la Assemblea General d'Estudiants de la Universitat de València, Gabriel Salinas.

Por esta razón, el portavoz estudiantil ha calificado la postura de la Generalitat como de "total inmovilismo" y ha lamentado que, aunque se ha celebrado una reunión, "no ha habido avances significativos".

Aun así, Salinas ha remarcado la voluntad de los alumnos de continuar manteniendo abierta "una línea de trabajo y diálogo" y de seguir ejerciendo "presión" para intentar minimizar el perjuicio de los ajustes en el colectivo de estudiantes.