Los universitarios que repitan pagarán cuatro veces más por grado
Las facultades de la Comunitat Valenciana gravaban la repetición de convocatoria con un 10 % del coste y ahora pueden llegar hasta el 40 %
El decreto-ley que permite a las autonomías encarecer el precio de los títulos universitarios -que conllevará un aumento de al menos 540 euros por matrícula- tiene a los alumnos repetidores en el punto de mira.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado, la normativa abre el grifo a las autonomías para que aumenten la aportación de los estudiantes en las matrículas y escalona de menor a mayor el gasto según el número de convocatoria: se premia a los mejores y se penaliza a aquellos que repiten.
El reglamento establece que los precios de la primera matrícula cubrirán entre el 15 y el 25 % del coste, los de la segunda entre el 30 y el 40 %, los de la tercera entre el 65 y el 75 % y los de la cuarta el 100 % de los estudios. Así, al gravamen que se aplicará al primer precio tras la entrada en la universidad se añadirán los sobrecostes por posibles suspensos en años venideros, cuadruplicando la aportación en segundas convocatorias. No hay margen para el error, los fallos son caros.
Hasta el momento, las universidades de la Comunitat Valenciana cargaban con un 10 % de media -depende de la rama de las enseñanzas- el coste de la segunda citación por una nota negativa. Ahora, nuevo el decreto-ley aumenta la horquilla y la sitúa entre el 30 y 40 %.
La situación fue examinada ayer por portavoces de los sindicatos educativos FETE-UGT, CC OO -PV y STE-PV. Guillermo Martí -secretario general de FETE-UGT- comentó que "penalizar las segundas convocatorias puede entenderse, aunque las cifras son demasiado elevadas. Sobretodo cuando ya suben los precios de las primeras matrículas y este año han bajado un 11% el número de becas". La situación cobra mayor importancia en carreras de mayor dificultad, como las ingenierías, con mayores tasas de repetición. Martí expuso que "habrá que ver cómo se desarrolla la legislación, pero lo que están haciendo es restringir un acceso a la universidad que hasta ahora era universal". A su vez, el secretario genera comentó que "la financiación de las universidades se basa en el número de alumnos; tendrán que analizar la influencia de un más que previsible descenso".
Trabajar y estudiar
Uno de los colectivos a los que más dañará la normativa es al formado por aquellos jóvenes que compatibilizan trabajo y estudios para sacarse una carrera. Ferran García -responsable de Relaciones Institucionales de la Federación de Enseñanza de CC OO -PV- comentó que "este movimiento perjudica al alumnado con mayores dificultades, ya que se va a depender mucho de los recursos de cada uno". En términos parecidos se movió Vicente Mauri -STE-PV-, que apuntó que "los alumnos que por su situación personal alternen trabajo y estudios van a tener que hacer más horas en puestos más precarios para pagar unos estudios más caros; esa es su cultura del esfuerzo". Todos los sindicatos educativos consultados recordaron que la Generalitat ya subió el precio de las matriculas para el presente curso 2011-12 un 7,5 % -máximo permitido-.
Catalá defiende una inversión de 7.500 euros por alumno
En medio del intenso debate sobre el aumento de los precios de las matrículas universitarias, desde la Conselleria de Educación quisieron salir al paso de las críticas y destacaron que "la Generalitat destina 810 millones de euros a las universidades valencianas, lo que equivale a 7.500 euros por alumno; somos la autonomía que mayor presupuesto público destina a las universidades". Así, desde el departamento dirigido por María José Català explicaron que "la inversión media por alumno se ha duplicado desde el año 2002, cuando fue de 3.666 euros". También destacaron que la valenciana es la segunda autonomía que más ha crecido en este capítulo desde el año 1996. Los datos proceden de un estudio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Por último, desde la Generalitat destacaron que los universitarios valencianos reciben en la actualidad 42.901 becas; 2.992 proceden del Consell.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado, la normativa abre el grifo a las autonomías para que aumenten la aportación de los estudiantes en las matrículas y escalona de menor a mayor el gasto según el número de convocatoria: se premia a los mejores y se penaliza a aquellos que repiten.
El reglamento establece que los precios de la primera matrícula cubrirán entre el 15 y el 25 % del coste, los de la segunda entre el 30 y el 40 %, los de la tercera entre el 65 y el 75 % y los de la cuarta el 100 % de los estudios. Así, al gravamen que se aplicará al primer precio tras la entrada en la universidad se añadirán los sobrecostes por posibles suspensos en años venideros, cuadruplicando la aportación en segundas convocatorias. No hay margen para el error, los fallos son caros.
Hasta el momento, las universidades de la Comunitat Valenciana cargaban con un 10 % de media -depende de la rama de las enseñanzas- el coste de la segunda citación por una nota negativa. Ahora, nuevo el decreto-ley aumenta la horquilla y la sitúa entre el 30 y 40 %.
La situación fue examinada ayer por portavoces de los sindicatos educativos FETE-UGT, CC OO -PV y STE-PV. Guillermo Martí -secretario general de FETE-UGT- comentó que "penalizar las segundas convocatorias puede entenderse, aunque las cifras son demasiado elevadas. Sobretodo cuando ya suben los precios de las primeras matrículas y este año han bajado un 11% el número de becas". La situación cobra mayor importancia en carreras de mayor dificultad, como las ingenierías, con mayores tasas de repetición. Martí expuso que "habrá que ver cómo se desarrolla la legislación, pero lo que están haciendo es restringir un acceso a la universidad que hasta ahora era universal". A su vez, el secretario genera comentó que "la financiación de las universidades se basa en el número de alumnos; tendrán que analizar la influencia de un más que previsible descenso".
Trabajar y estudiar
Uno de los colectivos a los que más dañará la normativa es al formado por aquellos jóvenes que compatibilizan trabajo y estudios para sacarse una carrera. Ferran García -responsable de Relaciones Institucionales de la Federación de Enseñanza de CC OO -PV- comentó que "este movimiento perjudica al alumnado con mayores dificultades, ya que se va a depender mucho de los recursos de cada uno". En términos parecidos se movió Vicente Mauri -STE-PV-, que apuntó que "los alumnos que por su situación personal alternen trabajo y estudios van a tener que hacer más horas en puestos más precarios para pagar unos estudios más caros; esa es su cultura del esfuerzo". Todos los sindicatos educativos consultados recordaron que la Generalitat ya subió el precio de las matriculas para el presente curso 2011-12 un 7,5 % -máximo permitido-.
Catalá defiende una inversión de 7.500 euros por alumno
En medio del intenso debate sobre el aumento de los precios de las matrículas universitarias, desde la Conselleria de Educación quisieron salir al paso de las críticas y destacaron que "la Generalitat destina 810 millones de euros a las universidades valencianas, lo que equivale a 7.500 euros por alumno; somos la autonomía que mayor presupuesto público destina a las universidades". Así, desde el departamento dirigido por María José Català explicaron que "la inversión media por alumno se ha duplicado desde el año 2002, cuando fue de 3.666 euros". También destacaron que la valenciana es la segunda autonomía que más ha crecido en este capítulo desde el año 1996. Los datos proceden de un estudio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Por último, desde la Generalitat destacaron que los universitarios valencianos reciben en la actualidad 42.901 becas; 2.992 proceden del Consell.
Pasión por la lengua a orillas del Xúquer
Antella reúne a 28.000 personas y registra colas de cinco kilómetros en la Trobada d'Escoles en Valencià de la Ribera
Escola denuncia que los severos recortes afectan a la enseñanza en lengua propia y reivindica mayor uso del valenciano
Antella vivió ayer una histórica fiesta por el valenciano durante una multitudinaria Trobada d'Escoles que reunió en la pequeña localidad de la Ribera cerca de 28.000 personas, según fuentes policiales. Todos los accesos al municipio quedaron bloqueados y las colas se alargaron más de cinco kilómetros. Todo para acudir a una jornada que será recordada mucho tiempo por la excelente organización y el bello paraje que acogió las múltiples actividades. Junto a la reivindicación para lograr una normalización del uso del valenciano en todos los ámbitos de la sociedad, Escola Valenciana también quiso denunciar los severos recortes que están esquilmando a la educación pública.
Ya a las diez de la mañana, cuando empezó el primer pasacalles desde el inicio del pueblo hasta el centro neurálgico de la Trobada de Centres d'Ensenyament en Valencià, situado en los aledaños de la azud del río Xúquer, el número de asistentes empezó a ser calificado por la organización como de excelente.
Sin embargo, una hora después el pueblo registraba un lleno total. Entre los representantes que sujetaron la pancarta principal se encontraban los alcaldes de Antella, Sumacàrcer, Llaurí, Tous, Gavarda, Alberic, Cotes o l'Alcúdia, además del diputado en el Congreso, Joan Baldoví. Hablaron para reivindicar el mayor uso de la lengua y el fin de los recortes el alcalde del pueblo organizador, Gustavo Montagudo, la directora del CEIP Xarquia de Antella, Susa Crespí, el presidente de la Coordinadora de la Trobada, Joan Cortés, y el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Cristóbal García.
"El sistema educativo público, valenciano y en valenciano se ve gravemente afectado por los recortes que tanto el gobierno central como el autonómico están haciendo. Las consecuencias son muy negativas si se quiere establecer un sistema educativo plurilingüe público y de calidad, donde el principal objetivo tiene que ser asegurar la competencia lingüística del alumnado valenciano en las dos lenguas oficiales y una tercera lengua como el inglés", expuso Escola Valenciana en su comunicado.
A partir de las once empezaron las diferentes actuaciones musicales de los escolares llegados de toda la comarca ribereña, además de las actividades y exhibiciones deportivas como triatlón, piragüismo o pilota valenciana, los talleres de manualidades o la firma de libros de escritores como Xavier Aliaga, Anna Moner, Vicent Flor y Norbert Blasco. Uno de los signos más distintivos de la edición de Antella corrió a cargo de la Muixeranga de Algemesí (que levantó sus torres durante toda la mañana en diferentes enclaves de la localidad) y de la recuperación de una de las tradiciones más ancestrales de la zona, la "Maerà", nombre con el que se conoce en el pueblo al descenso de grandes troncos por el río Xúquer. El acto congregó a numerosos curiosos en la sillería de la azud, lugar desde el que, después, diferentes caballos de arrastre organizaron una estética exhibición con el traslado de los troncos.
El concierto del "cantacançons" de l'Alcúdia Dani Miquel por la tarde (presentando su último disco, "més Musiqueries") posibilitó que mucho público se quedase en Antella, alargando el magnífico ambiente durante una comida que se celebró, dispersa, por toda la localidad.
Los menores detenidos en las cargas del Lluís Vives se niegan a pedir perdón a los policías
Los estudiantes prefieren enfrentarse al juicio al rechazar las denuncias de Interior Setenta personas respaldan a los acusados en la Ciudad de la Justicia
Los estudiantes del Instituto Lluis Vives de Valencia detenidos por las protestas de febrero se niegan a pedir perdón a los agentes que los denunciaron al mantener su inocencia. Dos jóvenes ya han comparecido en la Ciudad de la Justicia y han rechazado la mediación propuesta por los fiscales de menores al considerar que la denuncia es injusta. Los estudiantes contaron ayer con el apoyo de setenta personas -entre ellas el síndic del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera- que reclamaron la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León.
Una estudiante de segundo de Bachillerato que fue detenida el 20 de febrero en las inmediaciones del instituto negó haber golpeado a los policías el día que fue arrestada. La joven, que tiene 17 años, sí que admitió que días antes insultó a los agentes gritándoles "maderos de mierda". Sin embargo, la menor insistió ayer en que no empujó ni golpeó a nadie. El día que ocurrieron los hechos estaba con sus dos abuelas en la plaza de San Agustín sobre las 15.30 horas viendo las protestas y fue arrestada a pesar de que mantiene que no hizo nada. Ese mismo día el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, Antonio Moreno, se refirió a los estudiantes como "el enemigo".
La joven llegó a las 10.00 horas a la Fiscalía de Menores acompañada por su madre, una de las abuelas que presenció los hechos y su abogado. La estudiante estaba dispuesta a reconocer los hechos por los que fue detenida y pedir perdón a los agentes para evitar ir a juicio. Sin embargo, una vez dentro dio marcha atrás y negó los hechos porque mantiene que la acusación policial es falsa. La abuela de la menor, Carmen T., confirmó la versión de su nieta. La mujer insistió en que la estudiante no había hecho nada cuando se la llevó la policía.
Fuentes cercanas al caso explicaron que la estudiante cambió de opinión ante el interrogatorio "desafortunado" del fiscal que le preguntó si pertenecía a un grupo antisistema o a la "primavera valenciana". El representante del Ministerio Público también le dijo si sabía que cortar el tráfico era delito.
Hace una semana, otro estudiante detenido durante los incidentes acusado de dar un mordisco a un agente se negó a pedir perdón. El joven no reconoció los hechos y será juzgado dentro de tres meses. El próximo martes están citados otros tres estudiantes en la Fiscalía que se pueden acoger a la mediación para evitar ir a juicio.
Las protestas de los estudiantes valencianos comenzaron el 15 de febrero y arrecieron tras la detención ese día de un menor.
La comunidad educativa se moviliza para frenar los recortesAnaya s
En apenas una semana el Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa una batería de medidas que pueden cambiar de arriba abajo el modelo educativo. Más alumnos y menos profesores en las aulas, una subida en las matrículas universitarias que equivale al incremento que debería haberse asumido en una década, un control a los presupuestos de los centros superiores que puede conllevar sanciones si gastan más de lo que tienen. Las autonomías deben ejecutar estos cambios y la comunidad educativa quiere mover ficha al mismo tiempo para intentar frenar el impacto.
El pasado septiembre, cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha ajustes similares a algunos de los previstos ahora por el ministerio (un incremento de las horas lectivas en secundaria) los profesores se echaron a la calle. Convocaron nueve jornadas de huelgas en el primer trimestre y se organizaron en la marea verde, una protesta como no había visto la región en los últimos 20 años.
En los próximos días, la conferencia de rectores, los sindicatos y los estudiantes se reúnen con el ministerio para analizar la letra pequeña de los cambios publicados el sábado en el Boletín Oficial del Estado. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que ya ha pedido a las comunidades que apliquen la mínima subida posible de los precios públicos, guarda silencio hasta conocer las explicaciones de un decreto ley que modifica en parte la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El cambio les obliga al equilibrio presupuestario y afecta al principio de autonomía universitaria.
Colectivos de estudiantes han convocado una "jornada de lucha" el próximo 10 de mayo. "Haremos huelga en los institutos y movilizaciones en las universidades, a las que esperamos que se sumen los profesores", señala Tohil Delgado, del Sindicato de Estudiantes. La Federación de Asociaciones de Estudiantes de España (Faest) respalda esta convocatoria. "Hace falta una respuesta rápida porque tememos que miles de universitarios no podrán seguir el próximo curso por la subida de precios públicos", señala su presidente, Fidel González.
El aumento, que deben fijar dentro de una horquilla las comunidades autónomas, supone un incremento máximo de 540 euros anuales en primera matrícula, según estimaciones oficiales, y penaliza a los repetidores con el pago de hasta el 100% del coste del curso mientras las becas de educación se han reducido en 166,4 millones, casi el 12%. Comunidades y estudiantes reclaman que la subida de tasas lleve aparejado un incremento de las ayudas.
"Queremos llegar al otoño con una respuesta clara y unitaria", añade González. Desde el Consejo de Estudiantes, que se reúne mañana con el Ministerio de Educación, también prevén organizar una plataforma por la educación pública similar a la que se puso en marcha en Madrid. "Rectores, estudiantes y profesores deben protestar unidos", señala María José Romero, portavoz del consejo. El nuevo decreto no recoge la obligación de informarles de los cambios. No fueron consultados, como prevé el Estatuto de Estudiantes, y también por eso plantearán quejas.
Los sindicatos de enseñanza alertan, además, de que el recorte (Educación prevé ahorrar 3.000 millones, aunque no ha detallado las cuentas) "va contra la calidad del sistema educativo". CC OO quiere llevar los recortes ante el Defensor del Pueblo (al que solicitará que recurra el real decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional) tras calcular que destruirá más de 100.000 empleos docentes.
"Marcaremos más acciones de protesta y respaldaremos lo que plantean estudiantes y organizaciones contra la merma de calidad educativa. Nuestro ejemplo es la marea verde de Madrid", señala Jesús Sánchez, presidente de CEAPA, la principal confederación de asociaciones de padres de la educación pública, que también respalda la creación de una plataforma.
"Nos preocupa cómo se van a gestionar esos recortes", añade José Antonio Martínez, presidente de la federación de directores de centros públicos Fedadi. Martínez rechaza el "modelo de café para todos" y apunta que "si las autonomías no aplican las medias atendiendo a la especificidad de cada centro, como hizo Madrid, habrá aún más problemas".
Las 'trobades' reclaman un plan de enseñanza de lenguas riguroso
Decenas de miles de personas acuden a los actos de Escola Valenciana
Almussafes, Alcàsser y Valencia han sido los lugares en los que, durante el fin de semana, se han celebrado trobades de la Federació Escola Valenciana, que lograron concentrar a unas 65.000 personas. Profesores, padres y alumnos reclamaron al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que aplique "un plan de enseñanza de las lenguas riguroso".
En el barrio de Benimàmet de Valencia se reunieron ayer alrededor de 20.000 personas entre las que se encontraba el rector de la Universitat de Valencia, Francisco Tomás, las dirigentes socialistas Pilar Sarrión y Carmen Alborch, los diputados de Compromís Mónica Oltra y Enric Morera, y la también diputada autonómica de EUPV Glòria Marcos.
A la celebración de esta vigésimosegunda edición de "les trobades" se unieron un total de 60 centros educativos de la ciudad de Valencia, que organizaron un centenar de talleres y actividades. La tarde concluyó con el Festival Itinerante de Música en Valencià-La Gira y la actuación de grupos de rock.
El presidente de Escola Valenciana, Diego Gómez, que asistió a la trobada de Valencia, criticó la gestión del Consell en materia educativa y aseguró que "la nefasta gestión educativa de Camps nos está abocando al fracaso escolar, al monolingüismo y a ser una sociedad poco competitiva con escasos recursos para salir de la crisis".
La participación registrada en Valencia se suma a las cerca de 45.000 personas reunidas el sábado en Alcàsser y Almussafes, donde igualmente se reivindicó un sistema educativo en valenciano "que abra las puertas a las lenguas".
Según Gómez, la sociedad "está viendo el retroceso en los servicios públicos como la educación y es consciente de que los excedentes económicos de los últimos años se han derrochado en grandes actos de propaganda política, por eso quiere que el Gobierno valenciano asuma su responsabilidad".
Gómez destacó el apoyo social recibido este fin de semana durante los encuentros festivos y reivindicativos y reclamó al presidente de la Generalitat "que tome nota porque la gente que participa en estos actos lúdicos quiere nuestra lengua y participan en un marco reivindicativo de una escuela mejor".
Durante la celebración de las tres trobades de este fin de semana se han repartido alrededor de 70.000 postales en defensa del plurilingüismo y de que la Generalitat aplique un plan de enseñanza de las lenguas riguroso. Con ellas se pretende hacer llegar este mensaje no sólo a la presidencia de la Generalitat sino también a los miembros de la comisión de Educación de las Cortes Valencianas.
Diego Gómez denunció que "el plan Camps por el plurilingüismo es un montaje más, es inaplicable en nuestro sistema educativo, y por eso lo han diseñado para que sólo afecte a 60 de los 427.000 alumnos valencianos, un 0.01% de la población escolar".
