Los libreros advierten que quitar los libros de texto rebaja la calidad de la enseñanza
El Gremio manifiesta su indignación ante la medida de presión propuesta por los directores de primaria
La propuesta de los directores de primaria de eliminar los libros de texto de las aulas chocó ayer con el rechazo total del Gremio de Libreros de Castelló y las reservas de los directores de secundaria, que advierten que sería una decisión "muy compleja". Por su parte, los sindicatos UGT y Stepv respetarán el criterio autónomo de los claustros de profesores de cada centro y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) sólo lo avalarían "si mejora la calidad educativa para nuestros hijos".Esta fue la respuesta a una medida que los directores de primaria debatieron ayer en una reunión en Borriol en un intento de presionar indirectamente al Consell a través de las grandes editoriales y hacer escuchar su protesta contra los recortes e impagos de la Conselleria de Educación. A la postre, los directores acordaron suavizar la medida inicial y únicamente sugerirán a los centros que se estudie "la posibilidad de prescindir de sólo algunos libros de texto para solidarizarse y reducir los gastos de las familias, así como apoyar el banco de préstamo de libros propuesto por las Ampas si es igualitario para todos".
El trasfondo de esta pretensión es el convencimiento de que grandes editoriales como Santillana o Anaya podrían ejercer gran influencia sobre la Generalitat para que reconsidere los recortes.
En medio de la polémica, la Conselleria de Educación respondió que la creación de manuales por los propios centros docentes "está contemplado por la ley y ya hay 17 centros que lo hacen en la Comunitat, pero siempre que sea para mejorar la calidad educativa y presentando un proyecto que tiene que pasar un filtro de calidad". Eso sí, la Generalitat advirtió que no aceptará esta determinación "si su objetivo es únicamente fastidiar a otro colectivo como los libreros o las editoriales, porque son profesionales igual que los profesores; inclusive puede perjudicar a puestos de trabajo de familiares de los profesores. Así que no lo entendemos".
Los manuales propios ya existen
La Generalitat apuntó también que la presentación de cualquier proyecto de material educativo "es compleja y se tiene que revisar; no vale decir ahora no queremos libros de texto y ya está; primero hay que proponer lo que se va a hacer y elaborarlo bien. Y cualquier centro es libre para hacerlo, igual que hasta ahora".
Ante esta postura, el colectivo de libreros manifestó con "indignación" que no comprende "por qué los maestros lanzan una medida contra libreros y editoriales si lo que quieren es presionar a la conselleria porque no les paga".
Los portavoces de las más de 300 librerías castellonenses advirtieron que prescindir de los libros de texto degradaría la calidad de la educación que reciben los escolares y, además, perjudicaría aún más a un sector que en Castelló está todavía sufriendo el impago de 2,5 millones del bono-libro de la Generalitat. "Es una aberración. Si nos ponemos así, por qué no eliminamos los profesores y dejamos los libros. Encima de que la conselleria no nos paga, los profesores también nos atacan. Nosotros queremos que los centros cobren, pero pedimos un poquito de respeto porque aquí también hay muchos puestos de trabajo, y además la medida juega con la educación de nuestros hijos. Los libros de texto son trabajo de años y de equipos de pedagogos especializados. Y no le vas a pedir a un niño de 8 años que tome apuntes que va a perder, o que dependa de un material que puede ser más o menos bueno dependiendo del profesor".
Educación obligará a los docentes a recuperar el tiempo perdido con los cambios de clase
La medida supondrá que los profesores de instituto impartirán cada semana dos horas lectivas más que en la actualidad
La propuesta lanzada por la Conselleria de Educación de incrementar el horario lectivo de los profesores de instituto, con la idea de que impartieran tres horas más de clase a la semana, ya se ha concretado formalmente tras ser incluida en la modificación del decreto de medidas urgentes contra el déficit que el jueves pasado el Consell presentó a los sindicatos.
En este documento se incluye el compromiso de garantizar «el cumplimiento de 18 horas lectivas semanales efectivas en el ámbito de la enseñanza Secundaria». Desde la Conselleria explicaron ayer que en la actualidad, con los cambios de clase, se pierden una media de cinco minutos, de manera que la sesión lectiva en realidad no llega a 60, quedándose en 55.
De ahí que se les proponga recuperar este tiempo perdido, lo que en la práctica supone incrementar las horas de clase. Es decir, si la jornada actual es de 18 y se tienen que ganar cinco minutos por cada una, sale un total de 90 minutos adicionales de docencia a la semana, o lo que es lo mismo, hora y media por cada profesor, que al final se redondean en dos sesiones más. Hay que tener en cuenta que es físicamente imposible suprimir el tiempo necesario para el cambio del profesor, de ahí que se recurra a la ampliación horaria, una medida que ya se ha tomado en varias comunidades autónomas. Es lo que ha sucedido en Cantabria, donde hace unos días se anunció que el horario lectivo pasará de 18 a 20 horas.
Tras conocerse la intención de la Conselleria el pasado 1 de febrero, tras una junta de portavoces, Educación insistía en la necesidad de negociar el incremento, que en un principio se planteó en un máximo de tres horas. Al final, a la vista de los últimos acontecimientos, parece que será suficiente con dos.
El principal argumento del departamento para justificar la subida es económico. Desde la Conselleria explicaron que ante la imposibilidad de contratar más personal para el próximo curso por la situación de tesorería y frente al previsible aumento de la población escolar es necesario «optimizar los recursos actuales». Además, apuntaron que el incremento horario no supondrá el despido de profesores interinos.
El punto de vista de los sindicatos docentes es precisamente el contrario. Ayer, desde la Federación de Enseñanza de UGT-PV lamentaron que «en lugar de negociar un incremento de las horas lectivas se ha elegido esta manera torticera de hacerlo». Además, dijeron que es un planteamiento «que no garantiza el empleo ni la estabilidad ni el mantenimiento de los interinos». Respecto a esta última cuestión, sostienen que el incremento de la carga de trabajo por parte del profesorado con plaza supondrá una reducción del número de docentes en situación de interinidad, que dejarán de ser contratados.
Pese a las críticas sindicales, en la modificación del decreto contra el déficit también se garantizaba el mantenimiento del número de funcionarios en esta situación que hubieran conseguido una plaza vacante al inicio del curso 2011-12. Para el sindicato, se trata de un compromiso «vago e indefinido».
Bono infantil
Por otro lado, ayer se conocieron varias novedades en relación al bono infantil, la ayuda para financiar parte de la escolarización de niños entre cero y tres años, que mantendrá su carácter universal, por lo que se entregará sin tener en cuenta la renta familiar del alumno. Hay que recordar que dentro de la revisión de criterios para otorgar las subvenciones educativas se planteó la posibilidad de incluir el factor económico, algo que finalmente sí afectará al bonolibro y a la beca de comedor, que ya se adjudica siguiendo este patrón.
La próxima convocatoria garantizará la entrega de la ayuda a todas las escuelas del ámbito rural con menos de doce niños, lo que no sucedía hasta ahora. Además, tendrá carácter retroactivo, pues los niños que nazcan pasado junio, cuando se cierra la convocatoria, también podrán beneficiarse del bono, tal y como anunció la consellera María José Catalá en la reunión mantenida con las asociaciones de padres.
Además, ayer se abrió el plazo para optar al cheque escolar en Valencia, que terminará el día 30. Se trata de la ayuda municipal para reducir el precio de la escolarización en guarderías. Desde el PSPV criticaron que se ha elegido el peor periodo posible, pues las Fallas dificultarán la presentación de instancias. Sin embargo, el concejal de Educación, Ramón Isidro Sanchis, dijo que es el mismo tiempo que el año pasado y que existe toda la publicidad e información necesaria.
Directores y padres piden cambiar el bono por la reutilización de libros de texto
La consejería aún adeuda el 40% de los 31,6 millones de las ayudas al bono-libro
Con el nuevo sistema, los libros se utilizarían 4 años y las familias pagarían el 15% del gasto
libro de texto implantado en forma de bono-libro en el curso 2007-2008 tal y como ha funcionado hasta ahora tiene las horas contadas, ante los problemas de tesorería que arrastra la Generalitat para hacer frente al pago de los 31,6 millones que ha costado este curso. Frente al anuncio de la Consejería de Educación de acabar con la "universalidad" de las ayudas (los 150 euros que han recibido por igual los más de 300.000 alumnos beneficiarios de esta ayuda) y de modificar los criterios de renta, los directores y padres han propuesto cambiar el sistema de bono por el de reutilización de los libros.
En la última reunión de la mesa de padres, donde estuvieron la consejera María José Catalá y su secretario autonómico, Rafael Carbonell, la Federación de asociaciones de padres de alumnos de Castellón, FAPA-Penyagolosa presentó un documento base de trabajo, en el que se propone implantar la reutilización de libros de texto en Primaria y Secundaria el próximo curso 2012-2013.
A esta propuesta, que fue bien vista de entrada por la confederación de padres de la escuela pública Gonzalo Anaya y la confederación padres de escuelas católicas Concapa, se suma la petición de ayer de la Asociación de Directores de Primaria (Avdip).
Avdip aseguró ayer en un comunicado que "frente a los recortes anunciados por la Consejería de Educación, en materia de ayudas a las familias y la eliminación del bono-libro universal, debido a la crisis económica, propone reducir la compra de libros, reutilizarlos y elaborar materiales compartidos". Los libreros confirman que aún se les debe el 40% del bono de este curso.
La consejería ha recibido la propuesta, la está estudiando y "la ve con buenos ojos". Educación adelantó en la reunión con los padres que sólo mantendrá la ayuda del 100% a colectivos muy específicos. En concreto, habló de "las víctimas del terrorismo (problema que no afecta a esta comunidad), víctimas de violencia de género, huérfanos, niños en acogida, centros de atención educativa y Educación Especial y a los premios extraordinarios". Es decir, en conjunto no llegaría ni al 1% de la matrícula. Para el resto, las ayudas serán del 70% y del 40% en función de la renta.
Dudas sobre la eficacia
El bono empezó a funcionar el curso 2007-2008 en la Comunidad Valenciana y se ha extendido paulatinamente cada año un curso. Este sistema se aplica en Madrid, Castilla-León, Extremadura, Murcia y Baleares. Mientras que en Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canaria, Cataluña, Aragón y la Rioja, utilizan un sistema mixto: bono y reutilización. En Cantabria y Asturias tienen un sistema de tarjeta para canjear en librerías. En Galicia, un informe de los editores gallegos sobre los cuatro años de funcionamiento cuestiona la eficacia de la reutilización como herramienta de trabajo y sostiene que el mantenimiento de los libros supone un "grave problema" para los padres y docentes, que han incrementado el uso de fotocopias,
Los editores valencianos advierten de que el sector más afectado será el de las librerías. "El 75% de sus ingresos provienen de los libros de texto y materiales escolares", señala Manel Romero, de la Associació d'Editors del País Valencià. Glòria Mañas, del Gremi de Llibrers, pide a la Administración que "escuche al sector" y se estudie lo que se hace en otras comunidades, como por ejemplo el sistema de "tarjeta", que es una ayuda directa a las familias. Educación, de momento, no tiene prevista ninguna reunión con ellos.
La letra de la propuesta
Beneficiarios. Alumnado de Primaria y Secundaria de los centros educativos públicos y concertados, menos los de necesidades educativas especiales. Si un padre o tutor no quiere participar, tendrá que comunicarlo al formalizar la inscripción. Los libros de texto y materiales curriculares tendrán un periodo de utilización de cuatro cursos. Comenzará en 5º y 6º de Primaria y 4º de la ESO el próximo curso 2012-2013. Se extenderá a 3º y 4º de Primaria y 1º de ESO en el siguiente curso y en 2014-2015 se aplicará a 2º y 3º de ESO.
Financiación. Las familias pagarán el 15% del coste estipulado por la Administración para cada curso y cada nivel educativo. Esta aportación irá destinada a la reposición extraordinaria de los libros. Los Ayuntamientos podrán colaborar con las familias.
Calendario. Los libros de texto y materiales curriculares tendrán un periodo de utilización de cuatro cursos. Comenzará en 5º y 6º de Primaria y 4º de la ESO el próximo curso 2012-2013. Se extenderá a 3º y 4º de Primaria y 1º de ESO en el siguiente curso y en 2014-2015 se aplicará a 2º y 3º de ESO.
"No se ha puesto la calefacción en los colegios porque no se ha querido"
Los directores registraron en enero los impagos de la Consejería de Educación con cada centro
La deuda iba desde los 20.000 euros a los 70.000 de centros grandes
"Se ha hecho una leyenda triste, que no se corresponde para nada con la realidad". El secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, ha dicho esta mañana en Madrid que "si no se ha puesto la calefacción en las escuelas ha sido porque no se ha querido", ya que al cierre de 2011 el 70% de los centros docentes (hay 1.200 centros públicos) tenía más de 33 millones de euros de saldo. Carbonell ha hecho estas declaraciones durante su participación en las jornadas de Educación Excelencia, Calidad e Innovación organizadas por Executive Forum España, Carbonell.
Lo que no ha comentado Carbonell es que durante enero se produjeron cortes de luz y calefacción por acumulación de facturas impagadas. El 17 de enero, el instituto de secundaria Jorge Juan de Alicante abrió sus puertas sin luz. El corte el suministro eléctrico se produjo a las 23.00 de la noche del día anterior. Cuando los alumnos llegaron a las clases, ya no había electricidad en ninguna de las instalaciones del instituto. La deuda del instituto con la compañía eléctrica asciende a 4.000 euros, debido a que el centro no ha cobrado los gastos para funcionamiento del último cuatrimestre de 2011 que adeuda la Consejería de Educación, de unos 60.000 euros.
Lo mismo ocurrió el 18 de enero en el instituto La Asunción de Elche, donde el director anunció que "la cuenta del banco está en números rojos". "Debemos tres recibos de luz, hemos cancelado el mantenimiento de los ascensores y el de los extintores y, cuando se acabe el gasoil que hay, no habrá calefacción", añadió.
El 23 de enero los alumnos del ciclo formativo de Turismo del instituto Serra de Mariola de Muro de Alcoi (una pequeña población de Alicante con temperaturas muy bajas en invierno) comunicaron a la dirección que no acudirían a las clases por la falta de calefacción. La calefacción se acabó a última hora de la mañana, debido a la falta de dinero por los impagos de la Generalitat.
El 1 de febrero, tras tres aplazamientos del pago prometido por la Consejería de Educación en diciembre, casi 200 de directores de colegios de Infantil y Primaria de la provincia de Valencia acudieron a primera hora de la mañana a las oficinas autonómicas para entregar una carta en la que cada centro educativo "denuncia" los impagos de la Generalitat de los gastos de funcionamiento correspondientes al año pasado.
En un gran cartel, cada centro anotó su deuda: "El CP Ballester Fandos, 32.145 euros; el CEIP Carles Salvador, 70.000 euros; el Manuel González Martí, 75.000 euros; el CEIP Jaume-Paiporta, 21.000 euros….". Así hasta llenar una pancarta en la que se mostraba a la ciudadanía la deuda de 20 millones de euros que la Administración valenciana pagó el 20 de febrero, tras los enfrentamientos entre policía y estudiantes, que se saldaron con 41 detenidos en Valencia, tras cuatro jornadas de manifestaciones en las puertas del IES Lluís Vives. Los alumnos protestaron por el decreto de "recortes en el sector público aprobado por la Generalitat el 5 de enero y por el "retraso" en el pago de los 35 millones de dos cuatrimestres de 2011 acumulados hasta enero por la consejería en los 1.200 colegios e institutos públicos de la Comunidad Valenciana.
Carbonell ha insistido en que el origen de las manifestaciones "no es por no pagar la calefacción". El secretario autonómico ha resaltado que "quien no ha puesto la calefacción es porque no ha querido" y se ha referido en concreto al Instituto Lluís Vives, que ha centrado parte de las protestas, y que según el secretario de Educación cerró el ejercicio 2011 con saldo positivo. Efectivamente, el Lluís Vives tiene un sistema de gestión singular debido al alquiler de instalaciones y a una feria anual que se hace en el centro que le permite tener un remanente y nunca ha protestado por falta de dinero, sino por el tijeretazo del Consell de 1.057 millones aprobado para ahorrar durante 2012 en el sector público.
Lo mismo ocurrió el 18 de enero en el instituto La Asunción de Elche, donde el director anunció que "la cuenta del banco está en números rojos". "Debemos tres recibos de luz, hemos cancelado el mantenimiento de los ascensores y el de los extintores y, cuando se acabe el gasoil que hay, no habrá calefacción", añadió.
A mediados de enero, la consejería
debía 35 millones a los 1.200 colegios
e institutos públicos de 2011
En el IES Juan de Valencia la calefacción funcionó el curso pasado una hora por la mañana. Este año, ya ni eso. "La calefacción en nuestro instituto es lujo que no se puede permitir", han denunciado los alumnos.debía 35 millones a los 1.200 colegios
e institutos públicos de 2011
El 23 de enero los alumnos del ciclo formativo de Turismo del instituto Serra de Mariola de Muro de Alcoi (una pequeña población de Alicante con temperaturas muy bajas en invierno) comunicaron a la dirección que no acudirían a las clases por la falta de calefacción. La calefacción se acabó a última hora de la mañana, debido a la falta de dinero por los impagos de la Generalitat.
El 1 de febrero, tras tres aplazamientos del pago prometido por la Consejería de Educación en diciembre, casi 200 de directores de colegios de Infantil y Primaria de la provincia de Valencia acudieron a primera hora de la mañana a las oficinas autonómicas para entregar una carta en la que cada centro educativo "denuncia" los impagos de la Generalitat de los gastos de funcionamiento correspondientes al año pasado.
En un gran cartel, cada centro anotó su deuda: "El CP Ballester Fandos, 32.145 euros; el CEIP Carles Salvador, 70.000 euros; el Manuel González Martí, 75.000 euros; el CEIP Jaume-Paiporta, 21.000 euros….". Así hasta llenar una pancarta en la que se mostraba a la ciudadanía la deuda de 20 millones de euros que la Administración valenciana pagó el 20 de febrero, tras los enfrentamientos entre policía y estudiantes, que se saldaron con 41 detenidos en Valencia, tras cuatro jornadas de manifestaciones en las puertas del IES Lluís Vives. Los alumnos protestaron por el decreto de "recortes en el sector público aprobado por la Generalitat el 5 de enero y por el "retraso" en el pago de los 35 millones de dos cuatrimestres de 2011 acumulados hasta enero por la consejería en los 1.200 colegios e institutos públicos de la Comunidad Valenciana.
Carbonell ha insistido en que el origen de las manifestaciones "no es por no pagar la calefacción". El secretario autonómico ha resaltado que "quien no ha puesto la calefacción es porque no ha querido" y se ha referido en concreto al Instituto Lluís Vives, que ha centrado parte de las protestas, y que según el secretario de Educación cerró el ejercicio 2011 con saldo positivo. Efectivamente, el Lluís Vives tiene un sistema de gestión singular debido al alquiler de instalaciones y a una feria anual que se hace en el centro que le permite tener un remanente y nunca ha protestado por falta de dinero, sino por el tijeretazo del Consell de 1.057 millones aprobado para ahorrar durante 2012 en el sector público.
Los colegios de Valencia registran la deuda de la Generalitat
Los directores se niegan a presentar los presupuestos de 2011 ante el impago del último cuatrimestre y de las ayudas de comedor
Centenares de directores de colegios de Infantil y Primaria de la provincia de Valencia han acudido a primera hora de la mañana a las oficinas del PROP para entregar una carta en la que cada centro educativo "denuncia" los impagos de la Generalitat de los gastos de funcionamiento correspondientes al año pasado. "El CP Ballester Fandos, 32.145 euros; el CEIP Carles Salvador, 70.000 euros; el Manuel González Martí, 75.000 euros; el CEIP Jaume-Paiporta, 21.000 euros…." Y así suma y sigue, hasta llenar una pancarta en la que se muestra a la ciudadanía la enorme deuda que aún mantiene la Administración valenciana con los centros educativos, pese a que el miércoles pasado pagó finalmente los gastos de funcionamiento del segundo cuatrimestre de 2011.
"Las cartas certifican que la Consejería de Educación no ha transferido las cantidades de 2011 que figuran en el balance y no disponemos del informe de viabilidad sobre las previsiones de los ingresos de 2012- Por eso no presentamos el presupuesto económico de 2011", reza parte del escrito que uno a uno han ido entregando los directores, en un gesto inédito, sin precedentes.
Según ha explicado Vicent Ripoll, presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Infantil y Primaria, el acto público pretende "dejar patente la deuda de la Administración valenciana, que aún debe a los centros educativos el último trimestre de 2011 y lleva cuatro meses sin pagar el comedor escolar".
"Estamos haciendo una gestión muy racional para no tener que cerrar literalmente los centros", explica Ripoll, quien advierte de que, sin embargo, "las empresas que llevan comedores escolares, viven una situación de completa inseguridad, porque no saben cuando van a cobrar de la Generalitat".
En estos momentos, tras el ingreso del segundo cuatrimestre de 2011, "la deuda más extrema se mantiene con los comedores escolares. Si la situación se alarga, las empresas de comedor pueden cerrar mañana", advierte Ripoll.
En el transporte escolar ocurre lo mismo. A partir del próximo jueves 9 de febrero, los autobuses escolares que llevan al alumnado de ESO al instituto público Vall de La Safor "dejarán de prestar el servicio", según explica la Asociación de Padres y Madres del centro. "La Consejería de Educación tiene una deuda de 36 millones con las compañías de autobuses correspondientes al curso 2011-2012".
Ante la quiebra financiera del sistema educativo, los directores de Primaria se decantan por cancelar todas las actividades extraescolares, complementarias y curriculares para que la Consejería de Educación "valore" lo que tenía.
La cancelación de las visitas a museos, talleres escolares, teatros, etcétera, "no va contra las empresas que realizan actividades extraescolares. Es una medida extrema, porque estamos atravesando una situación extrema", concluye Ripoll. En cualquier caso, serán los propios claustros escolares los que decidan si cancelar todas las actividades o limitarlas al máximo, manteniendo los viajes de fin de curso y las semanas culturales como las Trobades en Valencià.
"Las cartas certifican que la Consejería de Educación no ha transferido las cantidades de 2011 que figuran en el balance y no disponemos del informe de viabilidad sobre las previsiones de los ingresos de 2012- Por eso no presentamos el presupuesto económico de 2011", reza parte del escrito que uno a uno han ido entregando los directores, en un gesto inédito, sin precedentes.
Según ha explicado Vicent Ripoll, presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Infantil y Primaria, el acto público pretende "dejar patente la deuda de la Administración valenciana, que aún debe a los centros educativos el último trimestre de 2011 y lleva cuatro meses sin pagar el comedor escolar".
"Estamos haciendo una gestión muy racional para no tener que cerrar literalmente los centros", explica Ripoll, quien advierte de que, sin embargo, "las empresas que llevan comedores escolares, viven una situación de completa inseguridad, porque no saben cuando van a cobrar de la Generalitat".
En estos momentos, tras el ingreso del segundo cuatrimestre de 2011, "la deuda más extrema se mantiene con los comedores escolares. Si la situación se alarga, las empresas de comedor pueden cerrar mañana", advierte Ripoll.
En el transporte escolar ocurre lo mismo. A partir del próximo jueves 9 de febrero, los autobuses escolares que llevan al alumnado de ESO al instituto público Vall de La Safor "dejarán de prestar el servicio", según explica la Asociación de Padres y Madres del centro. "La Consejería de Educación tiene una deuda de 36 millones con las compañías de autobuses correspondientes al curso 2011-2012".
Ante la quiebra financiera del sistema educativo, los directores de Primaria se decantan por cancelar todas las actividades extraescolares, complementarias y curriculares para que la Consejería de Educación "valore" lo que tenía.
La cancelación de las visitas a museos, talleres escolares, teatros, etcétera, "no va contra las empresas que realizan actividades extraescolares. Es una medida extrema, porque estamos atravesando una situación extrema", concluye Ripoll. En cualquier caso, serán los propios claustros escolares los que decidan si cancelar todas las actividades o limitarlas al máximo, manteniendo los viajes de fin de curso y las semanas culturales como las Trobades en Valencià.
La Fiscalía aprecia indicios de delito en las cargas policiales en Valencia
El ministro de Interior afirma en el Senado que las manifestaciones fueron al margen de la ley
El sindicato policial CEP presenta una denuncia contra el "cabecilla" de la protesta estudiantil
La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación por la actuación de la Policía Nacional durante las protestas estudiantiles que se han desarrollado recientemente en Valencia, que se saldaron con una veintena de detenidos.
Según han informado fuentes del Ministerio Público en un comunicado, las diligencias se han incoado a raíz de las denuncias interpuestas por Esquerra Unida y el colectivo Cercle Obert.
Ante la existencia de actuaciones "en uno o varios juzgados de instrucción" relacionadas con estas protestas, la Fiscalía ha procedido a remitir lo actuado "al juzgado competente".
En un comunicado posterior, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha expresado su satisfacción al respecto y ha confiado en que "se llegue hasta el final, que se depuren todas las responsabilidades y que la delegada del Gobierno -Paula Sánchez de León- y el jefe de Policía -Antonio Moreno- no pasen ni un minuto más sin dimitir".
Esquerra Unida presentó una denuncia ante la Fiscalía del Menor al entender que los hechos eran "gravísimos" y que podían ser constitutivos de delitos de lesiones y detenciones ilegales".
El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, por su parte ha pedido en varias ocasiones en una comparecencia en el Senado que no se remuevan "las brasas" de los incidentes acaecidos el mes pasado en Valencia, al tiempo que ha celebrado que no se hayan producido más enfrentamientos "a pesar de que la mayoría de las manifestaciones se han celebrado al margen de la ley".
El ministro ha sido interpelado por el senador socialista José María Ángel Batalla y el senador de la Entesa del Progrés de Catalunya, Rafel Brugera. El ministro manifestó su preocupación porque los senadores se pongan "del lado de los que no cumplen la ley en lugar de en el de la policía". "Espero que no se solidarice con el que ha merecido la foto de portada del Ney York Times, que ha producido un daño extraordinario a la imagen exterior de España y al objetivo de generar un clima de confianza en el mercado e inversores para salir de la crisis en la que ustedes nos dejaron", le ha espetado al senador Brugera.
Si bien, Fernández Díaz ha matizado que eso no quita que éste responsable policial pueda hacer "las consultas que considere pertinentes". "La delegada del Gobierno ha estado en todo momento a que se cumpla el mandato constitucional", ha añadido.
A su vez, la Confederación Española de Policía (CEP), tercer sindicato en la Comunidad Valenciana del sector, ha presentado una denuncia ante Fiscalía contra el presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem), Alberto Ordóñez, al considerarle "cabecilla" de las "revueltas" y sostener que "alentó" a "realizar hechos delictivos" durante las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo el pasado mes de febrero en Valencia y en las que destaca en el escrito que la actuación policial era "del todo necesaria para restablecer el orden e impedir el caos". Faavem fue la convocante de la multitudinaria manifestación estudiantil que recorrió Valencia sin incidentes el 29 de febrero.
Según la denuncia interpuesta por el sindicato policial, con fecha 27 de febrero y dada a conocer este martes, Ordóñez hizo unas declaraciones a los medios de comunicación el 20 de febrero en las que aseguraba que iban "a continuar quemando las calles de Valencia" con las que "no solo está incitando al colectivo estudiantil, sobre el que tiene una doble ascendencia, en su calidad de presidente de una federación de estudiantes y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, a endurecer su protesta mediante actos vandálicos sino que esta actuación, cuanto menos, constituye un delito tipificado en el Código Penal".
La propuesta de los directores de primaria de eliminar los libros de texto de las aulas chocó ayer con el rechazo total del Gremio de Libreros de Castelló y las reservas de los directores de secundaria, que advierten que sería una decisión "muy compleja". Por su parte, los sindicatos UGT y Stepv respetarán el criterio autónomo de los claustros de profesores de cada centro y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) sólo lo avalarían "si mejora la calidad educativa para nuestros hijos".
Esta fue la respuesta a una medida que los directores de primaria debatieron ayer en una reunión en Borriol en un intento de presionar indirectamente al Consell a través de las grandes editoriales y hacer escuchar su protesta contra los recortes e impagos de la Conselleria de Educación. A la postre, los directores acordaron suavizar la medida inicial y únicamente sugerirán a los centros que se estudie "la posibilidad de prescindir de sólo algunos libros de texto para solidarizarse y reducir los gastos de las familias, así como apoyar el banco de préstamo de libros propuesto por las Ampas si es igualitario para todos".
El trasfondo de esta pretensión es el convencimiento de que grandes editoriales como Santillana o Anaya podrían ejercer gran influencia sobre la Generalitat para que reconsidere los recortes.
En medio de la polémica, la Conselleria de Educación respondió que la creación de manuales por los propios centros docentes "está contemplado por la ley y ya hay 17 centros que lo hacen en la Comunitat, pero siempre que sea para mejorar la calidad educativa y presentando un proyecto que tiene que pasar un filtro de calidad". Eso sí, la Generalitat advirtió que no aceptará esta determinación "si su objetivo es únicamente fastidiar a otro colectivo como los libreros o las editoriales, porque son profesionales igual que los profesores; inclusive puede perjudicar a puestos de trabajo de familiares de los profesores. Así que no lo entendemos".
Los manuales propios ya existen
La Generalitat apuntó también que la presentación de cualquier proyecto de material educativo "es compleja y se tiene que revisar; no vale decir ahora no queremos libros de texto y ya está; primero hay que proponer lo que se va a hacer y elaborarlo bien. Y cualquier centro es libre para hacerlo, igual que hasta ahora".
Ante esta postura, el colectivo de libreros manifestó con "indignación" que no comprende "por qué los maestros lanzan una medida contra libreros y editoriales si lo que quieren es presionar a la conselleria porque no les paga".
Los portavoces de las más de 300 librerías castellonenses advirtieron que prescindir de los libros de texto degradaría la calidad de la educación que reciben los escolares y, además, perjudicaría aún más a un sector que en Castelló está todavía sufriendo el impago de 2,5 millones del bono-libro de la Generalitat. "Es una aberración. Si nos ponemos así, por qué no eliminamos los profesores y dejamos los libros. Encima de que la conselleria no nos paga, los profesores también nos atacan. Nosotros queremos que los centros cobren, pero pedimos un poquito de respeto porque aquí también hay muchos puestos de trabajo, y además la medida juega con la educación de nuestros hijos. Los libros de texto son trabajo de años y de equipos de pedagogos especializados. Y no le vas a pedir a un niño de 8 años que tome apuntes que va a perder, o que dependa de un material que puede ser más o menos bueno dependiendo del profesor".
Según han informado fuentes del Ministerio Público en un comunicado, las diligencias se han incoado a raíz de las denuncias interpuestas por Esquerra Unida y el colectivo Cercle Obert.
Ante la existencia de actuaciones "en uno o varios juzgados de instrucción" relacionadas con estas protestas, la Fiscalía ha procedido a remitir lo actuado "al juzgado competente".
En un comunicado posterior, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha expresado su satisfacción al respecto y ha confiado en que "se llegue hasta el final, que se depuren todas las responsabilidades y que la delegada del Gobierno -Paula Sánchez de León- y el jefe de Policía -Antonio Moreno- no pasen ni un minuto más sin dimitir".
Esquerra Unida presentó una denuncia ante la Fiscalía del Menor al entender que los hechos eran "gravísimos" y que podían ser constitutivos de delitos de lesiones y detenciones ilegales".
El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, por su parte ha pedido en varias ocasiones en una comparecencia en el Senado que no se remuevan "las brasas" de los incidentes acaecidos el mes pasado en Valencia, al tiempo que ha celebrado que no se hayan producido más enfrentamientos "a pesar de que la mayoría de las manifestaciones se han celebrado al margen de la ley".
El ministro ha sido interpelado por el senador socialista José María Ángel Batalla y el senador de la Entesa del Progrés de Catalunya, Rafel Brugera. El ministro manifestó su preocupación porque los senadores se pongan "del lado de los que no cumplen la ley en lugar de en el de la policía". "Espero que no se solidarice con el que ha merecido la foto de portada del Ney York Times, que ha producido un daño extraordinario a la imagen exterior de España y al objetivo de generar un clima de confianza en el mercado e inversores para salir de la crisis en la que ustedes nos dejaron", le ha espetado al senador Brugera.
Fernández: "La delegada del Gobierno ha estado en todo momento a que se cumpla el mandato constitucional"
Además ha defendido la gestión de la Delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, durante los incidentes registrados el pasado mes y ha dicho que el responsable del dispositivo policial no necesitaba de ninguna orden para actuar. Preguntado en concreto acerca de quién ordenó las cargas, el ministro ha explicado que "el responsable policial, que en este caso era el jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) [antidisturbios] no necesita de orden alguna para actuar, sino que en el ejercicio de sus funciones tiene la potestad de hacer que se cumpla la Ley".Si bien, Fernández Díaz ha matizado que eso no quita que éste responsable policial pueda hacer "las consultas que considere pertinentes". "La delegada del Gobierno ha estado en todo momento a que se cumpla el mandato constitucional", ha añadido.
A su vez, la Confederación Española de Policía (CEP), tercer sindicato en la Comunidad Valenciana del sector, ha presentado una denuncia ante Fiscalía contra el presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem), Alberto Ordóñez, al considerarle "cabecilla" de las "revueltas" y sostener que "alentó" a "realizar hechos delictivos" durante las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo el pasado mes de febrero en Valencia y en las que destaca en el escrito que la actuación policial era "del todo necesaria para restablecer el orden e impedir el caos". Faavem fue la convocante de la multitudinaria manifestación estudiantil que recorrió Valencia sin incidentes el 29 de febrero.
Según la denuncia interpuesta por el sindicato policial, con fecha 27 de febrero y dada a conocer este martes, Ordóñez hizo unas declaraciones a los medios de comunicación el 20 de febrero en las que aseguraba que iban "a continuar quemando las calles de Valencia" con las que "no solo está incitando al colectivo estudiantil, sobre el que tiene una doble ascendencia, en su calidad de presidente de una federación de estudiantes y miembro del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, a endurecer su protesta mediante actos vandálicos sino que esta actuación, cuanto menos, constituye un delito tipificado en el Código Penal".
Los libreros advierten que quitar los libros de texto rebaja la calidad de la enseñanza
El Gremio manifiesta su indignación ante la medida de presión propuesta por los directores de primaria
Esta fue la respuesta a una medida que los directores de primaria debatieron ayer en una reunión en Borriol en un intento de presionar indirectamente al Consell a través de las grandes editoriales y hacer escuchar su protesta contra los recortes e impagos de la Conselleria de Educación. A la postre, los directores acordaron suavizar la medida inicial y únicamente sugerirán a los centros que se estudie "la posibilidad de prescindir de sólo algunos libros de texto para solidarizarse y reducir los gastos de las familias, así como apoyar el banco de préstamo de libros propuesto por las Ampas si es igualitario para todos".
El trasfondo de esta pretensión es el convencimiento de que grandes editoriales como Santillana o Anaya podrían ejercer gran influencia sobre la Generalitat para que reconsidere los recortes.
En medio de la polémica, la Conselleria de Educación respondió que la creación de manuales por los propios centros docentes "está contemplado por la ley y ya hay 17 centros que lo hacen en la Comunitat, pero siempre que sea para mejorar la calidad educativa y presentando un proyecto que tiene que pasar un filtro de calidad". Eso sí, la Generalitat advirtió que no aceptará esta determinación "si su objetivo es únicamente fastidiar a otro colectivo como los libreros o las editoriales, porque son profesionales igual que los profesores; inclusive puede perjudicar a puestos de trabajo de familiares de los profesores. Así que no lo entendemos".
Los manuales propios ya existen
La Generalitat apuntó también que la presentación de cualquier proyecto de material educativo "es compleja y se tiene que revisar; no vale decir ahora no queremos libros de texto y ya está; primero hay que proponer lo que se va a hacer y elaborarlo bien. Y cualquier centro es libre para hacerlo, igual que hasta ahora".
Ante esta postura, el colectivo de libreros manifestó con "indignación" que no comprende "por qué los maestros lanzan una medida contra libreros y editoriales si lo que quieren es presionar a la conselleria porque no les paga".
Los portavoces de las más de 300 librerías castellonenses advirtieron que prescindir de los libros de texto degradaría la calidad de la educación que reciben los escolares y, además, perjudicaría aún más a un sector que en Castelló está todavía sufriendo el impago de 2,5 millones del bono-libro de la Generalitat. "Es una aberración. Si nos ponemos así, por qué no eliminamos los profesores y dejamos los libros. Encima de que la conselleria no nos paga, los profesores también nos atacan. Nosotros queremos que los centros cobren, pero pedimos un poquito de respeto porque aquí también hay muchos puestos de trabajo, y además la medida juega con la educación de nuestros hijos. Los libros de texto son trabajo de años y de equipos de pedagogos especializados. Y no le vas a pedir a un niño de 8 años que tome apuntes que va a perder, o que dependa de un material que puede ser más o menos bueno dependiendo del profesor".
