Educación estudia fijar un número mínimo de alumnos por carrera
El ministerio quiere reducir una oferta de títulos universitarios que ve excesiva
El Ministerio de Educación estudia establecer un mínimo de alumnos que una universidad pueda ofrecer en una carrera. Esta idea va de la mano de la iniciativa que anunció en el Senado el ministro José Ignacio Wert: se convocará un comité de expertos para diseñar una reforma universitaria que tendrá, entre otras tareas, "la racionalización" de la oferta de títulos. Wert habló de un "estándar de eficiencia mínima": un tamaño medio de grupo de 55 alumnos; el 42% de las titulaciones en las universidades públicas en el curso 2008-2009 no llegaba a ese mínimo, añadió. Aunque está muy avanzado el proceso de elección de expertos, según dijo ayer un portavoz del departamento, aún no se han nombrado, y para conocer los detalles habrá que esperar a sus propuestas.
La Xunta de Galicia ya aprobó el pasado diciembre el mínimo de alumnos para sus carreras, entre 45 y 50. Si no lo cumplen dentro de dos cursos, tendrán tres años para captar más estudiantes o deberán presentar un plan de reestructuración. Cataluña ha anunciado una medida similar. De momento, la Generalitat ha eliminado 160 másteres (de los 500 que tenía) con menos de 20 alumnos, informa Ivanna Vallespín.
El exceso de oferta universitaria se ha convertido en un debate recurrente los últimos años. La teoría dice que a partir de los años noventa los campus públicos proliferaron —a veces por decisiones políticas que desdeñaban una buena planificación— y que todos ellos han estado ofreciendo un abanico demasiado grande de títulos. Así, cuando empezó a descender el alumnado al principio del siglo XXI, muchas carreras empezaron a quedarse vacías. La receta, impulsada ya por el anterior Gobierno del PSOE, era concentrar las carreras con pocos alumnos solo en algunos campus. Sin embargo, la oferta ha aumentado: en el curso 2008-2009, se ofrecieron 2.669 licenciaturas y diplomaturas (las mismas carreras muchas veces repetidas), y en 2011, 2.413 grados y 2.758 másteres oficiales.
A María José Saura, responsable de Universidades de CC OO, le preocupan los criterios para reducir las carreras. "Espero que no se haga con los criterios que han multiplicado el número de titulaciones repetidas", dice con ironía. Se refiere a criterios políticos y territoriales, en lugar de considerar las necesidades reales. Saura reclama que se tengan en cuenta cuestiones como la calidad u otras necesidades, no solo el número de alumnos matriculados. En Galicia, las carreras que se consideren esenciales o estratégicas no tendrán que cumplir el mínimo de alumnado.
La presidenta de los rectores, Adelaida de la Calle, asegura que los datos del ministerio son antiguos. Con el cambio de títulos para su adaptación europea (plan Bolonia, que requiere, además, clases pequeñas) la situación ha cambiado mucho y han aumentado un 10% los alumnos desde 2008-2009, dice. "La mayoría de carreras ya tienen un mínimo de 50 matriculados nuevos", asegura. Otros especialistas, sin embargo, creen que la situación sigue como siempre.
De cualquier manera, el profesor de Economía de la Universidad de Jaén Juan Hernández Armenteros duda del margen del ministerio para imponer un mínimo de alumnos o racionalizar la oferta, dado que las competencias las tienen las comunidades; tendría que ponerlo por ley. En todo caso, aplaude la iniciativa con la que se podrían ahorrar unos 500 millones de euros, asegura. Eso sí, advierte de que sería a medio plazo, pues al principio supondría un gasto en becas de movilidad para los alumnos que se desplazaran a estudiar a otros sitios y en reubicar al profesorado sobrante. Esta última ha sido una de las pegas a esa racionalización de carreras. Y a María José Saura, de CC OO, le preocupa sobremanera: "Con la reforma laboral actual pueden pasar muchas cosas", dice en referencia a "posibles despidos".
Las tasas suben más que la inflación
J. A. AUNIÓN / IVANNA VALLESPÍN | Madrid / Barcelona
El otro gran debate de esta legislatura será sin duda el del precio de la matrícula universitaria en los campus públicos. Cataluña ya ha pedido al Ministerio de Educación que deje a las comunidades fijar libremente sus precios; ahora el Gobierno central fija una horquilla máxima de subida anual, que normalmente es el IPC más cuatro puntos porcentuales. Si esa idea no sale adelante, la Generalitat propone también que sean las propias universidades las que fijen el precio.
A pesar de esa horquilla cerrada, el coste de la matrícula en las universidades públicas ya tiene una diferencia de casi el 100% entre comunidades: en Cataluña ya es casi el doble (tomando la tasa máxima) que en las andaluzas: unos 732 euros frente a unos 1.423 por un curso completo en este año académico 2011-2012, según las estadísticas del ministerio.
Este curso, la mitad de las comunidades ha subido el mínimo (ese 3,6%, la cifra del IPC en 2010), y las que más lo han aumentado son Cataluña (7,6%) y Comunidad Valenciana (7,5%). Así, a pesar de la crisis, el precio medio se ha incrementado un 4,5%, por encima del IPC.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ya ha apuntado en sus declaraciones cierta predisposición hacia una futura revisión al alza de las tasas, al insistir en que los alumnos españoles de las universidades públicas solo cubren con su matrícula alrededor del 15% del coste real. La teoría —defendida por ejemplo la semana pasada por el rector de la Pompeu Fabra de Barcelona, Juan Josep Moreso— es la de subir los precios, pero a la vez aumentar mucho las becas para que no se vean apartados de los campus las personas con menos recursos.
Lo que ocurre es que es difícil de creer —al menos para María José Saura, de CC OO— que se vayan a subir las becas en el contexto actual de crisis. La presidenta de los rectores, Adelaida de la Calle, dice que "ahora no es un buen momento para subir los precios, con la situación tan angustiosa que están pasando muchas familias".
Los directores de Primaria dicen que el nuevo horario escolar es otra "ocurrencia"
La asociación profesional considera que es una "cortina de humo" para tapar los recortes
Denuncian recorte de unidades, los impagos del Consell y la no sustitución de bajas docentes
Los directores de colegio de Primaria están "preocupados" por la deriva de la política educativa de la Generalitat "contra el profesorado" y califican la nueva orden de calendario escolar de una "ocurrencia" más y de "cortina de humo" para "desviar la atención de la situación real" que padecen los centros escolares valencianos. "Aunque los docentes, alumnos y familias no son responsables de la situación, han recibido los ataques más salvajes que se recuerdan desde la transición democrática", denuncia la Asociación Valenciana de Directores de Infantil y Primaria (Avdip).
Los "ataques" a los que se refiere la asociación profesional son, en concreto: la supresión de unidades; la no sustitución de bajas; los impagos con años de retraso que aún persisten y que ahogan el buen funcionamiento de los centros; y el menosprecio a la formación del profesorado, que durante años ha garantizado la calidad del sistema educativo, en abierta referencia al recorte del 50% del complemento por sexenios de formación acumulado.
"Los comunicados de la Consejería de Educación, lejos de aclarar la situación —habiendo de dar sensación de armonía, paz y equilibrio— se dedican a crispar y crear cortinas de humo para desviar la atención de la situación real, con una aglomeración de ocurrencias que ofrecen una imagen triste y pobre y sin ningún referente del rigor y la seriedad que se espera de quien ocupa cargos de responsabilidad".
Trabajar en julio
Los directores aclaran que "el profesorado siempre ha trabajado en julio" y se preguntan: "¿Por qué distraer a la opinión pública cada semana con la situación de los docentes?". La respuesta, según la asociación profesional, está en "inmadurez", que lo único que provoca es "alimentar el fuego de la inoperancia, justificando delante de la opinión pública una gestión pésima, o peor aún, la inexistencia de cualquier tipo de gestión".
Los directores de Secundaria también han rechazado la nueva orden que afirma que los profesores de los colegios públicos tendrán que estar a "disposición de la Administración". Esto ya figura en la normativa vigente desde 1983. Se trata de un mes en el que los docentes realizan tareas de formación o de organización.
La novedad reside en que abre la puerta a alargar las clases por la tarde en junio y en septiembre.
La Católica de Murcia recibe gratis 50.000 metros cuadrados públicos
El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant cede los solares a la universidad privada
El presidente de la conferencia de rectores solicita información a la consejería
El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha recibido a bombo y platillo el proyecto de instalación de la Universidad Católica de Murcia (Ucam). Y le está dando todas las facilidades posibles. La primera, el suelo. El municipio, gobernado por el PP, cede 50.000 metros cuadrados de suelo municipal "ampliables en el futuro" para el ambicioso campus privado. Los terrenos se ubican en la partida de Alquería y están calificados como deportivos y educativos.
Y es que, a falta de conocer algunos números concretos, las primeras cifras resultan muy atractivas para el municipio: en Murcia la universidad tiene empleadas a 1.500 personas, la misma cifra aproximadamente de parados que tiene la localidad alicantina, según fuentes de la misma. El acuerdo, de hecho, llega acompañado del compromiso de que buena parte del personal administrativo y de servicios del campus resida en Sant Joan d'Alacant.
La intención es arrancar el nuevo campus con 13 titulaciones en el curso 2013-2014. La Universidad Católica San Antonio de Alicante, como se llamará, contará con una inversión inicial de entre 30 millones y 40 millones, pero el proyecto se anuncia más ambicioso. La Ucam tiene previsto negociar con los propietarios de los terrenos colindantes con los que cede el Ayuntamiento para ampliar el campus, según se explicó ayer en la presentación de la iniciativa, a la que asistieron. El alcalde del municipio, Manuel Aracil, el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, y el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Rafael Palmero.
El centro ofrecerá los grados de Medicina, Odontología, Turismo y Comunicaciones, Derecho, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Ciencias del Deporte, Dirección de Empresas y Marketing (bilingüe), Educación Infantil, Educación Primaria, Ingeniería Electromecánica Industrial e Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática. Fuentes del mismo aseguran que han decidido acometer este proyecto tras detectar en Murcia la existencia de muchos estudiantes de Alicante.
Mucho menos entusiastas se han mostrado las universidades públicas. El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas, Juan Julià, aseguró no tener información del proyecto y reclamó a la Consejería de Educación que convoque una reunión del Consejo Interuniversitario. A falta de más datos, sin embargo, Julià consideró que en los tiempos que corren parece más adecuado racionalizar la oferta existente que apostar por la competencia.
En esta línea, el rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, defendió que la oferta de formación superior está cubierta en todas las universidades implantadas, públicas y privadas (UA, Universidad Miguel Hernández de Elche, Cardenal Herrera CEU y UNED). "Por tanto no hay ninguna necesidad. Duplicar la oferta no parece lo más interesante ni deseable", agregó.
Su homólogo de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, defendió que en estos tiempos de crisis "hay que ser extremadamente prudentes". Pastor incidió en que no tiene "mucho sentido" poner titulaciones que ya existen y que no tienen muchos alumnos, como Dirección de Empresas. "Hay que buscar que el sistema no sea ineficiente", agregó el rector. Pastor reiteró que es tiempo de coordinarse, como hacen las universidades públicas en los cursos de posgrado.
Educación estudia aumentar la ratio de alumnos por clase
Según el gabinete, no hay relación entre una ratio menor y la mejora de resultados | Educación habla de subir las ratios entre un 10% y un 15% en las dos etapas | Con grupos cada vez más heterogéneos, "aumentar las clases perjudicaría"
El esfuerzo que desde hace más de una década se está haciendo en España para reducir el número de alumnos por clase en un intento de mejorar la calidad de la enseñanza parece que tiene los días contados. El Ministerio de Educación, a instancias de las comunidades autónomas, considera la posibilidad de incrementar el límite máximo de estudiantes por aula tanto en educación primaria como secundaria, según informaron fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert.Desde este ministerio se justifica este replanteamiento de la ratio que establece la ley orgánica de Educación (LOE) en que no hay estudios que confirmen que clases con menos alumnos impliquen un mayor éxito escolar. Lo que sí está confirmado es que más estudiantes por aula llevan consigo una reducción del número de profesores tanto en colegios como institutos. Es decir, que hay que gastar menos dinero en contratar profesores.
Por el momento, no hay cifras del incremento de la citada ratio, pero se sopesa que sea de entre un 10% o un 15%. Es decir, si actualmente el límite máximo en primaria es de 25 alumnos por clase (hasta un 27 en casos determinados) y de 31 en secundaria (hasta un 33, como máximo), con la reforma solicitada por algunas comunidades autónomas podría alcanzar entre los 30 y 35 alumnos en función de la etapa.
No hay aún decisión tomada al respecto, aclaran desde el ministerio que dirige José Ignacio Wert, aunque creen que "se ha sacralizado el tamaño de los grupos" sin una base científica contundente. Lo que sí está claro es que aumentar el tamaño de las aulas reduce las necesidades de profesorado, una medida que reclaman las comunidades, que son las que afrontan el pago de esas nóminas.
Pero ¿es cierto que el tamaño de las clases no influye de manera clara en los resultados de los alumnos? La respuesta no está clara porque en el proceso educativo intervienen muchos actores, desde los estudiantes hasta sus padres, los profesores y la Administración, que es la que pone los medios humanos. "El efecto final de una disminución del número de alumnos por profesor depende mucho del efecto que esto tenga en otros participantes en el proceso", señala el catedrático e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Antonio Cabrales, en el blog de la citada entidad.
Y es verdad, tal como señalan desde el Ministerio de Educación, que los estudios sobre la ratio de alumnos por aula no son concluyentes. Al menos en términos generales. Sí, en cambio, parece que un número menor de alumnos por clase es beneficioso para los chavales que presentan dificultades.
Wert se aferra a los estudios para justificar una eventual subida de ratio. Pero una cosa son las cifras sobre papel, y otra la realidad de las aulas, muy compleja y cambiante según el contexto. Alicia Fernández, directora del centro de primaria Joaquim Ruyra de Barcelona y miembro de la asociación de directivos Axia, pone énfasis en que al hablar de las ratios se deben tener en cuenta muchos factores, no se puede frivolizar ni hacer análisis simplistas. Esta maestra explica que en una situación ideal, en la que el grupo de alumnos es homogéneo, con una situación social similar, rendimiento parecido..., aumentar algo la ratio no tendría un efecto perjudicial. "Pero la realidad es que los grupos de alumnos son cada vez más heterogéneos, con orígenes muy diversos, situaciones familiares distintas, comportamiento dispar...", y así no se pueden aumentar ratios de forma generalizada e indiscriminada. Fernández apunta también a otro factor: Catalunya en especial ha apostado por la educación inclusiva, aquella en la que todos los alumnos estudian juntos, también aquellos con necesidades educativas especiales -discapacidades o trastornos-. La consecuencia es que los maestros deben atender a alumnos que requieren mucha atención -también cuentan con apoyo para ello-. Si en un aula con 25 alumnos esto ya es complicado, más será con un aula de 30 o 35 estudiantes. Lo mismo ocurre con los problemas de indisciplina, señala Fernández. Con alumnos difíciles, el profesor invierte mucho tiempo en poner orden en la clase. "Cuanto mayor sea el grupo, más problemas de indisciplina tendrá que afrontar", indica. De ahí que esta directora reclame un estudio "serio y pausado" de cualquier cambio en las ratios. Además, otros docentes hacen hincapié en un problema que parece más prosaico, pero igualmente real: el espacio. ¿Están preparadas las aulas para acoger a más alumnos, para que todos tengan una visión clara de la pizarra o puedan oír al profesor de forma adecuada? Muchas de ellas no.
El maestro, pedagogo y filósofo Gregorio Luri también reclama hacer "un debate serio" al respecto. "Es cierto que los estudios no relacionan una disminución de la ratio con una mejora directa del rendimiento escolar, pero no podemos hacer demagogia con este tema, aumentar la ratio tampoco mejora el rendimiento", señala. Los alumnos de hoy en día son distintos de los de los años ochenta, cuando no era extraño ver clases de hasta 40 alumnos. Ahora, sigue Luri, a los alumnos les cuesta más mantener la atención, son más movidos, y hay que tener en cuenta este hecho cuando se habla del número de alumnos por clase. Sin embargo, "donde más se debe cuidar la ratio es en la educación infantil", añade. Ahí empiezan las grandes diferencias entre un alumno y otro. Luri reclama además una buena formación del profesor y dedicar más tiempo a los estudiantes con dificultades, para suplir esas carencias de base.
En las crisis, cuando no hay dinero, las administraciones buscan métodos para ahorrar. "En tiempos duros, los políticos deben ser claros, y no buscar subterfugios para intentar hacer de la necesidad virtud cuando no hay virtud", añade este especialista. La subida de ratios se ve como un método para ahorrar profesores, pese a que es cierto que los estudios no relacionan unas ratios más bajas con mejores resultados. En Europa la situación es diversa, aunque la mayoría de los países tienen una media de alumnos por profesor similar a la de España. Aun así, las ratios también suben en algunos estados.
