RECORDEU!!!!
FAPA-València mostra el seu suport a les mobilitzacions que s'estan convocant per part de les organitzacions sindicals, partits i entitats que han estat presents a l'assemblea celebrada aquest matí a la Societat Coral El Micalet. D'aquesta manera s'uneix a la crida de totes les seues AMPAS a participar de les iniciatives que es convoquen en protesta contra les agressions i l'actuació del Cos de la Policia Nacional durant les concentracions estudiantils que s'estan succeint en el centre de València.
Així FAPA recolza hui la manifestació convocada a les 18'00 hores a l'IES Luis Vives que finalitzarà a la Delegació de Govern de València.
També es solidaritza amb tots els pares i mares que han denunciat a l'assemblea el tracte denigrant per part de la policia contra els seus fills i filles, i ha reafirmat la postura de que la policia està incomplint drets fonamentals dels detinguts.
FAPA-València exigeix la dimissió de la delegada del govern, Paula Sánchez de León, per permetre i no condemnar la barbàrie policial en les concentracions estudiantils, i també el cessament immediat del cap superior de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana per les últimes declaracions realitzades en les implícitament tracta als alumnes manifestants d'enemics.
Salutacions
Encarna Martí
Premsa FAPA-València
Libros frente a una policía en retirada
Profesores y padres arropan a los alumnos del instituto Lluís Vives contra la violencia policial
Las manifestaciones de estudiantes más masivas se saldan sin ningún incidente
Las concentraciones se extienden a otras ciudades pero la más numerosa se reúne en Madrid
Miles de estudiantes se manifestaron el martes por la tarde por las calles de Valencia en protesta por la actuación policial. Muchos de ellos esgrimían libros, otros apuntes, algunos simplemente folios en blanco. Eran sus armas. Las del "enemigo" si hay que hacer caso al jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana. Antonio Moreno debía saber de lo que hablaba, no en vano trabajó desde finales de 1975 hasta 1977 en el grupo de estudiantes de la Brigada Político-Social a las órdenes del inspector jefe Benjamín Solsona. Su afirmación no debió ser un lapsus.
La protesta había comenzado dos horas desde el instituto Lluís Vives al que habían acudido centenares de estudiantes desde la Facultad de Geografía e Historia, en el campus de Blasco Ibáñez. A diferencia de jornadas anteriores la presencia policial era prácticamente inexistente, apenas policía local para controlar el tráfico. Solo unos furgones aparcados ante la fachada del Ayuntamiento recordaban el despliegue de días anteriores. Sin policía no hubo incidentes. Pero el resultado de las jornadas pasadas ha dejado un saldo de 43 estudiantes detenidos, 12 de ellos con cargos.
Antes de desplazarse hasta la Delegación del Gobierno, alumnos, profesores y padres se concentraron en el Lluís Vives donde se leyó un comunicado en el que denunciaron que todos ellos habían sido tratados por la policía como unos "terroristas" y se ratificaron en su protesta unitaria contra los recortes en la educación pública. Los concentrados denunciaron "la violencia ilógica y desproporcionada" de las fuerzas del orden y reclamaron la dimisión de Antonio Morena al que consideraron responsable de "criminalizar" a los estudiantes por el simple hecho de "defender sus derechos".
La multitudinaria concentración se desplazó hasta la sede de la Delegación del Gobierno donde Albert Ordóñez, presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes, se reunió con Paula Sánchez de León. Hora y media después Ordóñez se lamentaba de que no se fuera a producir ningún tipo de "depuración política" por los incidentes de los últimos días, asegurando que las Fuerzas de Seguridad del Estado son "intocables para el poder político. En este país, aseguró, no existe justicia y la delegada nos ha dicho que para evitar las cargas y los incidentes lo que tenemos que hacer es comunicar las protestas y manifestaciones".
Sánchez de León, había explicado por la mañana al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, que había ordenado la apertura de un expediente informativo para determinar si hubo "exceso policial o extralimitación", afirmando que si se demostrara "se depurarán responsabilidades". "El hecho de que un grupo de radicales o determinadas personas se hayan aprovechado de una situación no justifica comportamientos individuales". Sánchez de León dejó claro que no pensaba dimitir y que no tenía la intención de eliminar los cargos a los estudiantes imputados.
Los manifestantes se trasladaron más tarde hasta la sede del PP en la calle Quart donde volvieron a reclamar la dimisión de Sánchez de León y corearon lemas como "Menos policía y más educación", "El pueblo unido, jamás será vencido", "De tanta gaviota, hasta las pelotas". La sede del PP se encontraba vallada por la policía como medida de precaución.
Manifestaciones de solidaridad con los estudiantes de Valencia se celebraron en Alicante. Más de 2.000 personas partieron desde el instituto Jorge Juan y recorrieron diversas calles de la ciudad sin que se produjera ninguna intervención policial, pese a que carecían de permiso. Universitarios de Elche, estudiantes de Benidorm también mostraron su solidaridad. En Madrid fueron más de 3.000 los que se concentraron en la Puerta del Sol. Y rector y el equipo de Gobierno de la Universidad Jaume I de Castellón calificaron de "desmedida" la actuación policial.
Siddharta, El Lazarillo de Tormes o Caminante y su sombra, de Nietzsche. Cualquier libro, cualquier lectura, cualquier palabra frente a los "golpes", afirmaban Elisa Vidal, Lucky Martínez, y Vicente Espí, los dos últimos músicos del barrio de Russafa, que cruzaron la ciudad con títulos escogidos para la ocasión. "No se puede aguantar que apaleen a niños".
"Apoyamos a los alumnos y pedimos la dimisión de la delegada del Gobierno", remató Espí. La petición de dimisión fue un clamor repetido durante la marcha, que anoche derivó hacia la Gran Vía, colapsada frente a la Jefatura de Policía, para el pedir la destitución del jefe superior, Antonio Moreno.
Al inicio de la concentración, la asamblea de profesores, padres y alumnos del IES Lluís Vives leyó un comunicado en el que denunciaban que se les ha tratado a todos por igual como "terroristas". Ratificaban la "unidad" de los tres estamentos educativos "contra los recortes". Insistían en que, desde que el miércoles la policía esposara y detuviera a un alumno menor del centro, "la violencia ha sido ilógica y desproporcionada", tanto contra los adolescentes como contra los trabajadores y enseñantes del centro. Por eso pedían la dimisión de la delegada del Gobierno y del jefe de la policía, a quien consideran responsable directo de "criminalizar" a los manifestantes por "defender sus derechos". Moreno acuñó el lunes el término "enemigo" para referirse a los estudiantes, por sus tácticas supuestamente beligerantes. En un folio escrito con rotulador, Clara García, estudiante de Bachillerato en un instituto valenciano le recordó a Moreno que protestan solo "por una educación pública y de calidad".
No quieren un sistema educativo que cerró el ejercicio de 2011 en números rojos, que amaneció el 5 de enero de 2012 con un decreto de recortes salariales para todos los funcionarios de la Generalitat y ha padecido cortes de luz y de calefacción por no poder pagar las facturas. "Estamos aquí para proteger a los estudiantes, si hace falta", decía Pau Martínez, joven cineasta que acudió puntual desde las tres la tarde: "Me parece escandaloso lo que pasó el lunes".
Las críticas al Consell incluyeron al presidente Alberto Fabra. Pablo La Parra, estudiante del instituto público María Enríquez de Gandia, que acababa de recibir de manos del presidente el "reconocimiento académico de la Generalitat al mejor expediente", le lanzó un duro dardo. Acompañado de sus padres, ambos catedráticos, que compartieron su indignación, preguntó: "¿Cómo puede el presidente justificar que golpeen a estudiantes y después defender su política educativa en la entrega de los reconocimientos?". El joven consideró que "Fabra había instrumentalizado el acto para presumir de su política educativa, que ha creado una crisis sin precedentes en la Comunidad Valenciana". "Alex, con 12 años, ya sabe qué es la injusticia. Nunca antes habían cargado contra los niños", aseguraba con impotencia Josevi Plaza, padre de este alumno del Lluís Vives.
Los jueces censuran la "orientación represiva" del jefe de la policía en Valencia
La protesta había comenzado dos horas desde el instituto Lluís Vives al que habían acudido centenares de estudiantes desde la Facultad de Geografía e Historia, en el campus de Blasco Ibáñez. A diferencia de jornadas anteriores la presencia policial era prácticamente inexistente, apenas policía local para controlar el tráfico. Solo unos furgones aparcados ante la fachada del Ayuntamiento recordaban el despliegue de días anteriores. Sin policía no hubo incidentes. Pero el resultado de las jornadas pasadas ha dejado un saldo de 43 estudiantes detenidos, 12 de ellos con cargos.
Antes de desplazarse hasta la Delegación del Gobierno, alumnos, profesores y padres se concentraron en el Lluís Vives donde se leyó un comunicado en el que denunciaron que todos ellos habían sido tratados por la policía como unos "terroristas" y se ratificaron en su protesta unitaria contra los recortes en la educación pública. Los concentrados denunciaron "la violencia ilógica y desproporcionada" de las fuerzas del orden y reclamaron la dimisión de Antonio Morena al que consideraron responsable de "criminalizar" a los estudiantes por el simple hecho de "defender sus derechos".
La multitudinaria concentración se desplazó hasta la sede de la Delegación del Gobierno donde Albert Ordóñez, presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes, se reunió con Paula Sánchez de León. Hora y media después Ordóñez se lamentaba de que no se fuera a producir ningún tipo de "depuración política" por los incidentes de los últimos días, asegurando que las Fuerzas de Seguridad del Estado son "intocables para el poder político. En este país, aseguró, no existe justicia y la delegada nos ha dicho que para evitar las cargas y los incidentes lo que tenemos que hacer es comunicar las protestas y manifestaciones".
Sánchez de León, había explicado por la mañana al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, que había ordenado la apertura de un expediente informativo para determinar si hubo "exceso policial o extralimitación", afirmando que si se demostrara "se depurarán responsabilidades". "El hecho de que un grupo de radicales o determinadas personas se hayan aprovechado de una situación no justifica comportamientos individuales". Sánchez de León dejó claro que no pensaba dimitir y que no tenía la intención de eliminar los cargos a los estudiantes imputados.
Los manifestantes se trasladaron más tarde hasta la sede del PP en la calle Quart donde volvieron a reclamar la dimisión de Sánchez de León y corearon lemas como "Menos policía y más educación", "El pueblo unido, jamás será vencido", "De tanta gaviota, hasta las pelotas". La sede del PP se encontraba vallada por la policía como medida de precaución.
Manifestaciones de solidaridad con los estudiantes de Valencia se celebraron en Alicante. Más de 2.000 personas partieron desde el instituto Jorge Juan y recorrieron diversas calles de la ciudad sin que se produjera ninguna intervención policial, pese a que carecían de permiso. Universitarios de Elche, estudiantes de Benidorm también mostraron su solidaridad. En Madrid fueron más de 3.000 los que se concentraron en la Puerta del Sol. Y rector y el equipo de Gobierno de la Universidad Jaume I de Castellón calificaron de "desmedida" la actuación policial.
Las armas del enemigo
Eso era todo: un libro, un folio, unos apuntes y las manos abiertas y alzadas eran el arsenal de armas que exhibieron los miles de ciudadanos, muchos sin hijos ya en edad de estudiar, que acudieron a la manifestación de Valencia para solidarizarse y "proteger" a los estudiantes de las desproporcionadas cargas policiales del lunes. Entre los miles de concentrados, no hubo "terroristas", ni "pasamontañas". Ni detenidos. Porque tampoco hubo policía. Una "indignación" generalizada por la "criminalización" de los estudiantes valencianos por parte de la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana se expandió con fuerza desde todas las esquinas del céntrico instituto público Lluís Vives, epicentro de las protestas. Una concentración que acabó en una marcha por todo el centro de Valencia en la que se pidió la libertad sin cargos de todos los detenidos desde le miércoles pasado: 43 estudiantes, ya liberados, aunque 12 de ellos con cargos.Siddharta, El Lazarillo de Tormes o Caminante y su sombra, de Nietzsche. Cualquier libro, cualquier lectura, cualquier palabra frente a los "golpes", afirmaban Elisa Vidal, Lucky Martínez, y Vicente Espí, los dos últimos músicos del barrio de Russafa, que cruzaron la ciudad con títulos escogidos para la ocasión. "No se puede aguantar que apaleen a niños".
"Apoyamos a los alumnos y pedimos la dimisión de la delegada del Gobierno", remató Espí. La petición de dimisión fue un clamor repetido durante la marcha, que anoche derivó hacia la Gran Vía, colapsada frente a la Jefatura de Policía, para el pedir la destitución del jefe superior, Antonio Moreno.
Al inicio de la concentración, la asamblea de profesores, padres y alumnos del IES Lluís Vives leyó un comunicado en el que denunciaban que se les ha tratado a todos por igual como "terroristas". Ratificaban la "unidad" de los tres estamentos educativos "contra los recortes". Insistían en que, desde que el miércoles la policía esposara y detuviera a un alumno menor del centro, "la violencia ha sido ilógica y desproporcionada", tanto contra los adolescentes como contra los trabajadores y enseñantes del centro. Por eso pedían la dimisión de la delegada del Gobierno y del jefe de la policía, a quien consideran responsable directo de "criminalizar" a los manifestantes por "defender sus derechos". Moreno acuñó el lunes el término "enemigo" para referirse a los estudiantes, por sus tácticas supuestamente beligerantes. En un folio escrito con rotulador, Clara García, estudiante de Bachillerato en un instituto valenciano le recordó a Moreno que protestan solo "por una educación pública y de calidad".
No quieren un sistema educativo que cerró el ejercicio de 2011 en números rojos, que amaneció el 5 de enero de 2012 con un decreto de recortes salariales para todos los funcionarios de la Generalitat y ha padecido cortes de luz y de calefacción por no poder pagar las facturas. "Estamos aquí para proteger a los estudiantes, si hace falta", decía Pau Martínez, joven cineasta que acudió puntual desde las tres la tarde: "Me parece escandaloso lo que pasó el lunes".
Las críticas al Consell incluyeron al presidente Alberto Fabra. Pablo La Parra, estudiante del instituto público María Enríquez de Gandia, que acababa de recibir de manos del presidente el "reconocimiento académico de la Generalitat al mejor expediente", le lanzó un duro dardo. Acompañado de sus padres, ambos catedráticos, que compartieron su indignación, preguntó: "¿Cómo puede el presidente justificar que golpeen a estudiantes y después defender su política educativa en la entrega de los reconocimientos?". El joven consideró que "Fabra había instrumentalizado el acto para presumir de su política educativa, que ha creado una crisis sin precedentes en la Comunidad Valenciana". "Alex, con 12 años, ya sabe qué es la injusticia. Nunca antes habían cargado contra los niños", aseguraba con impotencia Josevi Plaza, padre de este alumno del Lluís Vives.
Los jueces censuran la "orientación represiva" del jefe de la policía en Valencia
La asociación afirma que las declaraciones de Moreno criminalizan a grupos de ciudadanos
Expresa su preocupación por el "salto cualitativo" de las últimas cargas policiales
La asociación Jueces para la Democracia ha censurado las alusiones de "fuerte orientación represiva" realizadas ayer por el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, en la que se refirió a los participantes en las protestas estudiantiles de Valencia como el "enemigo". En un comunicado, los jueces afirman que las declaraciones de Moreno "criminalizan a grupos de ciudadanos por su mera adscripción a un colectivo concreto".
La asociación expresa su "preocupación" ante las declaraciones públicas de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad y el "salto cualitativo" que en materia de orden público se está produciendo en Valencia tras las últimas cargas policiales, que ayer se saldaron con otros 26 detenidos y una quincena de heridos.
"En una sociedad democrática no se castiga a grupos humanos" sino solo en "actuaciones delictivas singularizadas". La referencia genérica de "enemigo" para calificar a los estudiantes que expresan sus protestas resulta "más propia de un Estado policial que de un Estado democrático de derecho".
En opinión de esta asociación, la "errática gestión" de la Delegación del Gobierno ha convertido una "mera protesta estudiantil por falta de medios materiales y de calefacción en un instituto en una quiebra violenta de la convivencia pacífica".
"Donde no existía un problema ciudadano, sino unas reivindicaciones legítimas, se ha llegado a una situación caótica, provocada por quienes tendrían que haber garantizado el orden público con una mayor prudencia y sentido de la responsabilidad", concluye el comunicado de Jueces para la Democracia.
"En una sociedad democrática no se castiga a grupos humanos" sino solo en "actuaciones delictivas singularizadas". La referencia genérica de "enemigo" para calificar a los estudiantes que expresan sus protestas resulta "más propia de un Estado policial que de un Estado democrático de derecho".
En opinión de esta asociación, la "errática gestión" de la Delegación del Gobierno ha convertido una "mera protesta estudiantil por falta de medios materiales y de calefacción en un instituto en una quiebra violenta de la convivencia pacífica".
"Donde no existía un problema ciudadano, sino unas reivindicaciones legítimas, se ha llegado a una situación caótica, provocada por quienes tendrían que haber garantizado el orden público con una mayor prudencia y sentido de la responsabilidad", concluye el comunicado de Jueces para la Democracia.
Abajo las porras, arriba los libros
- Miles de personas piden la dimisión de la delegada del Gobierno...
- ...Y la delegada asegura a los estudiantes que no piensa dimitir
- Menos presencia policial y protestas pacíficas que no dejan incidentes
- El juez deja en libertad con cargos a 12 de los arrestados el lunes
- La protesta del martes ha finalizado frente a la Delegación del Gobierno
- Este miércoles hay convocada una 'gran manifestación' a las 18.00 horas
En la quinta jornada de protestas estudiantiles en Valencia la normalidad ha vuelto a las calles dentro del ambiente reivindicativo propiciado por las concentraciones contra los recortes en educación, que han acabado convirtiéndose en el rechazo de estudiantes, profesores, padres, sindicalistas y políticos de izquierda a la actuación policial que se ha saldado con decenas de cargas y 42 detenidos en cuatro días.
Tras la tensión vivida en la jornada del lunes, con 25 detenciones, una plataforma integrada por todos los partidos políticos de la oposición, organizaciones sindicales, estudiantiles y ciudadanas ha anunciado una "gran manifestación" entre el instituto Lluis Vives y la Delegación del Gobierno este miércoles para pedir la dimisión de la delegada en la Comunidad, Paula Sánchez de León.
Este martes han confluido frente a la Estación del Norte la concentración ciudadana frente al Lluis Vives, foco de la protesta estudiantil, y una marcha universitaria desde la Facultad de Historia, lo que ha unido a miles de personas que han iniciado una marcha rumbo a la delegación de Gobierno para exigir el cese de Sánchez de León.
Los libros, en esta ocasión, han triunfado sobre las porras. Con una menor presencia policial que en anteriores jornadas, agentes locales y nacionales han acompañado a los manifestantes en su recorrido, en el que sólo se ha divisado la presencia de antidisturbios a las puertas de la Delegación del Gobierno, custodiando el acceso.
La asamblea denuncia que estas actuaciones "fuera de cualquier lógica democrática contra adolescentes y menores, tratados como a delincuentes", se han repetido el jueves, el viernes y el lunes, y considera que estas actuaciones se enmarcan en "los intentos reiterados de nuestras autoridades de desprestigiar la enseñanza pública y criminalizar a los profesores, personal no docente, estudiantes y familias comprometidos en la dignificación de esta educación pública".
Desde el Lluis Vives desmienten las declaraciones del jefe superior de Policía, Antonio Moreno, quien habló de "cinco policías heridos por agresiones de estudiantes" mientras dijo que "las lesiones de estudiantes son debidas a caídas o tropiezos".
Estos son los motivos principales que llevan a la asamblea del instituto a pedir la dimisión de la delegada del Gobierno, del jefe superior de Policía y del ministro de Interior, así como a exigir responsabilidades a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Avanzan desde el foco de la protesta que el objetivo inmediato de la comunidad educativa es "recomponer la estabilidad psíquica y emocional del alumnado y de sus familias", exigiendo "responsabilidades penales y políticas para los que han promovido este despropósito".
Aunque algunos de los progenitores y jóvenes afectados ya han denunciado los hechos de forma individual, un grupo de personas está barajando llevar el caso ante la justicia de manera conjunta. De hecho, han acordado buscar un abogado para "hacer las cosas bien", ha comentado la portavoz de la asamblea del Lluis Vives.
Sánchez de León con los portavoces de los estudiantes | Atlas
Dentro de la nueva estrategia política de dialogar en los despachos y reducir la presencia policial en las calles, la delegada del Gobierno en la Comunidad, Paula Sánchez de León, ha recibido a última hora de este martes al portavoz de la Federación Valenciana de Estudiantes, Albert Ordóñez, con quien ha conversado con tono sosegado con el fin de recuperar la calma y que la situación se normalice tras los violentos altercados de las últimas horas.
La delegada del Gobierno ha transmitido al portavoz de los estudiantes que no es momento de hablar de dimisiones, y le ha indicado que no eliminarán los cargos imputados a las personas detenidas en las protestas estudiantiles.
La reunión se ha prolongado durante una hora y media y sólo se ha permitido el acceso a los medios gráficos. A su bajada del encuentro y tras atender a los periodistas, Ordóñez se ha unido a las cientos de personas, en su mayoría jóvenes, que le esperaban en plena calle de Colón y cuyo número ha crecido rápidamente hasta colapsar todo el entorno de la plaza de los Pinazo, lo que ha llevado a cortar nuevamente al tráfico la calle desde la plaza de la Porta de la Mar.
Desde ese momento se han sucedido los gritos contra Sánchez de León y las exigencias de su cese como delegada del Gobierno, así como los insultos contra la decena de policías antidisturbios que custodian la entrada de la sede ministerial, a quienes tachan de "mercenarios".
Tras la tensión vivida en la jornada del lunes, con 25 detenciones, una plataforma integrada por todos los partidos políticos de la oposición, organizaciones sindicales, estudiantiles y ciudadanas ha anunciado una "gran manifestación" entre el instituto Lluis Vives y la Delegación del Gobierno este miércoles para pedir la dimisión de la delegada en la Comunidad, Paula Sánchez de León.
Este martes han confluido frente a la Estación del Norte la concentración ciudadana frente al Lluis Vives, foco de la protesta estudiantil, y una marcha universitaria desde la Facultad de Historia, lo que ha unido a miles de personas que han iniciado una marcha rumbo a la delegación de Gobierno para exigir el cese de Sánchez de León.
Los libros, en esta ocasión, han triunfado sobre las porras. Con una menor presencia policial que en anteriores jornadas, agentes locales y nacionales han acompañado a los manifestantes en su recorrido, en el que sólo se ha divisado la presencia de antidisturbios a las puertas de la Delegación del Gobierno, custodiando el acceso.
Libertad provisional para los detenidos
Otra de las peticiones de la plataforma ciudadana para abandonar las concentraciones era la puesta en libertad de los detenidos en la jornada del lunes, que se ha producido este martes con la obligación de los 12 arrestados de comparecer periódicamente ante el juez, al quedar la causa está abierta por resistencia, desórdenes, lesiones y atentado a la autoridad.Comunicado del Lluis Vives
Una "violentísima y desproporcionada actuación policial contra un grupo de estudiantes concentrados pacíficamente para protestar contra los recortes en Educación" que terminó con "diversos alumnos heridos y contusionados y hasta un detenido, lesionado, esposado y conducido a la comisaría de Zapadores". Este es el germen de la revuelta ciudadana que se ha vivido estos días en las calles de Valencia según explica en un comunicado la Asamblea del Profesorado, Padres y Alumnos del instituto Lluis Vives.La asamblea denuncia que estas actuaciones "fuera de cualquier lógica democrática contra adolescentes y menores, tratados como a delincuentes", se han repetido el jueves, el viernes y el lunes, y considera que estas actuaciones se enmarcan en "los intentos reiterados de nuestras autoridades de desprestigiar la enseñanza pública y criminalizar a los profesores, personal no docente, estudiantes y familias comprometidos en la dignificación de esta educación pública".
Desde el Lluis Vives desmienten las declaraciones del jefe superior de Policía, Antonio Moreno, quien habló de "cinco policías heridos por agresiones de estudiantes" mientras dijo que "las lesiones de estudiantes son debidas a caídas o tropiezos".
Estos son los motivos principales que llevan a la asamblea del instituto a pedir la dimisión de la delegada del Gobierno, del jefe superior de Policía y del ministro de Interior, así como a exigir responsabilidades a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Avanzan desde el foco de la protesta que el objetivo inmediato de la comunidad educativa es "recomponer la estabilidad psíquica y emocional del alumnado y de sus familias", exigiendo "responsabilidades penales y políticas para los que han promovido este despropósito".
Demanda de los padres contra la Policía
Padres de algunos de los detenidos en las protestas estudiantiles que estos días se suceden en Valencia -varios de ellos menores- están estudiando interponer de manera conjunta una demanda por la actuación policial que consideran "desproporcionada".Aunque algunos de los progenitores y jóvenes afectados ya han denunciado los hechos de forma individual, un grupo de personas está barajando llevar el caso ante la justicia de manera conjunta. De hecho, han acordado buscar un abogado para "hacer las cosas bien", ha comentado la portavoz de la asamblea del Lluis Vives.
De León recibe a los estudiantes
La delegada del Gobierno ha transmitido al portavoz de los estudiantes que no es momento de hablar de dimisiones, y le ha indicado que no eliminarán los cargos imputados a las personas detenidas en las protestas estudiantiles.
La reunión se ha prolongado durante una hora y media y sólo se ha permitido el acceso a los medios gráficos. A su bajada del encuentro y tras atender a los periodistas, Ordóñez se ha unido a las cientos de personas, en su mayoría jóvenes, que le esperaban en plena calle de Colón y cuyo número ha crecido rápidamente hasta colapsar todo el entorno de la plaza de los Pinazo, lo que ha llevado a cortar nuevamente al tráfico la calle desde la plaza de la Porta de la Mar.
Desde ese momento se han sucedido los gritos contra Sánchez de León y las exigencias de su cese como delegada del Gobierno, así como los insultos contra la decena de policías antidisturbios que custodian la entrada de la sede ministerial, a quienes tachan de "mercenarios".
La presión de los ciudadanos y del Gobierno obliga a retirar a los antidisturbios y calma la revuelta
La policía deja que miles de estudiantes recorran el centro de Valencia sin practicar detenciones ni usar la fuerza como en los cuatro días anteriores - Las apelaciones de Rajoy y del ministro del Interior a la mesura y contra los excesos cambian la estrategia - La delegada se reúne con el líder estudiantil
La presión de la calle, con miles de jóvenes recorriendo el centro de Valencia al socaire de una opinión pública hipersensibilizada, y las nuevas directrices del Gobierno central, con el presidente Rajoy que instó desde Londres a actuar "con mesura y sentido común" y con el ministro del Interior que admitió "algún exceso policial", obligó ayer a un cambio de estrategia de las autoridades ante la revuelta estudiantil de Valencia.
Ayer, los agentes antidisturbios no disolvieron las multitudinarias manifestaciones que ocuparon de forma ilegal la calle y cortaron el tráfico como en días anteriores; la policía nacional desapareció de la vista de los manifestantes (los agentes sólo vigilaban edificios institucionales); no se produjo ninguna detención; y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, dejó atrás su enrocada postura de mano dura revestida de cumplimiento de la legalidad para anunciar una investigación interna que determine si hubo "exceso policial" y reunirse después -por primera vez- con dos representantes de los estudiantes.
El cambio de táctica dio sus resultados: ayer no hubo detenidos, ni heridos, ni altercados públicos ni imágenes de violencia policial a golpe de porra. Nada de eso. En Valencia sólo se vio a una masa de jóvenes empuñando libros y arropados por la gente de la calle, que les sonreía, y conductores que daban bocinazos cómplices. Esa masa clamó en la calle por sus libertades, criticó la actuación policial y exigió la dimisión de la delegada del Gobierno, que seis días después de que se iniciara la llamada "primavera valenciana" ha decidido aplicar la estrategia solicitada tantas veces por la mayoría de agentes políticos y sociales.
Hasta ahora, Paula Sánchez de León había defendido en todo momento que la actuación de la policía no se decide en su despacho sino en la calle y respaldaba la actuación policial porque había que primar el cumplimiento de la legalidad. En cambio, ayer se vio obligada a cambiar de actitud después de que sus superiores le enmendaran la plana. El punto de inflexión, sin duda, fue la mezcla de las imágenes de los porrazos a los estudiantes y la declaración del jefe superior de la policía en la Comunitat Valenciana, que llamó "el enemigo" a los manifestantes.
Críticas de los suyos
Ambos hechos dispararon la indignación social en toda España. Y esa indignación, junto con la posibilidad del contagio de la revuelta a otras ciudades españolas, motivaron ayer los primeros toques de atención públicos por parte de los suyos. Porque ayer las críticas ya no le venían de Compromís, Esquerra Unida, los sindicatos o los estudiantes, como el día anterior. No. Ayer fue el mismo presidente Mariano Rajoy quien aseguró: "No podemos dar una imagen fuera que no es la de nuestro país". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue más lejos al reconocer que se había producido "algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía" y anunció que querían "controlar" el exceso "de quienes puedan, desde las filas de la policía, tener una actuación que a lo mejor ha sido excesiva". Eso sí: después, tras las críticas de los sindicatos policiales por "escurrir el bulto", el ministro se desdijo y puntualizó que sólo se refería a "excesos" de los "radicales y violentos".
Incluso el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, afirmó que "la violencia no es algo que pueda solucionar las cosas" y reconoció que en las imágenes de las cargas policiales él ha visto "posibles excesos" de la policía. Alfonso Rus añadió que "la represión no es positiva para nada" y que "la gente tiene que hablar libremente". Y como coda a las rectificaciones, tanto el ministro como la delegada del Gobierno consideraron que el jefe de la policía en Valencia "no ha estado afortunado" en el uso de su terminología bélica. Es más: el responsable autonómico de la Policía Nacional, Antonio Moreno, se desdijo de esta polémica frase y le reconoció ayer a Sánchez de León que hablar de los estudiantes como "el enemigo" fue "una equivocación. Los ciudadanos son ciudadanos y no son amigos ni enemigos", dijo De León.
La revuelta muta de sentido
Así pues: igual que la esencia de la revuelta ha mutado (los jóvenes ya no protestan por los recortes en Educación como al principio, sino en favor de las libertades y contra la actuación policial), también el criterio de la policía y de la Delegación de Gobierno ha cambiado. En su rueda de prensa, Paula Sánchez de León anunció que había ordenado la apertura de un "expediente informativo" para determinar si ha habido "excesos policiales" o "extralimitación" contra los manifestantes (el lunes por la noche no veía necesidad de ello) y, si fuera así, "se depurarán responsabilidades", dijo.
La delegada también señaló que iba a dar "todas las instrucciones necesarias" para que no se reprodujeran los posibles excesos policiales. Esa orden se dio y los manifestantes demostraron que podían cortar el tráfico sin causar altercados. A última hora, Sánchez de León se reunió con el representante de los estudiantes, Albert Ordóñez (detenido el viernes). Éste le pidió la dimisión por lo ocurrido, y ella le dijo que debían cesar las protestas no comunicadas.
Ayer, los agentes antidisturbios no disolvieron las multitudinarias manifestaciones que ocuparon de forma ilegal la calle y cortaron el tráfico como en días anteriores; la policía nacional desapareció de la vista de los manifestantes (los agentes sólo vigilaban edificios institucionales); no se produjo ninguna detención; y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, dejó atrás su enrocada postura de mano dura revestida de cumplimiento de la legalidad para anunciar una investigación interna que determine si hubo "exceso policial" y reunirse después -por primera vez- con dos representantes de los estudiantes.
El cambio de táctica dio sus resultados: ayer no hubo detenidos, ni heridos, ni altercados públicos ni imágenes de violencia policial a golpe de porra. Nada de eso. En Valencia sólo se vio a una masa de jóvenes empuñando libros y arropados por la gente de la calle, que les sonreía, y conductores que daban bocinazos cómplices. Esa masa clamó en la calle por sus libertades, criticó la actuación policial y exigió la dimisión de la delegada del Gobierno, que seis días después de que se iniciara la llamada "primavera valenciana" ha decidido aplicar la estrategia solicitada tantas veces por la mayoría de agentes políticos y sociales.
Hasta ahora, Paula Sánchez de León había defendido en todo momento que la actuación de la policía no se decide en su despacho sino en la calle y respaldaba la actuación policial porque había que primar el cumplimiento de la legalidad. En cambio, ayer se vio obligada a cambiar de actitud después de que sus superiores le enmendaran la plana. El punto de inflexión, sin duda, fue la mezcla de las imágenes de los porrazos a los estudiantes y la declaración del jefe superior de la policía en la Comunitat Valenciana, que llamó "el enemigo" a los manifestantes.
Críticas de los suyos
Ambos hechos dispararon la indignación social en toda España. Y esa indignación, junto con la posibilidad del contagio de la revuelta a otras ciudades españolas, motivaron ayer los primeros toques de atención públicos por parte de los suyos. Porque ayer las críticas ya no le venían de Compromís, Esquerra Unida, los sindicatos o los estudiantes, como el día anterior. No. Ayer fue el mismo presidente Mariano Rajoy quien aseguró: "No podemos dar una imagen fuera que no es la de nuestro país". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue más lejos al reconocer que se había producido "algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía" y anunció que querían "controlar" el exceso "de quienes puedan, desde las filas de la policía, tener una actuación que a lo mejor ha sido excesiva". Eso sí: después, tras las críticas de los sindicatos policiales por "escurrir el bulto", el ministro se desdijo y puntualizó que sólo se refería a "excesos" de los "radicales y violentos".
Incluso el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, afirmó que "la violencia no es algo que pueda solucionar las cosas" y reconoció que en las imágenes de las cargas policiales él ha visto "posibles excesos" de la policía. Alfonso Rus añadió que "la represión no es positiva para nada" y que "la gente tiene que hablar libremente". Y como coda a las rectificaciones, tanto el ministro como la delegada del Gobierno consideraron que el jefe de la policía en Valencia "no ha estado afortunado" en el uso de su terminología bélica. Es más: el responsable autonómico de la Policía Nacional, Antonio Moreno, se desdijo de esta polémica frase y le reconoció ayer a Sánchez de León que hablar de los estudiantes como "el enemigo" fue "una equivocación. Los ciudadanos son ciudadanos y no son amigos ni enemigos", dijo De León.
La revuelta muta de sentido
Así pues: igual que la esencia de la revuelta ha mutado (los jóvenes ya no protestan por los recortes en Educación como al principio, sino en favor de las libertades y contra la actuación policial), también el criterio de la policía y de la Delegación de Gobierno ha cambiado. En su rueda de prensa, Paula Sánchez de León anunció que había ordenado la apertura de un "expediente informativo" para determinar si ha habido "excesos policiales" o "extralimitación" contra los manifestantes (el lunes por la noche no veía necesidad de ello) y, si fuera así, "se depurarán responsabilidades", dijo.
La delegada también señaló que iba a dar "todas las instrucciones necesarias" para que no se reprodujeran los posibles excesos policiales. Esa orden se dio y los manifestantes demostraron que podían cortar el tráfico sin causar altercados. A última hora, Sánchez de León se reunió con el representante de los estudiantes, Albert Ordóñez (detenido el viernes). Éste le pidió la dimisión por lo ocurrido, y ella le dijo que debían cesar las protestas no comunicadas.
Estudiantes, sindicatos y partidos convocan una manifestación esta tarde
Partirá a las 18 horas del IES Lluís Vives y culminará frente a la sede de la Delegación del Gobierno, donde se pedirá la dimisión de Paula Sánchez de León
Sindicatos, asociaciones estudiantiles y partidos políticos han convocado una "gran manifestación" hoy a las seis de la tarde en Valencia para pedir la dimisión de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y reafirmar su protesta contra los recortes en Educación.
La manifestación, que será comunicada oficialmente a la Administración del Estado a primera hora de la mañana, partirá del instituto de Enseñanza Secundaria Lluís Vives, erigido como símbolo de la protesta estudiantil, y culminará frente a la sede de la Delegación del Gobierno.
Esta medida ha sido pactada en una reunión urgente celebrada en el teatro El Micalet entre una veintena de colectivos cívicos, asociaciones estudiantiles, sindicatos y partidos políticos, entre ellos el PSPV-PSOE, Esquerra Unida y la coalición Compromís.
El principal objetivo de la manifestación es apoyar a los estudiantes, "los únicos que están dando la cara de verdad", según ha subrayado la madre de una menor que fue detenida durante las concentraciones de la pasada semana.
También reafirmará el rechazo de la comunidad educativa hacia los recortes presupuestarios en este sector y además se exigirá la dimisión de la delegada del Gobierno, a quien consideran máxima responsable de la "brutalidad" con la que a su juicio ha actuado la Policía durante estos días.
Además de esta protesta, los asistentes a la reunión han acordado dar cobertura a otras concentraciones en defensa de la enseñanza pública, como una "bicifestación" que se celebrará mañana a mediodía y una manifestación que tendrá lugar el próximo día 25 a favor de los servicios públicos.
La asamblea ha incidido especialmente en apoyar la huelga de enseñanza secundaria y universitaria convocada por sindicatos estudiantiles para el próximo día 29.
También han acordado canalizar la defensa de los detenidos, los que ha habido hasta el momento y los que pueda haber, a través de los servicios jurídicos de sus principales entidades y articular un cauce común para interponer reclamaciones por daños.
Los integrantes de la asamblea solicitarán además a la Generalitat la convocatoria de la Junta autonómica de Seguridad Ciudadana para analizar la actuación de la Policía durante las protestas estudiantiles.
Estamos preocupados, los niños no han vuelto de la manifestación
Que la palabra manifestación sustituya a botellón en el vocabulario de los padres valencianos no es una buena noticia. Que un responsable policial califique a los estudiantes valencianos de "enemigo" y que parezcan existir directrices para reprimir duramente las manifestaciones de descontento social de raíz constituye un síntoma preocupante. Mientras esperamos los brotes verdes, desgraciadamente agostados en lo económico, apostamos por asegurar la conversión de la protesta de los jóvenes valencianos en el desierto. ¿Cuántos padres habrán despedido hoy a sus hijos camino del colegio con un preocupado "hijo, por favor, no vayas a la manifestación"?
Las fuerzas y cuerpos de seguridad conforme a su marco regulador tienen como deberes primarios ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos y únicamente actuar con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable. Por tanto, la actuación policial se orienta prioritariamente a salvaguardar los derechos fundamentales y, cabe recordar que la legislación sectorial garantiza la primacía del interés superior del menor.
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/1999 ofrece la posibilidad de utilizar videocámaras móviles y registrar, por ejemplo manifestaciones violentas, cuando se den situaciones excepcionales de urgencia máxima dando cuenta, en el plazo de setenta y dos horas, mediante un informe motivado, al máximo responsable provincial de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la comisión de garantías de videovigilancia. Por lo tanto, la ley ofrece alternativas técnicas mucho más selectivas que el palo y tentetieso.
Por otra parte, la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión ya no sirve en el urgente mundo de Whatsapp y las redes sociales. La movilidad social no admite plazos de 10 días naturales. Y si en la Primavera Árabe, los ciudadanos se han manifestado donde, cómo y cuando han querido a golpe de llamado en una red social, ¿por qué iba a ser diferente en un país con medios tecnológicos cuando el protagonista es un nativo digital? Y, en el mundo de la tan cacareada Administración electrónica deberíamos ser capaces de autorizar una reunión en lugares de tránsito público en un plazo de 48 a 72 horas.
Por otra parte, quienes quieran manifestar su crítica, deben recuperar la imaginación. Cortar una calle lesionando los derechos de los viandantes, poniendo en riesgo a una ambulancia que por allí circule, o destruyendo un contenedor, no merece nuestro respeto. Padres y educadores tenemos una responsabilidad vital, en estos momentos debemos enseñar a recuperar la protesta pacífica, hay que revisitar a Gandhi.
Es indispensable un cambio legislativo, dando fluidez al derecho de manifestación, es necesaria la contención policial, pero también es urgente un cambio de mentalidad política. Probablemente desde el Gobierno, y por tal me refiero a todos los gobiernos que han sido y serán, habitualmente se crea que estas manifestaciones en tiempos de crisis son desestabilizadoras, antisociales e incluso interesadamente dirigidas. Pero créanlo, el método de la porra no las parará, al contrario, iniciará un espiral de la que algún Gobierno se arrepentirá cuando a alguien se le vaya la mano y recibamos el primer muerto. Podría ser su hijo.
Ricard Martínez es profesor ayudante y doctor del departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad conforme a su marco regulador tienen como deberes primarios ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos y únicamente actuar con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable. Por tanto, la actuación policial se orienta prioritariamente a salvaguardar los derechos fundamentales y, cabe recordar que la legislación sectorial garantiza la primacía del interés superior del menor.
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/1999 ofrece la posibilidad de utilizar videocámaras móviles y registrar, por ejemplo manifestaciones violentas, cuando se den situaciones excepcionales de urgencia máxima dando cuenta, en el plazo de setenta y dos horas, mediante un informe motivado, al máximo responsable provincial de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la comisión de garantías de videovigilancia. Por lo tanto, la ley ofrece alternativas técnicas mucho más selectivas que el palo y tentetieso.
Por otra parte, la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión ya no sirve en el urgente mundo de Whatsapp y las redes sociales. La movilidad social no admite plazos de 10 días naturales. Y si en la Primavera Árabe, los ciudadanos se han manifestado donde, cómo y cuando han querido a golpe de llamado en una red social, ¿por qué iba a ser diferente en un país con medios tecnológicos cuando el protagonista es un nativo digital? Y, en el mundo de la tan cacareada Administración electrónica deberíamos ser capaces de autorizar una reunión en lugares de tránsito público en un plazo de 48 a 72 horas.
Por otra parte, quienes quieran manifestar su crítica, deben recuperar la imaginación. Cortar una calle lesionando los derechos de los viandantes, poniendo en riesgo a una ambulancia que por allí circule, o destruyendo un contenedor, no merece nuestro respeto. Padres y educadores tenemos una responsabilidad vital, en estos momentos debemos enseñar a recuperar la protesta pacífica, hay que revisitar a Gandhi.
La sociedad democrática necesita jóvenes comprometidos, que defiendan sus ideas, incluso cuando puedan estar equivocadas
La sociedad democrática necesita jóvenes comprometidos, que defiendan sus ideas, incluso cuando puedan estar equivocadas. No podemos apostar por el miedo como técnica de ordenación social, no es propio del Estado democrático que consagra nuestra Constitución. Por otra parte, ahora que con la candidatura olímpica Madrid presume de esos simpaticotes superdemócratas del 15-M, las imágenes de enfrentamientos y niños y niñas apaleadas dando la vuelta al mundo y #primaveravalenciana cono trending topic mundial son lujos que nuestra primera industria no se puede permitir.Es indispensable un cambio legislativo, dando fluidez al derecho de manifestación, es necesaria la contención policial, pero también es urgente un cambio de mentalidad política. Probablemente desde el Gobierno, y por tal me refiero a todos los gobiernos que han sido y serán, habitualmente se crea que estas manifestaciones en tiempos de crisis son desestabilizadoras, antisociales e incluso interesadamente dirigidas. Pero créanlo, el método de la porra no las parará, al contrario, iniciará un espiral de la que algún Gobierno se arrepentirá cuando a alguien se le vaya la mano y recibamos el primer muerto. Podría ser su hijo.
Ricard Martínez es profesor ayudante y doctor del departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València.
