domingo, 22 de abril de 2012

Recull de premsa FAPA-València divendres 20 abril 2012

                                                  

La primera matrícula en la universidad pública costará hasta 540 euros más

La conselleria afirma que "se trataría de aproximar los precios públicos al coste efectivo" de los estudios universitarios


La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, advirtió ayer de que los alumnos de la Comunitat Valenciana pagan algo más del 13 % del coste real de una matrícula universitaria mientras la media nacional está en torno al 14,8 %, por lo que la Generalitat está pagando unos 800 euros más por estudiante que la media del resto de gobiernos autonómicos.
Català hizo estas declaraciones a su salida de la Conferencia General de Política Universitaria celebrada en el Ministerio de Educación, en la que se anunció que las comunidades podrán adoptar medidas oportunas para hacer sostenible el sistema público universitario. 
Según informó la conselleria, entre estas medidas se encuentra la posibilidad de solicitar un mínimo de alumnos en las titulaciones, facilitar la cooperación interuniversitaria para impartir titulaciones, incrementar la carga lectiva de docentes que no estén realizando investigación o establecer una serie de horquillas para el incremento de tasas. Estas horquillas las ha fijado el ministerio entre el 15 al 25% del coste del puesto universitario, lo que supondría un incremento de media en España a pagar por el alumno de hasta 540 euros más en primera matrícula. Respecto a esta ultima posibilidad, según la Generalitat, "se trataría de revisar las tasas universitarias con el fin de aproximar los precios públicos de los servicios académicos universitarios al coste efectivo de los mismos".
Català anunció que ha llegado el momento de realizar un grupo de trabajo para analizar esta posibilidad, ya que, en el caso de la Comunitat Valenciana, los alumnos pagan algo más del 13 % del coste real de la matrícula mientras que la media en España se sitúa en torno al 14,8 %, por lo que la Generalitat paga cerca del 87 % restante hasta el coste efectivo del servicio universitario.
El Gobierno valenciano, según la conselleria, aporta anualmente 7.500 euros por estudiante, cuando la media en España está sobre los 6.700 euros.
Para la consellera, cualquier decisión que se tome se realizará "a través del dialogo permanente con la comunidad universitaria valenciana" al disponer, a su juicio, "de uno de los mejores sistemas financiación universitario de España, que se ha diseñado siempre con la colaboración de todos".

Premiar el esfuerzo académico
"Cualquier incremento de tasas debe ir acompañado de una correcta política de becas", añadió Català para explicar que ese grupo de trabajo se centrará en elaborar un mapa de titulaciones en la Comunitat para evitar duplicidades de títulos y racionalizarlos, al tiempo que deben ir dirigidos a aquellos grados o titulaciones que tengan salidas profesionales.

Oposición del PSOE
Subir las tasas universitarias hasta en un 66% al mismo tiempo en que baja el dinero dedicado a las becas en 166 millones de euros es "un cóctel explosivo gravísimo" que liquida la igualdad de oportunidades y empobrecerá la Universidad española, consideró ayer el PSOE. La reacción del portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso, Mario Bedera, se produjo tras la propuesta de incremento de las tasas para las universidades públicas que representará un desembolso máximo medio de 540 euros más por curso, mientras que las segundas y sucesivas matrículas tendrán un recargo de entre el 30 y el cien por ciento. Esta subida de tasas es "gravísima" para el portavoz socialista, quien pidió al Gobierno que rectifique y abra un diálogo que permita el consenso, dado que estas medidas "rompen un modelo educativo que arranca desde la Transición".

 

El coste de un titulado para el Consell

El Tribunal de Cuentas subraya que ya en 2007 cada titulado costaba a la Administración entre 33.000 y 47.000 euros - Los ingresos ordinarios de las universidades "solo" cubrían un 21,8%de gastos y la Comunitat estaba entre los márgenes más negativos

Un informe del Tribunal de Cuentas de 2006 y 2007, sobre el sector público autonómico, subraya que el coste medio estimado de un titulado universitario para la Administración es de 32.922 euros para los de ciclo corto, 46.634 euros para los de ciclo largo y de 24.107 euros para los de segundo ciclo.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, resalta también que los ingresos ordinarios de las universidades públicas "solamente" cubrían por entonces un 21,8 por ciento de los gastos ordinarios, como media, siendo los "márgenes más negativos" los registrados en Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía.

En cuanto a la evolución de las fuentes de financiación de las universidades públicas para el periodo 2003-2007, el Tribunal de Cuentas presenta un crecimiento acumulado anual del 8,3 por ciento.

Según desvela, las fuentes de financiación propias lo han hecho a una tasa acumulada de crecimiento anual del 5 por ciento, mientras que las ajenas lo han hecho a una tasa del 9,6 por ciento, lo que pone de manifiesto que disminuye la proporción de las propias y se incrementa la correspondiente a las ajenas, fundamentalmente con origen en las subvenciones corrientes.

En dicho informe avisa, además, de que algunas universidades públicas no aprueban los presupuestos antes del inicio del ejercicio, por lo que deben comenzar la gestión con los presupuestos del año anterior prorrogados.

Así las cosas, la institución aconseja a las universidades a que elaboren con mayor rigor sus presupuestos, antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docente, así como unas previsiones de los proyectos de investigación que se les adjudicarán en el ejercicio, de modo que, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las imprescindibles y, en todo caso, debidamente justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.

DEBERÍAN CAMBIARSE LOS PLANES DE JUBILACIÓN

En cuanto al personal de las Universidades, el informe resalta que, aunque en los ejercicios 2003 a 2005 se observa una tendencia creciente a la provisión de puestos de trabajo por personal funcionario en detrimento del personal laboral, dicha tendencia parece invertirse en los ejercicios 2006 y 2007, donde el funcionariado universitario representa el 55,69 por ciento de la totalidad del personal.

El Tribunal de Cuentas señala a su vez que, en todas las ramas de enseñanza de las universidades públicas, excepto en Ciencias de la Salud, la media de créditos impartidos por profesor equivalente es inferior a los 24 créditos establecidos en la legislación.

Con todo ello, la institución aconseja a las universidades a elaborar las relaciones de puestos de trabajo, diferenciando las funciones docentes e investigadoras y controlando la evolución de sus cargas de trabajo.

Por otro lado, avisa de que los acuerdos adoptados en el seno de las Universidades, estableciendo planes de jubilaciones voluntarias anticipadas e incentivadas para el personal docente investigador (PDI) funcionario carecen de soporte legal, por lo que los centros universitarios deberían suspender la vigencia de los mismos y, en consecuencia, poner fin a la incorporación de nuevos beneficiarios.

En este sentido, llama la atención de que los acuerdos adoptados en el seno de las Universidades, estableciendo planes de jubilaciones voluntarias anticipadas e incentivadas para el PDI funcionario, en general, no cuentan con el respaldo expreso de las comunidades autónomas al objeto de su financiación.

Por ello, dice que los Gobiernos autonómicos, a la hora de autorizar los costes del PDI deberían ejercer un adecuado análisis de su composición y seguimiento de su ejecución, con objeto de evitar que, con cargo a los mismos, se imputen gastos en concepto de retribuciones, incentivos o ayudas carentes de soporte legal.

MÁS LICENCIADOS EN CIENCIAS SOCIALES

Según los cálculos del Tribunal, la oferta de plazas se concentra fundamentalmente en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con un 42 por ciento de las plazas, seguida de las Técnicas, con un 29 por ciento. Además, la media de plazas por titulación se sitúa en 125.

Igualmente, detalla que el porcentaje medio de plazas ofertadas de nuevo ingreso que son cubiertas por alumnos de nuevo ingreso es del 62 por ciento de media. Concretamente, refleja que los alumnos matriculados en las universidades objeto de análisis, entre el curso 2003-2004 y el curso 2007-2008, evolucionan con una tasa de reducción del seis por ciento.

Finalmente, cree que las universidades deberían analizar y adecuar la oferta interna a la demanda social de las enseñanzas mediante la asignación eficiente de los recursos necesarios para la provisión de los servicios docentes, teniendo en cuenta, además, la tasa de abandono de los estudios universitarios.

 

                                           

 

Las CC AA podrán incrementar un 66% las tasas universitarias

 

La ola de recortes para paliar el déficit de las comunidades universitarias ha golpeado hoy en la línea de flotación a la universidad pública española. El decreto ley que aprobará mañana el Gobierno central otorgará potestad a las comunidades autónomas para incrementar las tasas de matriculación universitaria hasta un 66%. Actualmente, cada estudiante paga un 15% del coste real de su formación, el resto corre a cargo del presupuesto público. A partir del próximo año, los ejecutivos podrán elevar ese porcentaje hasta un 25%, lo que de media, según los cálculos de Educación, supondrá 540 euros más por curso para cada estudiante.

Las tasas universitarias varían actualmente entre los 700 y los 1.400 euros dependiendo de la región y la carrera que se estudie. A mayor cantidad, mayor será por tanto el incremento. Además, en el caso de los repetidores la cuantía aumentará de un 30% a un 40% del coste del curso para la segunda matrícula de una misma asignatura, del 65% al 75% para la tercera y del 90% al 100% en el caso de la cuarta.

El ministro del ramo, José Ignacio Wert, ha informado de esta y otras medidas a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas -"solo nos informó, no nos consultó" se quejó el secretario general de Universidades andaluz, Francisco Triguero-.

El objetivo es, según les ha explicado Wert, dotar a las regiones de una serie de herramientas legislativas que les permitan ahorrar en gasto y alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al 1,5% de su PIB a finales de 2012. "Nosotros ofrecemos un abanico de posibilidades y serán las comunidades, dependiendo de la situación por la que estén atravesando, las que decidirán cómo implementar de una u otra forma las opciones que les estamos poniendo sobre la mesa", ha indicado la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, quien ha sido la encargada de explicar los pormenores de la reforma a los medios de comunicación al tener un acto el ministro con la Casa Real.

De momento, el País Vasco ya ha anunciado que en ningún caso acometerá una subida de las matriculas, mientras que Andalucía ha vinculado cualquier tipo de incremento a que vaya aparejado a un mayor número de becas "en defensa de la equidad en la educación". El resto de gobiernos autonómicos ha preferido guardar silencio a la espera de evaluar la nueva situación.

"El dinero que se recaude de más corresponderá a las propias universidades, pero al contar con mayor financiación las comunidades podrán rebajar la asignación de los presupuestos que va destinada a ellas", ha explicado la secretaria de Estado. Gomedió también ha insistido en que no se reducirá la partida de becas. En aquellas que cubra el 100% del importe de la formación del estudiante, el incremento de la tasa correrá a cargo de su comunidad autónoma.

Docencia o investigación

La reforma también afectará al profesorado. El Ministerio pretende marcar una línea fija entre docencia e investigación. Aquellos profesores que atestigüen las horas dedicadas a la investigación durante los últimos seis años verán recortadas sus horas lectivas con el fin de que puedan dedicar un mayor esfuerzo a la misma. Para los que no lo hagan el camino será el inverso y se les impondrá una mayor presencia en las aulas. "Deberán elegir a que prefieren dedicarse en mayor medida", ha apuntado Gomendio. Según los datos aportados por Educación, el 50% de los docentes con condición de funcionario no se dedica a labores de investigación.

Otro de los puntos del decreto ley contempla un mayor control de las universidades por parte de los Ejecutivos autónomos. En concreto, se pretende que en situaciones de déficit los órganos rectores de las instituciones no puedan incrementar su gasto, obligando con ellos a un mayor esfuerzo de las arcas públicas para su mantenimiento. Igualmente, las comunidades podrán frenar los concursos de empleo público si no los consideran convenientes.

El último vértice de la reforma obliga a un proceso de diálogo entre todas las partes que derive en la aprobación de unos requisitos mínimos que deban cumplir las universidades, y que van desde recursos a número de alumnos por titulación. Según Gomendio, "existe un número muy elevado de universidades y campus, pero sobre todo de titulaciones" por lo que ha incidido en la necesidad de profundizar en la eficiencia y viabilidad de cada institución y materia. "Muchas comunidades autónomas nos habían solicitado que diéramos este paso", ha afirmado la secretaria de Estado, que tal y como dijo el ministro el lunes, este decreto ley no es una reforma educativa, esta aún está por llegar.