Pitos, libros y globos negros en la primera 'mascletà' de Fallas
El Ayuntamiento de Valencia sube al máximo la música ambiente para acallar la protesta
Grupos de jóvenes aprovechan para reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno
Grupos de estudiantes han aprovechado la 'mascletà' para airear su protesta. / TANIA CASTRO
"No huele a pólvora, huele a chorizo", rezaba una pancarta frente al balcón del Ayuntamiento. A la tradicional mascletà de las Fallas 2012, la primera de este año, la han acompañado pitos, libros, globos negros y alguna cacerolada en sartenes de paella. Algo menos de un centenar de personas, dispersado en pequeños grupos, se han dispersado entre los festeros para abuchear a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que hoy la acompañaba en el balcón presidencial.
A los gritos usuales de "Delegada, dimisión" dirigidos contra la delegada del Gobierno Paula Sánchez de León, se han unido los de "Fuera, fuera" o "Menos corrupción y más educación" coreados contra los asistentes del balcón del Ayuntamiento, que ha subido al máximo la música ambiental para disipar el sonido de las quejas.
Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, ha asegurado no haber sentido la protesta. "Yo solo he oído una mascletà", ha dicho sonriente.
La pirotecnia Peñarroja, de la Vall d'Uixò, abrió una vez más el programa. Hace 15 años que lo hace. Pepe Nebot Peñarroja, propietario de la pirotecnia, ha asegurado que el disparo tenía "tintes muy clásicos", pero combinados "con nuevas figuras, formas y componentes". Lo mismo que el público que siguió el arranque de la fiesta fallera en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
El Consell busca abrir una brecha en los sindicatos opuestos al decretazo
Las centrales aceptan sentarse a negociar pero mantienen las movilizaciones
El decreto que recorta el salario a los empleados públicos entró en vigor ayer
Tras más de dos meses de conflicto y movilizaciones por la aprobación de un decreto que recorta los salarios de los empleados de la Generalitat, el Consell y los sindicatos abrieron ayer un nuevo escenario.
El consejero de Hacienda, José Manuel Vela —a quien los sindicatos han exigido reiteradamente la dimisión—, presentó ayer en la mesa general de la Función Pública un documento con el que intenta suavizar el contenido del decretazo y abrir una brecha en la plataforma sindical, que ha mostrado hasta ahora un rechazo unánime a los recortes aprobados por el Gobierno del PP, que preside Alberto Fabra.
Los sindicatos, convocados todos ellos formalmente, y por primera vez, desde la aprobación del decreto de medidas urgentes, aceptaron sentarse a hablar a partir del próximo lunes en una mesa de negociación.
Pero ni el consejero de Hacienda aceptó paralizar la entrada en vigor del decreto, ni los sindicatos suspender las movilizaciones que tienen organizadas. "El Consell no suspenderá en ningún caso el decreto", explicó Vela, "porque la reducción del déficit es innegociable, pero no se rompe la baraja y se constituye un grupo de trabajo sobre el documento que hemos presentado y todo aquello que consideren oportuno".
"Abrimos el diálogo, pero habrá movilizaciones en paralelo", advierten los sindicatos de Función Pública
"Hemos propuesto suspender las movilizaciones si ellos suspenden la entrada en vigor del decreto pero no han querido", explicó el dirigente de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Luis Lozano, que tachó el documento presentado por Vela de insuficiente.
Lozano argumentó: "Hace falta diálogo para salvar la situación, que es grave. Y abrimos el diálogo, pero habrá movilizaciones en paralelo". Lozano admitió que también habían reclamado la retirada de las denuncias presentadas contra 55 sindicalistas por ocupar sedes de la Generalitat en las capitales de las tres provincias.
El documento propuesto por la Generalitat apenas introduce novedad alguna en el contenido del decreto que recorta el salario de los empleados públicos. El escrito se compromete, fundamentalmente, a recuperar parte del recorte salarial aplicado si la economía valenciana crece más del 0,5%. Una previsión muy poco probable si, como anuncian los principales organismos económicos, la economía española se encamina hacia una recesión en 2012.
Los sindicatos representados en la negociación con la Generalitat mostraron ayer matices en la valoración del documento. CSIF y su dirigente Daniel Matoses fue el que realizó una lectura más positiva de la propuesta formulada por el Consell.
"La propuesta tiene aspectos importantes como que los interinos mantengan sus puestos, la propuesta de horarios —que agrupa la jornada laboral para permitir a la Administración abrir solo una tarde semanal en vez de las dos actuales— y otros aspectos que no empeoran el decreto", señaló Matoses.
Vicent Mauri, de Intersindical Valenciana, fue el más incrédulo con la propuesta presentada por Vela. "No aceptaremos que los interinos paguen la crisis. Tenemos una mesa negociadora, pero las espadas siguen en alto porque el consejero de Hacienda no ha querido suspender el decreto. Las cosas están como estaban".
Lozano, que ejerció de portavoz de la plataforma en la mesa advirtió que los sindicatos realizan un ejercicio de responsabilidad, mientras que Arturo León, de Comisiones Obreras, adelantó que si no hay cambios en el decreto de recortes "la tensión se va a mantener e incrementar". "Miles de interinos van a ver, desde hoy [por ayer] mermada su jornada laboral y su salario", indicó.
Andrés Cánovas, de FSES, se mostró más conciliador al ver en la negociación con los sindicatos una posibilidad de resolver los problemas del decreto.
La pugna por los interinos
La entrada en vigor del decreto del decreto del 5 de enero supuso ayer para miles de interinos la reducción de su jornada laboral y la consecuente reducción de salario. Este colectivo, uno de los más perjudicados por el recorte del Consell, que insiste en que no ha despedido a nadie, se ha convertido en uno de los elementos clave de una posible negociación.
En la propuesta realizada a los sindicatos, el Consell se compromete a garantizar "el número de funcionarios interinos docentes que hayan obtenido vacante al inicio del curso 2011-2012".
"Queremos dar estabilidad a los interinos y las 7.800 plazas se mantendrían este curso y el que viene", admite la consejera de Educación, María José Catalá.
Para Intersindical, el problema es que el compromiso figura debajo de un párrafo en el que la Generalitat "garantiza el cumplimiento de 18 horas lectivas semanales efectivas en el ámbito de la enseñanza secundaria". Y es en la palabra "efectivas" donde se centra parte del escollo, porque de cumplirse a rajatabla, las clases que tienen una duración de 50 minutos reales se llevarían a 60. La diferencia de tiempo, analizada individualmente, no parece tener consecuencias. Cuando se acumula, el cálculo hace torcer el gesto a los sindicatos que calculan que en la práctica supondría la reducción de entre 350 y 500 interinos menos el año que viene. Lo que, en su opinión, supondría otro deterioro en la calidad de la enseñanza pública que ya se enfrenta a jubilaciones que no se cubren, bajas por enfermedad que se retrasan y al deterioro de las condiciones del personal no docente que contribuye al funcionamiento de los centros.
El documento señala, además, que los compromisos de la Generalitat serán revisables si el Gobierno adopta nuevos ajustes que sean de aplicación obligatoria para las comunidades autónomas. Una situación que ya se ha producido con la reciente reforma laboral que, tal y como entienden los sindicatos, los excluye de los efectos del decretazo del Consell. Se trata de los interinos dependientes de la Administración de Justicia y de los empleados laborales temporales de la Generalitat y sus empresas públicas, a los que la reforma aprobada por Rajoy no incluye entre los colectivos a los que se puede aplicar por decreto una reducción de jornada. Otra de las excepciones previsibles es la de un centenar de funcionarios que reciben sus emolumentos de la UE y de fondos finalistas del Estado.
Catalá se muestra «cansada» de la imagen que dan las protestas
El rector Morcillo destaca en el claustro el malestar universitario por la actuación policial "desmesurada"
La consellera de Educación, María José Catalá, aseguró ayer, sobre las protestas estudiantiles, estar «cansada» de que se dé una imagen de la Comunitat Valenciana que «no responde a la realidad», según indicó a los medios antes de mantener una reunión de trabajo con el director ejecutivo de Berklee Valencia, Guillermo Cisneros.
Catalá realizó estas manifestaciones al ser preguntada por la iniciativa «#NoSomosGrecia», que ha puesto en marcha la Asociación Valenciana de Estudiantes para «revalorizar la imagen de la Comunitat y los alumnos» tras las manifestaciones y de los últimos altercados entre alumnos y las fuerzas de seguridad del Estado.
Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, aseguró el miércoles en declaraciones a la cadena Ser que no piensa dimitir porque se siente con «más fuerza para seguir adelante».
Según aseguró, su objetivo es demostrar que se pueden celebrar manifestaciones «sin utilizar la violencia» y que la Policía actuó en las protestas de estudiantes en «situaciones límites. Se actuó porque había actuaciones ilícitas que no se podían evitar de otra forma. Los políticos hablaban de carga cuando la policía solo quería mantener el orden» sentenció.
Por su parte, en el claustro celebrado ayer, el rector de la Universitat de València Esteban Morcillo expuso sobre estas movilizaciones las gestiones realizadas ante de diferentes instituciones y los comunicados en los que se expresaban el malestar de la comunidad universitaria por «la desmesurada» actuación policial en las concentraciones de estudiantes de Valencia. Además, expresó su agradecimiento a los profesores y personal de administración de los centros donde se registraron encierros de estudiantes.
Por parte de los alumnos, la intervención más unitaria reunió a representantes del BEA, A Contracorrent y SEPC que leyeron un texto en el que indicaron que las movilizaciones van a continuar y criticaron la actuación policial.
Catalá realizó estas manifestaciones al ser preguntada por la iniciativa «#NoSomosGrecia», que ha puesto en marcha la Asociación Valenciana de Estudiantes para «revalorizar la imagen de la Comunitat y los alumnos» tras las manifestaciones y de los últimos altercados entre alumnos y las fuerzas de seguridad del Estado.
Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, aseguró el miércoles en declaraciones a la cadena Ser que no piensa dimitir porque se siente con «más fuerza para seguir adelante».
Según aseguró, su objetivo es demostrar que se pueden celebrar manifestaciones «sin utilizar la violencia» y que la Policía actuó en las protestas de estudiantes en «situaciones límites. Se actuó porque había actuaciones ilícitas que no se podían evitar de otra forma. Los políticos hablaban de carga cuando la policía solo quería mantener el orden» sentenció.
Por su parte, en el claustro celebrado ayer, el rector de la Universitat de València Esteban Morcillo expuso sobre estas movilizaciones las gestiones realizadas ante de diferentes instituciones y los comunicados en los que se expresaban el malestar de la comunidad universitaria por «la desmesurada» actuación policial en las concentraciones de estudiantes de Valencia. Además, expresó su agradecimiento a los profesores y personal de administración de los centros donde se registraron encierros de estudiantes.
Por parte de los alumnos, la intervención más unitaria reunió a representantes del BEA, A Contracorrent y SEPC que leyeron un texto en el que indicaron que las movilizaciones van a continuar y criticaron la actuación policial.
El Consell busca una tregua con los sindicatos para rebajar la presión de la calle por el ajuste
Vela se compromete a estudiar la retirada de las denuncias a 55 delegados por los encierros, aunque no consigue parar las movilizaciones - Las organizaciones sindicales insisten en que se retire el decreto aunque aceptan mantener la negociación
una tregua con las organizaciones sindicales con el objetivo de rebajar la presión en la calle como consecuencia de los recortes presupuestarios. Por primera vez en la historia de una reunión de la Mesa General de Negociación de la Función Pública tres consellers -los titulares de Hacienda, Educación y Sanidad, José Manuel Vela, Maria José Catalá y Luis Rosado- se sentaron frente a frente con los representantes de los sindicatos para tratar de frenar unas movilizaciones que están teniendo una importante repercusión social.
La reunión terminó sin acuerdo, pero sin portazo. No sin cierta sorpresa por parte de los responsables de la Generalitat, los sindicatos, que no quieren que se les acuse de intransigencia, aceptaron crear un grupo de trabajo para a partir del lunes empezar a negociar aspectos concretos del decreto-ley aprobado por el Consell el 5 de enero para reducir el déficit. Las medidas, que en una parte importate afectan al bolsillo de miles de funcionarios, fueron adoptadas sin mediar negociación. Tras dos meses de encierros y manifestaciones, el Ejecutivo quiere rebajar la tensión y ha empezado a hacer algunos gestos. Hace dos días, el titular de Hacienda, José Manuel Vela, hizo llegar un documento a los sindicatos en los que en apariencia se suaviza el decreto que ayer entró en vigor y que, entre otras cuestiones, implica una reducción de un tercio de la jornada y del sueldo de unos 1.500 interinos y la reducción a la mitad a los complementos retributivos que cobran los docentes y los sanitarios (sexenios y carrera profesional).
Sobre la base del decreto -que el Consell se niega a suspender- Vela propone una serie de medidas compensatorias, entre las que destaca, el compromiso de no despedir a interinos. Se incluye también la promesa de reducir los complemento de sexenios y carrera profesional (el 25 % en lugar del 50 %) en el caso de crecimiento del 0,5 % del PIB regional para el año 2013, así como el mantenimiento de las 18 horas lectivas semanales en enseñanza secundaria.
Junto al documento, que ya el día anterior los sindicatos consideraron insuficientes, Vela se esmeró en convencer a los sindicatos de que si la situación de las arcas autonómicas mejora la vigencia del decreto podría acortarse a un año. En su intento de convencer a los sindicatos para que desconvocaran las protestas, Vela llegó a prometerles que destinaría la mitad del ahorro en el gasto energético a compensar los recortes salariales. Si Rajoy, argumentó, conseguía flexibilizar los objetivos de déficit, también el Consell tendría más margen para suavizar sus recortes. El titular de Hacienda apeló también a los créditos del ICO para dibujar un escenario en el que fuera posible paliar el tijeretazo. Ahora bien, se mantuvo firme en que, por ahora, el decreto debería seguir en vigor. Eso sí, también en un gesto claro para rebajar la tensión, Vela se comprometió en plantear hoy en el pleno del Consell la retirada de la denuncia presentada por la policía autonómica contra medio centenar de delegados sindicales por los encierros. Vela, que es consciente de que todo el desgate por los recortes está recayendo en él a pesar de que los más severos inciden en Educación y Sanidad, sumó a Catalá y Rosado a su compromiso. Ambos, que no intervinieron durante la reunión, asintieron. Tal como informó ayer este diario, unos 55 sindicalistas se enfrentan a sanciones tras que la policía les denunciara por ocupación ilegal de varios edificios públicos.
Tras la intervención de Vela, los sindicatos pidieron un receso para unificar posturas. Al reanudarse la sesión, el secretario general de la FSP-UGT, Luis Lozano, que actuó de portavoz, dejó claro que las movilizaciones seguirían el calendario previsto pero que estaban dispuestos a hablar de los aspectos concretos del decreto.
Aunque la posibilidad de un acuerdo es muy remoto, Hacienda optó por destacar los aspectos positivos de la reunión. Vela se mostró optimista ante la prensa y admitió que pensaba que no habría ningún acuerdo". "No ha habido ruptura y se inicia un proceso de diálogo con el fin de alcanzar un acuerdo que la sociedad está demandando", aseveró. Con todo, los sindicatos lo tienen claro: "no se puede hacer caja a costa de los empleados públicos".
EU acusa a Fabra de persecución sindical
EU mostró ayer su solidaridad con los delegados sindicales denunciados y acusó al presidente Fabra de persecución sindical. En un comunicado el portavoz de EU, Ignacio Blanco, subrayó que los sindicalistas estaban ejerciendo sus derechos y su obligación de defender los intereses de los trabajadores públicos. Además, señaló que los encierros se llevaron a cabo sin ningún tipo de incidente ni daño. Blanco responsabilizó al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, de quien depende la policía autonómica y aseguró que las reuniones tenían autorización. No todos los encierros han acabado en el juzgado.
La reunión terminó sin acuerdo, pero sin portazo. No sin cierta sorpresa por parte de los responsables de la Generalitat, los sindicatos, que no quieren que se les acuse de intransigencia, aceptaron crear un grupo de trabajo para a partir del lunes empezar a negociar aspectos concretos del decreto-ley aprobado por el Consell el 5 de enero para reducir el déficit. Las medidas, que en una parte importate afectan al bolsillo de miles de funcionarios, fueron adoptadas sin mediar negociación. Tras dos meses de encierros y manifestaciones, el Ejecutivo quiere rebajar la tensión y ha empezado a hacer algunos gestos. Hace dos días, el titular de Hacienda, José Manuel Vela, hizo llegar un documento a los sindicatos en los que en apariencia se suaviza el decreto que ayer entró en vigor y que, entre otras cuestiones, implica una reducción de un tercio de la jornada y del sueldo de unos 1.500 interinos y la reducción a la mitad a los complementos retributivos que cobran los docentes y los sanitarios (sexenios y carrera profesional).
Sobre la base del decreto -que el Consell se niega a suspender- Vela propone una serie de medidas compensatorias, entre las que destaca, el compromiso de no despedir a interinos. Se incluye también la promesa de reducir los complemento de sexenios y carrera profesional (el 25 % en lugar del 50 %) en el caso de crecimiento del 0,5 % del PIB regional para el año 2013, así como el mantenimiento de las 18 horas lectivas semanales en enseñanza secundaria.
Junto al documento, que ya el día anterior los sindicatos consideraron insuficientes, Vela se esmeró en convencer a los sindicatos de que si la situación de las arcas autonómicas mejora la vigencia del decreto podría acortarse a un año. En su intento de convencer a los sindicatos para que desconvocaran las protestas, Vela llegó a prometerles que destinaría la mitad del ahorro en el gasto energético a compensar los recortes salariales. Si Rajoy, argumentó, conseguía flexibilizar los objetivos de déficit, también el Consell tendría más margen para suavizar sus recortes. El titular de Hacienda apeló también a los créditos del ICO para dibujar un escenario en el que fuera posible paliar el tijeretazo. Ahora bien, se mantuvo firme en que, por ahora, el decreto debería seguir en vigor. Eso sí, también en un gesto claro para rebajar la tensión, Vela se comprometió en plantear hoy en el pleno del Consell la retirada de la denuncia presentada por la policía autonómica contra medio centenar de delegados sindicales por los encierros. Vela, que es consciente de que todo el desgate por los recortes está recayendo en él a pesar de que los más severos inciden en Educación y Sanidad, sumó a Catalá y Rosado a su compromiso. Ambos, que no intervinieron durante la reunión, asintieron. Tal como informó ayer este diario, unos 55 sindicalistas se enfrentan a sanciones tras que la policía les denunciara por ocupación ilegal de varios edificios públicos.
Tras la intervención de Vela, los sindicatos pidieron un receso para unificar posturas. Al reanudarse la sesión, el secretario general de la FSP-UGT, Luis Lozano, que actuó de portavoz, dejó claro que las movilizaciones seguirían el calendario previsto pero que estaban dispuestos a hablar de los aspectos concretos del decreto.
Aunque la posibilidad de un acuerdo es muy remoto, Hacienda optó por destacar los aspectos positivos de la reunión. Vela se mostró optimista ante la prensa y admitió que pensaba que no habría ningún acuerdo". "No ha habido ruptura y se inicia un proceso de diálogo con el fin de alcanzar un acuerdo que la sociedad está demandando", aseveró. Con todo, los sindicatos lo tienen claro: "no se puede hacer caja a costa de los empleados públicos".
EU acusa a Fabra de persecución sindical
EU mostró ayer su solidaridad con los delegados sindicales denunciados y acusó al presidente Fabra de persecución sindical. En un comunicado el portavoz de EU, Ignacio Blanco, subrayó que los sindicalistas estaban ejerciendo sus derechos y su obligación de defender los intereses de los trabajadores públicos. Además, señaló que los encierros se llevaron a cabo sin ningún tipo de incidente ni daño. Blanco responsabilizó al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, de quien depende la policía autonómica y aseguró que las reuniones tenían autorización. No todos los encierros han acabado en el juzgado.
Adoctrinar
Honorato J. Ruiz
En estos tiempos de plomo y retroceso, determinada prensa está azuzando a la opinión pública con una idea recurrente: los profesores adoctrinamos a nuestros alumnos. Tal idea va calando poco a poco en una parte de la opinión pública, en esa mayoría silenciosa que da por bueno que el papel de la ciudadanía es tan sólo votar cada cuatro años y que ve con temor cualquier cuestionamiento al sistema. Según esta línea de pensamiento, los profesores manipulamos las dóciles mentes de nuestros pupilos, dentro de una dinámica politizada de enfrentamiento contra el orden establecido. Como si el orden establecido no adoctrinara con medios muchos más poderosos que el aula.
Dice la RAE que «adoctrinar» es instruir a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, inculcarle determinadas ideas o creencias. ¿Estoy adoctrinando a mis alumnos? He de reconocer que sí; que lo vengo haciendo con convicción desde hace más de veinte años, creyendo que una parte importante de mi trabajo consiste en eso. Puede que influya el ser licenciado en Historia y que la oposición que aprobé me faculta para impartir lo que se conoce como Ciencias Sociales. Enseño doctrinas como el humanismo cristiano, el liberalismo, socialismo, anarquismo o fascismo, entre otras corrientes ideológicas; un clásico: que conozcan el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Pero mi adoctrinamiento va más allá: intento inculcar determinadas ideas y creencias. Inculcar que la idea de libertad es consustancial a la idea de humanidad. Que sin igualdad de oportunidades no hay verdadera libertad. Que las mujeres han sido y son marginadas en la Historia. Sobre el riesgo de un desarrollo económico que olvida a la mayor parte de las personas, incompatible con la supervivencia de la naturaleza.
Trato de que sus mentes en formación (¿no es eso la educación?) entiendan la belleza intrínseca de los principios y tradiciones que sustentan la Declaración Universal de Derechos Humanos. Les inculco el valor de la palabra para que sepan distinguir la semántica de lo que oyen, para que escuchen a quienes argumentan cosas diferentes a lo que ellos piensan y así, mediante el pensamiento crítico, obtengan sus propias respuestas y sepan hacerse sus propias preguntas. Lo confieso, he de dar la razón a quienes con aviesas intenciones dicen que adoctrinamos: adoctrino y pienso seguir haciéndolo. No concibo otra manera de ejercer mi profesión.
Dice la RAE que «adoctrinar» es instruir a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, inculcarle determinadas ideas o creencias. ¿Estoy adoctrinando a mis alumnos? He de reconocer que sí; que lo vengo haciendo con convicción desde hace más de veinte años, creyendo que una parte importante de mi trabajo consiste en eso. Puede que influya el ser licenciado en Historia y que la oposición que aprobé me faculta para impartir lo que se conoce como Ciencias Sociales. Enseño doctrinas como el humanismo cristiano, el liberalismo, socialismo, anarquismo o fascismo, entre otras corrientes ideológicas; un clásico: que conozcan el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Pero mi adoctrinamiento va más allá: intento inculcar determinadas ideas y creencias. Inculcar que la idea de libertad es consustancial a la idea de humanidad. Que sin igualdad de oportunidades no hay verdadera libertad. Que las mujeres han sido y son marginadas en la Historia. Sobre el riesgo de un desarrollo económico que olvida a la mayor parte de las personas, incompatible con la supervivencia de la naturaleza.
Trato de que sus mentes en formación (¿no es eso la educación?) entiendan la belleza intrínseca de los principios y tradiciones que sustentan la Declaración Universal de Derechos Humanos. Les inculco el valor de la palabra para que sepan distinguir la semántica de lo que oyen, para que escuchen a quienes argumentan cosas diferentes a lo que ellos piensan y así, mediante el pensamiento crítico, obtengan sus propias respuestas y sepan hacerse sus propias preguntas. Lo confieso, he de dar la razón a quienes con aviesas intenciones dicen que adoctrinamos: adoctrino y pienso seguir haciéndolo. No concibo otra manera de ejercer mi profesión.
Los empleados tendrán horas libres para ir a tutorías escolares
El conseller Císcar anuncia que a los funcionarios se les facilitarán los permisos para acudir al instituto y se firmarán convenios con empresas
La implicación de las familias en el proceso educativo de los hijos pasa por una mayor relación con los profesores y el centro que no siempre es la deseable. La Conselleria de Educación pondrá en marcha el curso próximo un Programa de Responsabilidad Social para flexibilizar el horario de los padres en los puestos de trabajo.
El vicepresidente del Consell, José Císcar, explicó ayer esta nueva medida en la Comisión de Política Social de las Corts. Una iniciativa que necesita del concurso de empresas y corporaciones locales para que faciliten esas dos ó tres horas necesarias para que el trabajador pueda acudir a la tutoría en el centro educativo.
"Se pretende que el padre o la madre puedan disponer de unas horas libres que, después, recuperarán, para acudir al colegio a hablar con los profesores y tutores cuando sea necesario" describió el conseller de Presidencia, Císcar.
Con este programa, la Generalitat establecerá los mecanismos para que todos sus empleados públicos puedan flexibilizar sus horarios de trabajo para atender esta tarea. En cuanto a las instituciones públicas, como ayuntamientos, se firmarán protocolos y emitirán acreditaciones.
En el sector privado, la idea es coordinar el programa con las confederaciones empresariales mediante convenios y la Conselleria de Educación certificará a las que se adhieran como "empresas responsables", señalaron ayer en una nota del Consell. Se trata de "afianzar el compromiso de las familias en el proceso educativo" tanto en las instituciones públicas como en la empresarial, añade.
En 2008, en el Decreto de Derechos y Deberes de la comunidad educativa, firmado por el entonces conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ya figura que los padres están obligados a colaborar con los centros educativos en la educación de los hijos.
Cuando no colaboren, apunta el decreto, "en aquellas actuaciones y medidas educativas correctoras en las que el centro reclame la implicación directa de los padres del alumno y éstos la rechacen, el centro lo pondrá en conocimiento de la Administración educativa que, si considera que esta conducta causa grave daño al proceso educativo, lo pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competen previo informe de la inspección educativa".
Pagada la totalidad del bono Infantil 2011
La Conselleria de Educación ha abonado 66,52 millones de euros a las universidades, correspondientes a diciembre, y 11,2 millones del bono infantil de 2011, la práctica totalidad de lo pendiente por este concepto, informaron ayer.
Por su parte, el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, explicó a su claustro que el decreto del Gobierno para reducir el déficit "ha afectado a las universidades", con congelación salarial, la no aportación a planes de pensiones, el incremento del IRPF y paralización de contratación, que se notará en períodos sabáticos, eméritos y promoción docente.
El vicepresidente del Consell, José Císcar, explicó ayer esta nueva medida en la Comisión de Política Social de las Corts. Una iniciativa que necesita del concurso de empresas y corporaciones locales para que faciliten esas dos ó tres horas necesarias para que el trabajador pueda acudir a la tutoría en el centro educativo.
"Se pretende que el padre o la madre puedan disponer de unas horas libres que, después, recuperarán, para acudir al colegio a hablar con los profesores y tutores cuando sea necesario" describió el conseller de Presidencia, Císcar.
Con este programa, la Generalitat establecerá los mecanismos para que todos sus empleados públicos puedan flexibilizar sus horarios de trabajo para atender esta tarea. En cuanto a las instituciones públicas, como ayuntamientos, se firmarán protocolos y emitirán acreditaciones.
En el sector privado, la idea es coordinar el programa con las confederaciones empresariales mediante convenios y la Conselleria de Educación certificará a las que se adhieran como "empresas responsables", señalaron ayer en una nota del Consell. Se trata de "afianzar el compromiso de las familias en el proceso educativo" tanto en las instituciones públicas como en la empresarial, añade.
En 2008, en el Decreto de Derechos y Deberes de la comunidad educativa, firmado por el entonces conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ya figura que los padres están obligados a colaborar con los centros educativos en la educación de los hijos.
Cuando no colaboren, apunta el decreto, "en aquellas actuaciones y medidas educativas correctoras en las que el centro reclame la implicación directa de los padres del alumno y éstos la rechacen, el centro lo pondrá en conocimiento de la Administración educativa que, si considera que esta conducta causa grave daño al proceso educativo, lo pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competen previo informe de la inspección educativa".
Pagada la totalidad del bono Infantil 2011
La Conselleria de Educación ha abonado 66,52 millones de euros a las universidades, correspondientes a diciembre, y 11,2 millones del bono infantil de 2011, la práctica totalidad de lo pendiente por este concepto, informaron ayer.
Por su parte, el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, explicó a su claustro que el decreto del Gobierno para reducir el déficit "ha afectado a las universidades", con congelación salarial, la no aportación a planes de pensiones, el incremento del IRPF y paralización de contratación, que se notará en períodos sabáticos, eméritos y promoción docente.
