Educación deja las tasas para extranjeros en manos de las universidades
El coste de la primera matrícula para los alumnos no comunitarios puede multiplicarse por cuatro
El cobro íntegro de las tasas académicas en la Comunitat Valenciana a los alumnos no comunitarios será decisión de las respectivas universidades públicas. Así lo explicó la consellera de Educación, María José Català a los rectores durante la reunión que mantuvo el pasado lunes.
La consellera les expresó que "se deja en manos de cada universidad la decisión de poder cobrar hasta un máximo de cuatro veces el coste de la primera matrícula" aunque "en ningún caso se podrá sobrepasar el 100 por ciento del coste".
En Educación consideran que los colectivos afectados son estudiantes extranjeros: "aquellos que no tengan acuerdo de cooperación con España; que no paguen impuestos a nivel estatal y que no estén actualmente estudiando la carrera".
El reciente Real Decreto Ley del Gobierno, sobre medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación, contempla que los precios públicos "podrán cubrir", o lo que es lo mismo, se les podrá cobrar, "hasta el cien por cien de los costes de las enseñanzas universitarias de grado y master cuando se trate de estudiantes extranjeros, mayores 18 años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad".
Alumnos perjudicados por esta norma, que modifica su actual estatus por el cual se beneficiaban de la subvención del Consell a las matrículas, ya han mostrado su disconformidad, hasta el punto de comentar que "no podemos continuar estudiando en España" según un grupo de jóvenes marroquíes que se manifestaron durante las protestas estudiantiles por el centro de Valencia en el mes de mayo.
Junto a la batería de decisiones adoptadas en la reunión del lunes entre la consellera y los rectores -de la que Levante-EMV informó en su edición de ayer-, como son el mantenimiento de los títulos duplicados pero con demanda o el precio definitivo de los másteres, también se conoció el precio de las materias a extinguir.
Las asignaturas a desaparecer "tendrán una tasa única que supondrá el 25% del coste total de matrícula de la materia" indicó, la consellera, según una nota de prensa de su departamento. En la matrícula de estas asignaturas, el estudiante tiene derecho a examinarse dos veces más sin necesidad de cursar la materia en el nuevo grado.
230 personas reciben aviso de sanción por la 'primavera valenciana'
Concentración de rechazo ante el Lluís Vives a las multas, que podrían alcanzar los 6.000 euros
"A mí me multaron una vez por saltarme un semáforo, y la pagué porque lo vi justo", explica una joven que prefiere no dar más datos, "pero esta me niego rotundamente a pagarla". Es la respuesta general a las 230 sanciones "graves" que han recibido por parte del Gobierno central los participantes en la llamada primavera valenciana. En concreto, los que fueron identificados frente a la comisaría de Zapadores, en Valencia, tras las protestas frente al IES Lluís Vives.
"Nos tenían cercados sin dejarnos ni siquiera ir al baño", recuerda un estudiante. "Fuimos pasando en grupos pequeños y se apuntaron nuestros datos en un papel", explica. De estas identificaciones —230, según concretó la Delegación de Gobierno valenciana— han salido las infracciones severas, que oscilan entre los 300,51 y los 6.010,12 euros, por las que se reunieron ayer frente al instituto donde prendió la llama. Allí indicaron que el objetivo de estas acciones era "provocar miedo en las personas y servir de medida ejemplarizante para otros sectores de la sociedad". "Tanto la Delegación de Gobierno como la policía tratan de culpabilizar y criminalizar a todas las personas registradas para limpiar su imagen y desviar la atención de ellos mismos, verdaderos culpables", denunciaron. Con una pancarta que decía "Ni recortes ni opresión", las personas congregadas —entre las que había profesores y estudiantes menores de edad— expresaron su intención de defender sus derechos "con todos los mecanismos jurídicos y mediáticos posibles".
"Los procedimientos abiertos se han llevado a cabo con solo un párrafo explicativo y de forma general", señalaba Sebastián Cabanes, miembro del colectivo Alerta Solidaria, "para atemorizar ante futuras protestas y amedrentar a menores, que son la mayoría de los afectados"
En las notificaciones se les achaca la participación en "una concentración no comunicada frente a las dependencias policiales, negándose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando desórdenes públicos y provocando cortes de tráfico en la vía pública", según precisa el documento.
"Eran detenciones arbitrarias, con prepotencia política y policial y un despliegue casi militar que supone un punto de inflexión en los retrasos de las manifestaciones públicas", declararon los participantes. "La gente se está coordinando para alegar y recurrir todas las notificaciones", apuntaron, "porque si se pagan se da por hecho una culpabilidad, y lo que queremos remarcar es que no somos culpables", zanjaron.
"Creemos que se está produciendo un chantaje", advirtió Josep Villanova, uno de los profesores apercibidos, "porque saben que muchos pagarán por miedo o por preocupación de los padres". Además, Villanova destacó que las alegaciones se van a fundamentar en que "todo de lo que se nos acusa es falso" y que no aparece "ningún nombre más que la mención de la Unidad de Policía número 3".
Desórdenes graves
Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Valencia, los avisos de sanción son 230. De ellos, 171 son a personas mayores de edad y 59 a menores. La Subdelegación destaca que se basan en las denuncias del Cuerpo Nacional de Policía por lo previsto en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y, en concreto, por lo establecido en el artículo 23d sobre "negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público" y en el 23n, referente a "originar desordenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos". De acuerdo con esta norma, se han considerado los incidentes como infracción administrativa grave, con 301 euros (cuantía mínima que recoge la ley) para los mayores de edad; 200 para los menores de 16 a 18 años, que son 53 casos, y 100 euros para los seis que se encuentran en la franja de los 14 a los 16 años.
La decisión de diferenciar entre menores y mayores de edad parte del año 2001, después de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La instrucción adecuó el ejercicio de la potestad sancionadora a lo dispuesto en esa ley cuando se refiere a menores, según han detallado desde la institución.
5.000 plazas docentes menos por los ajustes
La Federación de Enseñanza del sindicato CC. OO. PV denunció ayer que las medidas de ajuste del gasto educativo, como la ampliación de la jornada lectiva en Secundaria y el aumento de las ratios, supondrán que el curso que viene hayan 5.000 plazas docentes menos. La cifra sale de un muestreo realizado entre los centros y coincide con el número actual de interinos que cubren alguna vacante en el sistema. Dicho de otra forma, significa, siempre según el sindicato, que el curso que viene no habrán contrataciones de profesionales interinos.
Interventores del Consell revisarán las ayudas a los colegios concertados
El conseller Vela marca distancias con sus antecesores: «No es lo mismo estar echando carbón a la caldera que llevando el timón»
La unidad especial de control del servicio de Intervención del Consell extenderá la fiscalización también a los conciertos educativos con centros de enseñanza privados, según anunció ayer en Les Corts José Manuel Vela, conseller de Hacienda.
Vela compareció durante cuatro horas en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda para dar cuenta sobre esta unidad de intervención, el penúltimo plan de reequilibrio presupuestario superado por el actual en vigor, el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el presupuesto autonómico de 2010 y para responder si iba a llevar a Les Corts el actual plan de reequilibrio.
El conseller incidió en que la unidad de control fiscaliza seis áreas específicas en las que se producen gastos «que alcanzan cifras muy considerables», como el destinado al pago de medicamentos, el turno de oficio, los gastos en centros docentes no universitarios, en las encomiendas a la empresa pública Vaersa por parte de Infraestructuras y Agricultura, el gasto de personal de La Fe y los que generan las sustituciones en los colegios. De ahí que «dado el volumen» que se abona a los centros de enseñanza concertados se incluya su fiscalización en futuros informes.
El conseller anunció que el informe sobre gasto farmacéutico fue remitido el lunes a los colegios del ramo y en 15 días o antes estará terminado. El de La Fe debe de estar listo el 15 de junio y el del gasto del profesorado, el 6 de julio. Un día antes prevé Vela que tendrá el de Vaersa y sobre el de la asistencia jurídica gratuita reconoció que no se ha iniciado el trabajo.
Rafael Rubio, del PSPV, incidió en que si ahora se realizan esos controles «debemos entender que antes no se hacían» y definió la puesta en marcha de la unidad especial de control como «un lavado de cara». El conseller le contestó que era una «cuestión de alcance» fiscalizar áreas a las que antes no se llegaba con la profundidad con la que se alcanza ahora.
Ignacio Blanco se preguntó por qué no se fiscaliza el gasto en RTVV, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el aeropuerto de Castellón o la Epsar (la empresa pública de las depuradoras), mientras que Mireia Mollá, de Compromís, le recordó que en anteriores legislaturas Vela fue «una persona clave» en esa misma conselleria.
«Sí, yo estaba antes, pero no es lo mismo estar en un barco echando carbón a la caldera que ir llevando el timón. No es lo mismo. Se tiene perspectiva estando al timón y se toman decisiones», contestó el conseller que recordó que en anteriores legislaturas, bajo el mandato de Gerardo Camps o Vicente Rambla como responsables de Hacienda, «si había tormenta los que se mojaban eran ellos. Yo estaba a cubierto». El conseller no se desligó de aquella época -dijo que fue un honor haber trabajado con ellos- pero marcó distancias.
Vela incidió en que «se me llena la boca al pedir al señor Rajoy un cambio en el sistema de financiación para la Comunitat» y repitió la necesidad de que el Gobierno arbitre un mecanismo, «llámase hispanobonos o como sea» que garantice que las autonomías puedan renovar su deuda para sobrevivir.
El conseller dijo que si no hay hispanobonos no se podrá cumplirse el plan de pagos a los ayuntamientos, igual que algunos proveedores, porque son «la solución» a la falta de liquidez.
Vela, a pregunta del síndico de Compromís, Morera, dijo que cambiar los presupuestos para 2012 por el plan de reequilibrio en vigor «sería una temeridad» porque, en esencia, el plan no modifica las cuentas previstas para este año y que una cosa es el presupuesto aprobado y otra su ejecución.
Los miembros del PP continúan haciendo oídos sordos a las peticiones populares que, desde diversos ámbitos, solicitan al Gobierno de Mariano Rajoy que no aplique el tijeretazo -ya aprobado- en Educación.
Pese a la huelga protagonizada el pasado 22 de mayo por toda la comunidad educativa (sindicatos, profesores y alumnos de todos niveles), el enfado de los rectores de las universidades y las críticas de la oposición, los conservadores siguen defendiendo su Real Decreto-ley de medidas de racionalización del gasto en Educación.
La secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, ha sido la última en pronunciarse al respecto. Esta mañana, en un desayuno de prensa, alabó al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, quien, frente a las críticas, "es un aval para las reformas del sistema educativo", declaró.
"Conoce perfectamente las reformas que hay que acometer", continuó Moneo, "ya que es una persona absolutamente empapada de cuál es la situación actual del sistema educativo".
La también portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso también defendió,como hizo en su día su homólogo en Sanidad, José Ignacio Echániz, la colaboración público-privada en la gestión de la enseñanza. "La escuela concertada es un pilar fundamental en el ejercicio de la libertad de enseñanza", espetó. "Sin libertad de elección no hay calidad", sentenció después.
Para justificar su opinión, Moneo argumentó que el artículo 27 de la Constitución defiende el derecho de los padres a elegir centro educativo, modelo y tipo de educación para sus hijos. Por eso, según la portavoz del PP, la reforma de la actual Ley Orgánica de Educación buscará "la mejor fórmula para que ese derecho sea una realidad".
En cuanto a las movilizaciones, concentraciones y huelgas de los últimos días, Moneo les quita importancia: "Todos los cambios han tenio respuesta social; ningún ministro de Educación se ha quedado sin movilización", explicó. "Y la respuesta social hay que valorarla y calibrarla en su justo término".
Por último, la secretaria nacional de Educación e Igualdad detalló las esperanzas que su partido tiene en que la reforma educativa -que podría entrar en vigor en el curso 2013-2014- "tenga undesarrollo eficiente, riguroso y rápido, pero sobre todo dialogado y, en la medida de lo posible, consensuado".
En este sentido, señaló el futuro estatuto del docente, el cambio en el sistema de acceso a la profesión y la autoridad del profesor, los nuevos contenidos en Secundaria y la ampliación delBachillerato a tres años de duración como algunos de los puntos clave de la nueva ley. Moneo también adelantó que, "en los próximos días, tanto el Gobierno como el PP iniciarán un diálogo con sindicatos y asociaciones" porque "ninguna reforma tendrá éxito si no están los profesionales", concluyó.
Los alumnos de Primaria podrán entrar en los centros elegidos en primera o en segunda opción
El concejal de Educación asegura que sólo se aumentará la ratio a 28 escolares de manera puntual en los colegios de la zona Centro-Altabix
A. FAJARDO El concejal de Educación, Daniel McEvoy, asegura que todos los alumnos de Primaria entrarán en los colegios que han elegido con prioridad en la primera y segunda opción y que la ratio de 25 escolares por clase se mantendrá, excepto en casos puntuales de la zona Centro-Altabix.
Después de la última comisión de escolarización de Primaria, McEvoy ha destacado que "a diferencia de otros años no ha sido necesario llegar al cuarto o quinto centro educativo seleccionado por los padres". Una circunstancia, que según el edil de Educación ha sido posible "gracias al trabajo conjunto y al buen entendimiento entre la Concejalía de Educación y los componentes de la comisión de escolarización".
Asimismo, según Daniel McEvoy, el próximo curso no será necesario aumentar la ratio hasta el 20% en los centros escolares y todos los colegios de Educación Primaria contarán con 25 alumnos por aula.
Sin embargo, el concejal de Educación ha precisado que sí que se incrementará el número de alumnos por clase de manera puntual en los colegios de la zona Centro-Altabix. "El aumento de ratio se llevará a cabo en uno o dos casos puntuales, pero no superarán los 28 alumnos permitidos por ley".
Así, por distritos del nuevo mapa escolar los centros de la zona norte, noroeste, suroeste, sur, sureste y el Camp d'Elx tendrían una ratio de 25 alumnos. Mientras que la zona Centro-Altabix aumenta la ratio a 28 en algunos casos para poder ubicar en las primeras opciones a todos los alumnos. Según McEvoy, en ésta última zona han sobrado vacantes tanto en valenciano como en castellano.
Por otro lado, el concejal de Educación ha afirmado "que no será necesaria una próxima reunión para ver cómo va el proceso ya que se han cubierto todas las zonas".
Con ello, el 4 de junio saldrán las listas provisionales y el día 13 las definitivas. A partir de ahí, del 13 al 18 de junio se podrán realizar reclamaciones, el 19 de junio se llevará a cabo la resolución de dichas reclamaciones y del 18 al 26 de junio se abrirá el plazo para las matriculaciones.
Reivindicaciones
Por otro lado, la asamblea comarcal de profesores acordó en la sesión de ayer realizar una hoguera reivindicativa contra los recortes el 21 de junio. Unos 80 docentes se reunieron ayer para evaluar las movilizaciones y acordar las próximas actuaciones. Entre ellas, los docentes aprobaron realizar una jornada de puertas abiertas en los centros educativos por las tardes para mostrar a las familias el interés del profesorado por una enseñanza de calidad. Según Pep Coll, portavoz del STEPV, esta iniciativa se pretende repetir en el mes de julio. Además, los profesores informarán a los padres en las reuniones de final de curso sobre qué supondrán los recortes en las aulas.
Por otro lado, la asamblea comarcal de profesores acordó en la sesión de ayer realizar una hoguera reivindicativa contra los recortes el 21 de junio. Unos 80 docentes se reunieron ayer para evaluar las movilizaciones y acordar las próximas actuaciones. Entre ellas, los docentes aprobaron realizar una jornada de puertas abiertas en los centros educativos por las tardes para mostrar a las familias el interés del profesorado por una enseñanza de calidad. Según Pep Coll, portavoz del STEPV, esta iniciativa se pretende repetir en el mes de julio. Además, los profesores informarán a los padres en las reuniones de final de curso sobre qué supondrán los recortes en las aulas.
El PSOE sale en defensa de las escuelas infantiles
La concejal del PSOE, Blanca González ha defendido las escuelas infantiles municipales y ha destacado que son parte de "la bandera del socialismo". La edil ha criticado al concejal de Educación, Daniel McEvoy por "las falsedades vertidas en el pleno municipal con las que insinuó que el PSOE quería cerrar las escuelas infantiles municipales".
La concejal del PSOE, Blanca González ha defendido las escuelas infantiles municipales y ha destacado que son parte de "la bandera del socialismo". La edil ha criticado al concejal de Educación, Daniel McEvoy por "las falsedades vertidas en el pleno municipal con las que insinuó que el PSOE quería cerrar las escuelas infantiles municipales".
Según Blanca González, las cinco escuelas infantiles municipales, impulsadas por los gobiernos socialistas han sido un modelo a seguir "no solo por el número sino por la calidad de ellas, a pesar de la reducción de subvenciones por parte de la Conselleria de Educación que ha sido brutal". En este sentido, la edil socialista destaca que sólo la escuela Rosa Fernández, situada en el barrio de los Palmerales, recibe una ayuda de 80.000 euros para el desarrollo de programas sociales y es por parte de la Conselleria de Bienestar Social. Además, González apunta que "el PP solo se ha interesado por las escuelas infantiles municipales para lanzar amenazas de cierre". En esta línea, la concejal socialista ha recordado que "la Generalitat Valenciana se opuso a recibir el dinero del gobierno central del programa Escuela 3.0 con fondos para invertir en centros de educación infantil". También, la edil ha recordado la promesa electoral incumplida del PP de la creación de 40.000 plazas de educación de 0-3 años.
Confederació Gonzalo Anaya
Passatge de la Sang, 5-11
València 46002
963529607 656866011
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