Recull de premsa FAPA-València dimecres 25 abril 2012

                                           

Reclaman a Educación que retire un texto para evaluar la lectura de alumnos de Primaria por «ridiculizar» a los maestros

La presidenta de FAPA-València, Remei Santacatalina, ha rechazado el texto titulado 'La Gran Notícia de la senyora Pitxote'

La Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la provincia de Valencia (Fapa- València ) ha reclamado a la Conselleria de Educación que retire un texto propuesto por la administración educativa para evaluar el nivel de lectura de alumnos de Primaria por considerar que "ridiculiza" la figura del maestro.

La presidenta de FAPA- València , Remei Santacatalina, ha rechazado, a través de un comunicado, el texto titulado 'La Gran Notícia de la senyora Pitxote', que valora el nivel de lectura del alumnado de cuarto curso de Primaria en las 'Pruebas de evaluación diagnóstica 2012' por la falta de "gusto y sensibilidad" del departamento encargado de la elaboración a la hora de escogerlo.

Fapa explica que "como cada año la Conselleria de Educación envía a los centros públicos dicha prueba para obtener resultados de aprendizaje y comprensión lectora y este año los alumnos se han encontrado con un texto sin autor donde se presenta ridiculizada la figura de la maestra como un ser autoritario y a los niños como individuos que solo son capaces de expresar monosílabos, sin más pensamiento".

"Relación distante"

"El texto además --prosiguen las mismas fuentes-- muestra una relación distante entre profesora y alumnos, reflejando una imagen lejana de la realidad de una aula".

"Entendemos que han muchos textos en valenciano y en castellano de buena calidad y con un mensaje positivo, adaptados a la edad de nuestros alumnos, que se han de utilizar para este tipo de pruebas", subraya la presidenta del colectivo.

Por ello, la federación considera el texto una "provocación al profesorado" en un momento en que la Conselleria de Educación "degrada con sus políticas de recortes la figura del docente" y exige que se sustituya por otro más adecuado para llevar adelante la prueba diagnóstica.

                                                  

Más de 30 entidades piden reforzar el valenciano para llegar al trilingüismo

Escola Valenciana exige que se autorice el cambio de idioma del programa en varios centros

Escola Valenciana reclamó ayer a la consellera de Educación, María José Catalá, que autorice el cambio al programa lingüístico en valenciano de una decena de centros de la Comunitat Valenciana a los que "año tras año" no se concede como "un primer gesto a tener en cuenta" de cara a llegar a acuerdos en la negociación del decreto de enseñanza plurilingüe. Así lo exigió ayer el presidente de la entidad cívica, Vicent Moreno, que entregó en el registro de entrada de la Conselleria de Educación un documento en el que se presentan los puntos "básicos" para implantar un sistema educativo trilingüe en la Comunitat y que ha sido refrendado por un total de 33 instituciones educativas, profesionales y políticas. En el escrito se vuelven a poner negro sobre blanco nueve condiciones que Escola y el resto de entidades consideran imprescindibles para dar el visto nuevo al plan plurilingüe, entre ellas la catalogación en valenciano de todo el profesorado valenciano.

Moreno manifestó que la intención de la Conselleria de Educación de aplicar el nuevo decreto el curso que viene es "precipitada". Por contra, Escola Valenciana "no tiene prisa" y aboga por "repensar el proyecto" teniendo en cuenta las objeciones de la comunidad educativa. De hecho, con la entrega de este documento consensuado pretenden "evidenciar que alguien se está equivocando". En opinión de este portavoz, un "gesto a tener en cuenta" para continuar las conversaciones -los representantes de Escola han mantenido hasta el momento dos encuentros con Catalá- sería que la conselleria autorizara por fin el cambio de línea en diez centros de la Comunitat que cuentan con el acuerdo del Consejo Escolar y que, incluso, lo ha solicitado por vía judicial.

"Más demanda que oferta"

Esto contribuiría también a mejorar el proceso de matriculación que comenzará próximamente y en el que "seguro que habrá mas demanda (de enseñanza en valenciano) que oferta", avanzó Moreno, que puso como ejemplo que el curso pasado "unas 70.000 familias de alumnos de Educación Infantil y Primaria" se quedaron fuera de los programas en lengua propia.

El documento registrado ayer por Escola Valenciana reivindica, entre otras cuestiones, que los actuales programas de educación bilingüe (PEV, PIL y PIP) sean la base de los programas plurilingües y que los centros puedan aumentar la presencia del inglés a través de proyectos o de áreas, de acuerdo con sus posibilidades organizativas y con el contexto sociolingüístico en el cual se encuentran y que la elaboración del Diseño Particular de Programa (DPP) corresponda a los centros. También se pide que la exención del área de valenciano tenga siempre un carácter temporal en todo el territorio de la Comunitat; que se cataloguen lingüísticamente en valenciano todas las plazas del profesorado del sistema educativo autonómico; y que se dote a los centros de recursos materiales y personales suficientes para garantizar el correcto desarrollo de los programas.

Entre las instituciones que avalan este documento figuran las cinco universidades públicas valencianas, el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) y las diversas Unidades para la Educación Multilingüe universitarias. También han expresado su apoyo la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya -FAPA Castelló Penyagolosa, FAPA-València y FAPA Enric Valor Alacant-; Associació de directors de primària; Associació de directors de secundària; CCOO PV; FE CCOO PV; Stepv; Intersindical Valenciana; UGT PV; FETE-UTG PV; BEA; Campus Jove; ACPV; Ca Revolta; Societat Coral El Micalet; AEPV; Associació d'escriptors en llengua catalana; PSPV-PSOE; Compromís; EUPV; ERPV y Els Verds.

Los docentes de colegios e institutos irán a la huelga durante seis días de mayo

Más de 20.000 profesores realizarán paros para protestar por los nuevos recortes en materia de educación - El sector prefiere parar de manera intermitente y hacerlo antes de junio para que la huelga no coincida con el final del curso

Huelga intermitente dentro de veinte días. Esta ha sido la decisión que han adoptado los más de 20.000 profesores que han contestado a la encuesta de los sindicatos de enseñanza sobre el tipo de protesta por la que se decantan contra los recortes educativos. Al hilo de las respuestas, las cinco formaciones representantes de los docentes, STEPV, FETE-UGT, CC OO, ANPE y CSIF, acordaron ayer convocar jornadas de huelga en todos los colegios e institutos públicos los seis últimos miércoles y jueves de mayo: los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31.

"La mayoría quiere una huelga intermitente antes que indefinida o de una sola jornada. Los días los ha marcado en realidad la agenda de los gobiernos central y autonómico a la hora de publicar y aplicar nuevos recortes", reflexiona Marc Candela, un portavoz de los delegados sindicales. "O hacemos en mayo la huelga que nos piden los profesores, o más tarde, ya en junio, resulta más problemático por coincidir con el final del curso".

No obstante, y dado el amplio seguimiento hacia este tipo de huelga recogido de antemano por escrito a través de la citada encuesta -han respondido más de 20.000 entre los 55.000 docentes de la Comunitat-, las fuerzas sindicales no descartan continuar con una "segunda fase" de acciones en el mes de junio, e incluso en los primeros compases del curso que viene, en el caso de que "la administración no rectifique" y sigan los recortes.

El decreto-ley de enero del Consell, que recorta el salario de los sexenios docentes, así como los últimos recortes en la enseñanza acordados por el Gobierno central y traducidos en el aumento de los alumnos por aula y de las horas lectivas en Secundaria, se sitúan como las causas primeras de esta nueva convocatoria de paros, esta vez intermitentes.

Para la primera jornada de huelga el 16 de mayo, dentro de apenas veinte días, está prevista a su vez una manifestación general en Valencia, y el día siguiente, jueves 17 de mayo, concentraciones ante los servicios territoriales en las tres provincias. En cualquier caso, los centros educativos quieren mantener latente su protesta retomando las concentraciones de los jueves, a las 12 horas, a la puerta de los colegios e institutos a partir de la semana que viene.

Los sindicalistas han pedido una reunión con la consellera Catalá para que retire los recortes y no aplique los contemplados en el decreto estatal publicado el sábado: "Tiene en sus manos la posibilidad de evitar que continúe la conflictividad en el sistema educativo valenciano", advirtieron.

La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, señaló ayer que los problemas se solucionan "trabajando" y que "todos tienen que arrimar el hombro", en referencia a la huelga. "Aunque respetamos el derecho de huelga, esta convocatoria puede ser interpretada por los padres que están en paro como una falta de solidaridad con su situación porque altera la normalidad del horario laboral y escolar", indicó.

Una jubilada gruñona

En lo que sí ha rectificado la Conselleria de Educación, tras las quejas tanto del profesorado como de un sector de los padres de alumnos -la FAPA de Valencia y la Enric Valor de Alicante-, ha sido en el texto con el que se evalúa esta semana a todos los alumnos de cuarto de Primaria para comprobar su nivel de comprensión oral y de lectura en las pruebas diagnósticas anuales.

Autobuses y tasas

La conselleria también ha conseguido detener, in extremis, los paros del transporte escolar convocados los miércoles y viernes de cada semana y que iban a comenzar hoy mismo con un seguimiento del 85% de las empresas. Educación informó a los transportistas que hoy dará la orden de pago de los 12 millones de euros que les adeuda, correspondientes a noviembre y diciembre de 2011. Las empresas reclaman un compromiso de pagos en 60 días para el resto de los 30 millones que les faltan.

Catalá también quiso restar hierro al revuelo creado entre los universitarios por la anunciada subida de tasas que, como mínimo y en primera matrícula, repercutirá en 400 euros a cada alumno. La consellera reiteró que la mayor subida gravará a los suspensos, en segundas, terceras o sucesivas matriculaciones -el ministerio permite subirlas un 40%, 75 % y 100%, respectivamente y los estudiantes consultados por este diario se echaban ayer las manos a la cabeza afirmando, en muchos casos, que no les será posible seguir en la universidad con esta subida de precios. Catalá comprometió una política de "becas que no mermará la capacidad del alumno de tener formación universitaria por motivos económicos".

Paro de estudiantes y referéndum, el día 10

Las organizaciones de estudiantes también han convocado su propia jornada "de lucha" contra los recortes del Ministerio de Educación para el próximo día 10 de mayo. El Sindicato de Estudiantes en la Comunidad anima a los alumnos a secundar un paro y concentraciones el mismo día que los sindicatos de la función pública celebrarán un referéndum en todos los centros de trabajo para que profesores, sanitarios, juristas y demás personal de todo tipo de centros públicos respondan con un "no" rotundo a las propuestas de nuevos recortes de la Administración. Los sindicalistas animan al personal de los centros educativos a participar "masivamente en un ejercicio de democracia directa". Opinan que el Consell "se burla al conjunto de trabajadores de la función pública y del profesorado".

Suspendidos y culpables

Inmaculada Sánchez

Lleva de ministro de Educación poco más de cien días y, aunque parezca poco tiempo, ha hecho mucho. Mucho mal al sistema educativo.

Lo hemos oído hablar en sede parlamentaria y en ruedas de prensa. Son varias las conclusiones que una saca tras sus intervenciones. La primera es que se ha rodeado de un equipo ministerial que no da la talla. La segunda es que el señor Wert manipula los datos educativos a su antojo. Repite, y repiten los consejeros de Educación de las CC AA gobernadas por el PP, que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno no afectarán a la calidad de la educación y, para justificar el injustificable aumento de ratio, dicen que en España están por debajo de la media. Sólo un ejemplo, en el 1.er ciclo de la ESO, la media española (Informe Anual del Consejo Escolar del Estado 2009-10) es del 24,2 %, un 2,1 % por encima de la media de la OCDE (23,7) y un 10,5% sobre la media de la Unión Europea (21,9). Por tanto, este aumento de ratio en las aulas provocará masificación, imposibilidad de detección de altas capacidades o dificultades, problemas de espacio y una vuelta a la educación de los setenta .

La tercera, y la que más duele, es el estilo y lenguaje que utiliza para justificar las medidas que deterioran el servicio público educativo. Cuando dice «los ciudadanos pagan con sus impuestos la educación y no podemos permitir que haya un 30 % de abandono en los estudios universitarios, que tengamos tasas tan altas de fracaso escolar, que ninguna universidad española está entre las 150 mejores del mundo… y si no se consigue la excelencia, con esfuerzo y talento estamos defraudando, y poco menos que robando, al resto de ciudadanos». Y la cuarta es que el ministro, no extraña viniendo del mundo laboral del que viene, considera que la Educación con mayúsculas, sí, es una empresa y como tal debe de ser dirigida. Pero, claro, se olvida de algo fundamental, y es que en el mundo educativo se trabaja con ciudadanos y ciudadanas desde sus primeros meses de vida hasta que esa persona quiera finalizar su proceso de formación. Y que es el Estado el garante de proporcionársela, independientemente de la capacidad que tenga cada uno y dotarle de los medios necesarios para alcanzar el máximo de su desarrollo cognitivo y personal.

El sentimiento de culpabilidad y la congoja que produce el mensaje que transmite el responsable ministerial es tal que dudo mucho transmita «confianza» ni a los estudiantes, ni a los padres y madres, ni al profesorado ni … a los mercados .

                                                       

El sistema educativo público valenciano acuerda seis jornadas de huelga general

Más de 20.000 profesores dicen "sí" a la huelga por los recorte de Rajoy y Fabra y piden a Educación que "no aplique" las medidas aprobadas por el Consejo de Ministro

La puntilla para que los docentes del sistema educativo público se decidieran por la huelga general la dio el Gobierno de Rajoy el viernes, con la aprobación de un real decreto de medidas de recortes circunscritos al ámbito educativo, que aumentan las horas lectivas y congelan la contratación de profesores. Casi la mitad del profesorado valenciano, más de 20.000 docentes han respondido con un "sí, a la huelga" en la consulta convocada en abril en 1.400 centros escolares públicos por los cinco sindicatos educativos.

La encuesta pretendía conocer las medidas de presión que el profesorado está dispuesto a realizar en protesta por los recortes aprobados tanto por la Generalitat en enero (que dejarán fuera a 3.000 interinos) y rebajan la nómina docente entre 300 euros y 3.000 al año, como por los impuestos a las comunidades autónomas por el Gobierno central. Estas últimas medidas decretan, además, la congelación de la oferta de plazas docentes en el sector público, la no sustitución de vacantes por jubilación o enfermedad (si no superan los 10 días) y la subida de horas lectivas.

Los cinco sindicatos de la enseñanza pública en bloque —CC OO, STEPV, Fete-UGT, Anpe y Csif— han pedido ya una reunión con la consejera de Educación, María José Catalá, para pedirle que "ponga fin a los recortes en la enseñanza" y "no aplique las medidas del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes".

La pelota está ahora en manos de la Generalitat. "La consejera tiene en sus manos la posibilidad real de evitar que prosiga la conflictividad en el sistema educativo valenciano".

De no mover ficha, la Generalitat se enfrenta a seis jornadas intermitentes de huelga los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo y concentraciones en las tres capitales desde el día del inicio de la huelga. Este primer resultado forma parte de un referéndum más amplio para el 10 de mayo, convocado por los sindicatos de la Función Pública, entre los 123.000 empleados de la Generalitat.

Valenciana entrega a Educación un documento con nueve puntos básicos, entre los que figura la catalogación en valenciano de todos los puestos docentes

Un total de 33 instituciones educativas, universitarias y entidades sociales han presentado un documento de mínimos a la Generalitat en el que piden que el nuevo decreto de plurilingüismo, que pretende introducir el inglés en las aulas desde los tres años, refuerce el valenciano para conseguir "un trilingüismo productivo". El documento "consensuado" por la entidad cultural Escola Valenciana, que representa a los más de 200.000 alumnos que estudian en lengua valenciana, cuenta con el respaldo de las cinco universidades públicas valencianas, el Instituto de Filología Valenciana y las unidades multilingües, así como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Como un "primer gesto" de voluntad política, Escola Valenciana ha reclamado a la consejera de Educación, María José Catalá, que autorice en mayo el cambio al programa lingüístico en valenciano de una decena de centros escolares que solicitan "año tras año" y que han denunciado ante los tribunales el incumplimiento del derecho de libertad de elección del programa lingüístico en el que desean que estudien sus hijos y que está recogido en la Llei d'ÚS i Ensenyament en Valencià (LUEV).

"Sería visto como un primer gesto a tener en cuenta" de cara a llegar a futuros acuerdos en la negociación del decreto de enseñanza plurilingüe, según explicó Vicent Moreno, el presidente de Escola Valenciana, durante la entrega efectiva del documento en el registro de la Consejería de Educación.

En el documento se vuelven a poner negro sobre blanco nueve condiciones que Escola Valenciana y el resto de entidades consideran imprescindibles para dar el visto nuevo al plan plurilingüe, entre ellas la catalogación en valenciano de todo el profesorado valenciano.

Moreno considera que la intención de la consejería de aplicar el nuevo decreto el próximo curso, en septiembre, es "precipitada", ante la proximidad de la apertura del periodo de matriculación el 4 mayo.

Por el contrario, Escola Valenciana asegura que "no tiene prisa" y aboga por "repensar el proyecto" teniendo en cuenta las objeciones de la comunidad educativa.

De hecho, con la entrega de este documento consensuado pretenden "evidenciar que alguien se está equivocando". En opinión de Moreno, que ejerce de portavoz de todas las organizaciones que respaldan el modelo, que por fin la consejería autorizara el cambio de línea en esos 10 centros escolares (que cuentan con el acuerdo del Consejo Escolar) sería un primer paso positivo.

Moreno avanzó que en mayo, durante la matriculación, "seguro que habrá mas demanda de enseñanza en valenciano que oferta". El curso pasado, insistió el presidente de Escola Valenciana, unas 70.000 familias solicitaron en primera opción matricular a sus hijos en línea en valenciano en las etapas de Infantil y de Primaria.

El documento también pide que la "exención" de estudiar en valenciano en las zonas catalogadas como castellanohablantes sea, como su nombre indica, "una exención y no una opción" que extienda a todo el territorio valenciano.

Recull de premsa FAPA-València dimarts 24 d'abril 2012

                                                  

 

El «recorte del recorte» supondrá la no renovación de 3.000 docentes interinos

UGT alerta de que el incremento de alumnos por aula cerrará colegios rurales del interior de Castelló

El Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto en el ámbito educativo aprobado por el Gobierno el pasado viernes es, según el secretario general de la Federació de Treballadors de l´Ensenyament (FETE) del sindicato UGT, Guillermo Martí, «el recorte sobre los recortes» que ya ha aplicado la Generalitat a la enseñanza pública. El primer impacto de los nuevos ajustes impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a las autonomías, entre los que destaca el aumento de la ratio de alumnos por clase en un 20%, «supondrá la no renovación del contrato de miles de docentes interinos».

Martí recalca que en el sistema de enseñanza público no universitario valenciano — desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos— dan clase este curso «unos 6.700 docentes contratados de forma interina, de los cuales como mínimo más de 3.000 no verán renovados sus contratos en septiembre debido al aumento de ratios». Es decir que, según FETE-UGT, los profesores interinos caerán a casi la mitad, pues la reducción ronda el 45%. Un ajuste que, añade, «llueve sobre mojado» ya que la enseñanza pública valenciana «ha perdido en los dos últimos cursos 2.422 profesores interinos».

El secretario estatal de la FETE- UGT, Carlos López, incidió en que el incremento de alumnos por clase «empeorará la calidad de la enseñanza porque masificará las aulas en las áreas urbanas y se simplificará la educación en las áreas rurales, donde desaparecerán aulas y profesores». En este sentido, Martí, alertó de que los Colegios Rurales Agrupados (CRA) del interior de la Comunitat están amenazados por este Real Decreto: «Hay bastante escuela rural en Castelló, y el aumento de la ratio acabará con alguna de ellas al agruparse las aulas».

Por su parte, el secretario estatal de la FETE-UGT, dijo que la consellera de Educación, Mª José Catalá, «no conoce lo que es un colegio cuando dice que el aumento de alumnos por aula no tiene incidencia sobre el fracaso escolar». «La masificación de las clases supone no poder dar una atención personalizada al aprendizaje del alumno, por tanto la calidad de la enseñanza empeora pues actualmente hay mucha diversidad entre el alumnado y lo que estan haciendo es quitar medios», concluye.

Un teléfono de ayuda al «profesor quemado» y contra las agresiones
La Federación estatal de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT presentó ayer un informe, basado en una encuesta a 1.125 profesores de toda España, en el que se destaca que las agresiones a los docentes por parte del alumnado se han doblado en dos años y ya afectan al 7,4% del profesorado. Además, más de la mitad de enseñantes encuestados —el 56,5%— afirma sufrir habitualmente problemas de disciplina en sus aulas y uno de cada cuatro (25%) asegura haber sido insultado por familiares del alumnado. La prestación del informe se hizo en el marco de la puesta en marcha por FETE-UGT de una web con herramientas de evaluación y gestión de riesgos psicosociales en el aula. En el portal (http://www.prl-sectoreducativo.es) los docentes cuentan con cuestionarios específicos de autodiagnóstico del Síndrome del Profesor Quemado (SQT), una patología de carácter psicosocial que afecta a individuos que trabajan con personas y que se caracteriza«por el agotamiento emocional, la desmotivación y aparición de actitudes de cinismo». Los docentes pueden saber hasta que punto les afecta el SQT, síndrome que padecen entre el 7 y el 10% de ellos, y pedir ayuda telefónica a la Secretaría de Salud Laboral de FETE-UGT (91 589 75 44), donde pueden también denunciar las agresiones físicas y verbales que sufren. El secretario estatal de FETE-UGT, Carlos López, advierte que «la falta de disciplina en las aulas, el incremento de ratios, así como la falta de implicación de las familias, ha convertido la escuela en un entorno de trabajo hostil que conllevará un aumento del absentismo por bajas laborales debido a estrés y SQT». r. m. valencia

 

Defienden el derecho a la Educación Infantil de 0 a 3 años frente a los recortes

La Facultat de Ciencias de la Educación de la Universitat acogió ayer una jornada en la que más de niños, padres, docentes y universitarios reivindicaron el derecho a una educación temprana (0 a 3 años) de calidad pese a los recortes. Ana Ancheta, profesora de Educación Comparada de la UV y organizadora de este acto de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), destacó que esta etapa "es vital para el aprendizaje". Por ello, critica que las declaraciones del Ministro de Educación, José Ignacio Wert, -que dijo que el "ciclo de 0 a 3 años, no es educación, sino conciliación", guarderías-, "son un retroceso de 50 años en la enseñanza y el fomento de las desigualdades educativas por la base".

Educación lanza el plan de contratos programa contra el fracaso escolar con 850.000 euros

La Conselleria de Educación ha convocado por primera vez contratos programa para mejorar el éxito escolar al que pueden adherirse los centros de enseñanza públicos y privados concertados para el próximo curso. Con esta medida, la principal del plan de choque para combatir el fracaso escolar, se unifica todos los planes experimentales (PROA, PASE...) para prevenir el abandono de las aulas.
La resolución contempla una subvención máxima de 850.000 euros para todos estos contratos programa, la mitad respecto a las ayudas de este curso según la Federación autonómica de Asociaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya. Sin embargo, Educación asegura que, además, «prevé destinar 32 millones de euros a estas actuaciones, tanto en materiales didácticos como en personal adicional». Ayer también se lanzó el programa de refuerzo fuera del horario lectivo para el alumnado de 2 ciclo de la ESO para este curso. Esta dotado con 60.000 euros, un 70% menos que hace dos cursos.

El Consell baraja limitar la subida de tasas al 20% del coste ante la presión de los rectores

La consellera comunica a las universidades que se ve obligada a aplicar el tramo alto del incremento de la matrícula

La consellera de Educación, Mª José Catalá, convocó ayer en su despacho a los rectores de las cinco universidades públicas valencianas para abordar la subida de tasas universitarias ordenadas por el Gobierno en el Real Decreto de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Ante la orden de incrementar la primera matrícula hasta cubrir entre un mínimo del 15% y un máximo del 25% del coste de las enseñanzas de Grado, Catalá dijo por la mañana en un acto en Madrid que la Generalitat podría ahorrarse hasta 50 millones de euros si la aportación del alumno pasa del 15% de este curso hasta el 20%.

Esta afirmación se entendió en Valencia como que el Consell opta por el tramo medio de la subida, sin embargo, una fuente autorizada del departamento que dirige la consellera Catalá matizó que esta interpretación «es ir demasiado lejos, pues la decisión aún no se ha tomado». Añadió, además, que la intención de la consellera era «consensuar dicha subida con los rectores valencianos».
Con este deseo se reunió ayer Catalá con Juan Juliá (Universitat Politècnica de València y presidente de la Conferencia de Rectores de la Comunitat Valenciana), Esteban Morcillo (Universitat de València), Ignacio Jiménez Raneda (Univ. de Alacant), Vicent Climent (Univ. Jaume I de Castelló) y Jesús Pastor (Univ. Miguel Hernández de Elx).

Aunque apenas han trascendido detalles del debate que suscitó el incremento de tasas, Levante-EMV ha podido saber de fuentes universitarias que la consellera comunicó a los rectores que se ve obligada a aplicar el tramo alto de la subida decretado por el Gobierno.
Ante este anuncio, los cinco rectores, según las mismas fuentes, formaron un frente común de rechazo. La postura en bloque de los rectores es la que han mantenido públicamente desde que se aprobó el Real Decreto. Es decir, que se toquen lo menos posible las tasas, al menos en primera matrícula, y que se aumenten las becas de forma proporcional a la subida del precio de los estudios universitarios.

Entre 242,20 y 369,60 euros más
El coste de la primera matrícula ya se encareció un 7,5% en septiembre pasado, es decir entre el 50,6 y 77,3 euros. Ahora, si conselleria opta por limitar las tasas al 20% del coste ante la presión de los rectores, matricularse el próximo curso será un 33,3% más caro. Así, la subida total oscilará entre los 242,20 euros de las Grados más baratos (Derecho e Historia) hasta los 369,60 euros de más que costarán Enfermería o Farmacia.

                                                       

La subida del 20% de la matrícula universitaria ahorrará 50 millones 

La Generalitat tiene "serias dificultades" para seguir afrontando la "compleja situación de crisis financiera" en que se encuentra sumida la Administración autonómica. La subida de la matrícula universitaria en un 20% supondría un ahorro del presupuesto del sistema universitario público de 50 millones de euros. Este es el escenario y son los números que la consejera María José Catalá puso ayer sobre la mesa en la primera reunión de un responsable autonómico con los cinco rectores de las universidades públicas, tras la publicación el sábado 21 de abril en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El decreto del Gobierno de Mariano Rajoy autoriza subidas de matrícula tanto para los títulos de Grado como para los másteres de entre el 15% y el 25% en los costes de primera matrícula; entre 30% y 40% en segunda; entre el 65% y el 75% y del 90% y 100% en cuarta. Según cálculos del propio Ministerio de Educación los incrementos podrían subir la matrícula del próximo curso una media de 540 euros por alumno universitario, dependiendo de la experimentalidad de la titulación.

Casi tres horas duró ayer por la tarde la reunión entre la responsable del sistema universitario valenciano y los rectores Juan Juliá, de la Universidad Politécnica y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE); Esteban Morcillo, de la Universitat de València; Ignacio Raneda, de la de Alicante; Vicente Climent, de la Jaume I de Castellón y Jesús Tadeo Pastor, de la Miguel Hernández de Alicante, en un ambiente cordial.

El mayor dique de separación está todavía en la inclinación de la consejera Catalá, que se decanta por la "banda alta" a la hora de aplicar las subidas, ante la delicada situación de tesorería de la Generalitat.

Los rectores reconocen que los precios de los créditos universitarios en la Comunidad Valenciana están dos puntos por debajo de la media nacional. Pero mostraron su "preocupación" por la subida de precios públicos auspiciada por el Ministerio de Educación, que supone un incremento de hasta el 50% de la matrícula y pidieron que vaya acompañada por un "potente" plan de becas.

Con el alto nivel de desempleo del 25% en la Comunidad Valenciana, que afecta a 650.000 personas; los recortes aplicados a los sueldos de los funcionarios de la Generalitat y el bajo poder adquisitivo, existe el riesgo real de que las familias no puedan soportar el coste.

"Hay que pensar en no perder el talento de los jóvenes que quieren estudiar", insistieron los rectores, que consideran que "son un activo muy importante para el sistema valenciano y ahora mismo la situación de las familias es muy complicada".

Los rectores valencianos pidieron que la consejería "afine los números" para tratar de ir hacia la banda baja de precios autorizados en el Real Decreto, tanto en las primeras matrículas, como en los estudiantes que están a mitad de carrera, pero obtienen buenos resultados.

La penalización estaría muy orientada a los malos estudiantes. "Que quienes tienen que hacer más esfuerzo y quienes menos rinden, evidentemente, tienen que tener menos beneficios", explicó el rector Juliá.

"Este es un principio que los estudiantes entienden", ha apuntado el portavoz de la CRUE, organismo que lleva tiempo trabajando con la Conferencia de Estudiantes de Universidades españolas.

La Comunidad Valenciana, donde estudian unos 130.00 alumnos en las cinco universidades públicas, tiene hoy por el precio de crédito más barato de España: 12,24 euros, frente a los 15,53 de Navarra.

Una subida del 50% provocaría fuertes "desajustes en las familias" advirtierono los rectores valencianos. "En España las tasas académicas son las más bajas de Europa, también es verdad que la aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de España en becas es la mitad de la media de la OCDE: es del 0,1% del PIB, frente al 0,2% de la OCDE", insistió Juliá.

Los cinco rectores coinciden, pues, en que la clave de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social reside en "reforzar" la política de becas.

En eso, apunta Raneda, la consejera Catalá se mostró "sensible" y receptiva. Aunque, la realidad es que "tienen que hacer aún muchos cálculos. No hay nada cerrado".

Al planteamiento de la subida de tasas, Catalá añadió otra prioridad: el diseño de un "nuevo mapa de titulaciones" que "racionalice" la oferta, para evitar "duplicidades", al menos entre universidades cercanas, y fomente la "cooperación" de campus, sobre todo en la oferta de másteres.

"En lo que sí hay acuerdo pleno entre los rectores y la consejera es en la necesidad de trabajar para conseguir un mapa de titulaciones más racional", confirma el rector de Alicante.

De momento, la Consejería de Educación no da ninguna pista sobre los plazos que maneja para adoptar una decisión y aprobarla en el Consell. No obstante, existen fuertes especulaciones sobre las medidas que pueda aprobar el Consell entre el próximo viernes y el siguiente en relación a las medidas de ahorro que promueve el Gobierno.

La ley que regula el sistema universitario valenciano obliga a la Generalitat a convocar al Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior no sólo para informar de la subida de tasas. Es "preceptivo" convocar para poner en común las medidas a adoptar.

El plazo de las universidades viene marcado por la actividad intrínseca propia: el plazo para formalizar los abonos de la matrícula por parte de los alumnos es en julio, por lo que sería deseable que la Generalitat hiciera pública la decisión y la pusiera en marcha antes de mediados de julio.

El escenario social al que se enfrenta la Generalitat no es halagüeño. Los tres grandes sindicatos de enseñanza CC OO, STEPV y UGT y todos los sindicatos y asociaciones progresistas de las universidades públicas presentan hoy una Plataforma en Defensa de la Universidad Pública. Su caballo de batalla, intentar minimizar el impacto del Real Decreto de Rajoy.

Recull de premsa FAPA-València dilluns 23 abril 2012

                                                  

 

Los universitarios que repitan pagarán cuatro veces más por grado

Las facultades de la Comunitat Valenciana gravaban la repetición de convocatoria con un 10 % del coste y ahora pueden llegar hasta el 40 %

El decreto-ley que permite a las autonomías encarecer el precio de los títulos universitarios -que conllevará un aumento de al menos 540 euros por matrícula- tiene a los alumnos repetidores en el punto de mira.
Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado, la normativa abre el grifo a las autonomías para que aumenten la aportación de los estudiantes en las matrículas y escalona de menor a mayor el gasto según el número de convocatoria: se premia a los mejores y se penaliza a aquellos que repiten.
El reglamento establece que los precios de la primera matrícula cubrirán entre el 15 y el 25 % del coste, los de la segunda entre el 30 y el 40 %, los de la tercera entre el 65 y el 75 % y los de la cuarta el 100 % de los estudios. Así, al gravamen que se aplicará al primer precio tras la entrada en la universidad se añadirán los sobrecostes por posibles suspensos en años venideros, cuadruplicando la aportación en segundas convocatorias. No hay margen para el error, los fallos son caros.
Hasta el momento, las universidades de la Comunitat Valenciana cargaban con un 10 % de media -depende de la rama de las enseñanzas- el coste de la segunda citación por una nota negativa. Ahora, nuevo el decreto-ley aumenta la horquilla y la sitúa entre el 30 y 40 %.
La situación fue examinada ayer por portavoces de los sindicatos educativos FETE-UGT, CC OO -PV y STE-PV. Guillermo Martí -secretario general de FETE-UGT- comentó que "penalizar las segundas convocatorias puede entenderse, aunque las cifras son demasiado elevadas. Sobretodo cuando ya suben los precios de las primeras matrículas y este año han bajado un 11% el número de becas". La situación cobra mayor importancia en carreras de mayor dificultad, como las ingenierías, con mayores tasas de repetición. Martí expuso que "habrá que ver cómo se desarrolla la legislación, pero lo que están haciendo es restringir un acceso a la universidad que hasta ahora era universal". A su vez, el secretario genera comentó que "la financiación de las universidades se basa en el número de alumnos; tendrán que analizar la influencia de un más que previsible descenso".

Trabajar y estudiar
Uno de los colectivos a los que más dañará la normativa es al formado por aquellos jóvenes que compatibilizan trabajo y estudios para sacarse una carrera. Ferran García -responsable de Relaciones Institucionales de la Federación de Enseñanza de CC OO -PV- comentó que "este movimiento perjudica al alumnado con mayores dificultades, ya que se va a depender mucho de los recursos de cada uno". En términos parecidos se movió Vicente Mauri -STE-PV-, que apuntó que "los alumnos que por su situación personal alternen trabajo y estudios van a tener que hacer más horas en puestos más precarios para pagar unos estudios más caros; esa es su cultura del esfuerzo". Todos los sindicatos educativos consultados recordaron que la Generalitat ya subió el precio de las matriculas para el presente curso 2011-12 un 7,5 % -máximo permitido-.

Catalá defiende una inversión de 7.500 euros por alumno

En medio del intenso debate sobre el aumento de los precios de las matrículas universitarias, desde la Conselleria de Educación quisieron salir al paso de las críticas y destacaron que "la Generalitat destina 810 millones de euros a las universidades valencianas, lo que equivale a 7.500 euros por alumno; somos la autonomía que mayor presupuesto público destina a las universidades". Así, desde el departamento dirigido por María José Català explicaron que "la inversión media por alumno se ha duplicado desde el año 2002, cuando fue de 3.666 euros". También destacaron que la valenciana es la segunda autonomía que más ha crecido en este capítulo desde el año 1996. Los datos proceden de un estudio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Por último, desde la Generalitat destacaron que los universitarios valencianos reciben en la actualidad 42.901 becas; 2.992 proceden del Consell.

 

Pasión por la lengua a orillas del Xúquer

Antella reúne a 28.000 personas y registra colas de cinco kilómetros en la Trobada d'Escoles en Valencià de la Ribera
Escola denuncia que los severos recortes afectan a la enseñanza en lengua propia y reivindica mayor uso del valenciano

Antella vivió ayer una histórica fiesta por el valenciano durante una multitudinaria Trobada d'Escoles que reunió en la pequeña localidad de la Ribera cerca de 28.000 personas, según fuentes policiales. Todos los accesos al municipio quedaron bloqueados y las colas se alargaron más de cinco kilómetros. Todo para acudir a una jornada que será recordada mucho tiempo por la excelente organización y el bello paraje que acogió las múltiples actividades. Junto a la reivindicación para lograr una normalización del uso del valenciano en todos los ámbitos de la sociedad, Escola Valenciana también quiso denunciar los severos recortes que están esquilmando a la educación pública. 
Ya a las diez de la mañana, cuando empezó el primer pasacalles desde el inicio del pueblo hasta el centro neurálgico de la Trobada de Centres d'Ensenyament en Valencià, situado en los aledaños de la azud del río Xúquer, el número de asistentes empezó a ser calificado por la organización como de excelente. 
Sin embargo, una hora después el pueblo registraba un lleno total. Entre los representantes que sujetaron la pancarta principal se encontraban los alcaldes de Antella, Sumacàrcer, Llaurí, Tous, Gavarda, Alberic, Cotes o l'Alcúdia, además del diputado en el Congreso, Joan Baldoví. Hablaron para reivindicar el mayor uso de la lengua y el fin de los recortes el alcalde del pueblo organizador, Gustavo Montagudo, la directora del CEIP Xarquia de Antella, Susa Crespí, el presidente de la Coordinadora de la Trobada, Joan Cortés, y el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Cristóbal García. 
"El sistema educativo público, valenciano y en valenciano se ve gravemente afectado por los recortes que tanto el gobierno central como el autonómico están haciendo. Las consecuencias son muy negativas si se quiere establecer un sistema educativo plurilingüe público y de calidad, donde el principal objetivo tiene que ser asegurar la competencia lingüística del alumnado valenciano en las dos lenguas oficiales y una tercera lengua como el inglés", expuso Escola Valenciana en su comunicado.
A partir de las once empezaron las diferentes actuaciones musicales de los escolares llegados de toda la comarca ribereña, además de las actividades y exhibiciones deportivas como triatlón, piragüismo o pilota valenciana, los talleres de manualidades o la firma de libros de escritores como Xavier Aliaga, Anna Moner, Vicent Flor y Norbert Blasco. Uno de los signos más distintivos de la edición de Antella corrió a cargo de la Muixeranga de Algemesí (que levantó sus torres durante toda la mañana en diferentes enclaves de la localidad) y de la recuperación de una de las tradiciones más ancestrales de la zona, la "Maerà", nombre con el que se conoce en el pueblo al descenso de grandes troncos por el río Xúquer. El acto congregó a numerosos curiosos en la sillería de la azud, lugar desde el que, después, diferentes caballos de arrastre organizaron una estética exhibición con el traslado de los troncos.
El concierto del "cantacançons" de l'Alcúdia Dani Miquel por la tarde (presentando su último disco, "més Musiqueries") posibilitó que mucho público se quedase en Antella, alargando el magnífico ambiente durante una comida que se celebró, dispersa, por toda la localidad. 

 

Los menores detenidos en las cargas del Lluís Vives se niegan a pedir perdón a los policías

Los estudiantes prefieren enfrentarse al juicio al rechazar las denuncias de Interior Setenta personas respaldan a los acusados en la Ciudad de la Justicia

Los estudiantes del Instituto Lluis Vives de Valencia detenidos por las protestas de febrero se niegan a pedir perdón a los agentes que los denunciaron al mantener su inocencia. Dos jóvenes ya han comparecido en la Ciudad de la Justicia y han rechazado la mediación propuesta por los fiscales de menores al considerar que la denuncia es injusta. Los estudiantes contaron ayer con el apoyo de setenta personas -entre ellas el síndic del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera- que reclamaron la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León.
Una estudiante de segundo de Bachillerato que fue detenida el 20 de febrero en las inmediaciones del instituto negó haber golpeado a los policías el día que fue arrestada. La joven, que tiene 17 años, sí que admitió que días antes insultó a los agentes gritándoles "maderos de mierda". Sin embargo, la menor insistió ayer en que no empujó ni golpeó a nadie. El día que ocurrieron los hechos estaba con sus dos abuelas en la plaza de San Agustín sobre las 15.30 horas viendo las protestas y fue arrestada a pesar de que mantiene que no hizo nada. Ese mismo día el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, Antonio Moreno, se refirió a los estudiantes como "el enemigo".
La joven llegó a las 10.00 horas a la Fiscalía de Menores acompañada por su madre, una de las abuelas que presenció los hechos y su abogado. La estudiante estaba dispuesta a reconocer los hechos por los que fue detenida y pedir perdón a los agentes para evitar ir a juicio. Sin embargo, una vez dentro dio marcha atrás y negó los hechos porque mantiene que la acusación policial es falsa. La abuela de la menor, Carmen T., confirmó la versión de su nieta. La mujer insistió en que la estudiante no había hecho nada cuando se la llevó la policía.
Fuentes cercanas al caso explicaron que la estudiante cambió de opinión ante el interrogatorio "desafortunado" del fiscal que le preguntó si pertenecía a un grupo antisistema o a la "primavera valenciana". El representante del Ministerio Público también le dijo si sabía que cortar el tráfico era delito.
Hace una semana, otro estudiante detenido durante los incidentes acusado de dar un mordisco a un agente se negó a pedir perdón. El joven no reconoció los hechos y será juzgado dentro de tres meses. El próximo martes están citados otros tres estudiantes en la Fiscalía que se pueden acoger a la mediación para evitar ir a juicio.
Las protestas de los estudiantes valencianos comenzaron el 15 de febrero y arrecieron tras la detención ese día de un menor.

 

 

                                                       

 

La comunidad educativa se moviliza para frenar los recortesAnaya s

En apenas una semana el Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa una batería de medidas que pueden cambiar de arriba abajo el modelo educativo. Más alumnos y menos profesores en las aulas, una subida en las matrículas universitarias que equivale al incremento que debería haberse asumido en una década, un control a los presupuestos de los centros superiores que puede conllevar sanciones si gastan más de lo que tienen. Las autonomías deben ejecutar estos cambios y la comunidad educativa quiere mover ficha al mismo tiempo para intentar frenar el impacto.

El pasado septiembre, cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha ajustes similares a algunos de los previstos ahora por el ministerio (un incremento de las horas lectivas en secundaria) los profesores se echaron a la calle. Convocaron nueve jornadas de huelgas en el primer trimestre y se organizaron en la marea verde, una protesta como no había visto la región en los últimos 20 años.

En los próximos días, la conferencia de rectores, los sindicatos y los estudiantes se reúnen con el ministerio para analizar la letra pequeña de los cambios publicados el sábado en el Boletín Oficial del Estado. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que ya ha pedido a las comunidades que apliquen la mínima subida posible de los precios públicos, guarda silencio hasta conocer las explicaciones de un decreto ley que modifica en parte la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El cambio les obliga al equilibrio presupuestario y afecta al principio de autonomía universitaria.

Colectivos de estudiantes han convocado una "jornada de lucha" el próximo 10 de mayo. "Haremos huelga en los institutos y movilizaciones en las universidades, a las que esperamos que se sumen los profesores", señala Tohil Delgado, del Sindicato de Estudiantes. La Federación de Asociaciones de Estudiantes de España (Faest) respalda esta convocatoria. "Hace falta una respuesta rápida porque tememos que miles de universitarios no podrán seguir el próximo curso por la subida de precios públicos", señala su presidente, Fidel González.

El aumento, que deben fijar dentro de una horquilla las comunidades autónomas, supone un incremento máximo de 540 euros anuales en primera matrícula, según estimaciones oficiales, y penaliza a los repetidores con el pago de hasta el 100% del coste del curso mientras las becas de educación se han reducido en 166,4 millones, casi el 12%. Comunidades y estudiantes reclaman que la subida de tasas lleve aparejado un incremento de las ayudas.

"Queremos llegar al otoño con una respuesta clara y unitaria", añade González. Desde el Consejo de Estudiantes, que se reúne mañana con el Ministerio de Educación, también prevén organizar una plataforma por la educación pública similar a la que se puso en marcha en Madrid. "Rectores, estudiantes y profesores deben protestar unidos", señala María José Romero, portavoz del consejo. El nuevo decreto no recoge la obligación de informarles de los cambios. No fueron consultados, como prevé el Estatuto de Estudiantes, y también por eso plantearán quejas.

Los sindicatos de enseñanza alertan, además, de que el recorte (Educación prevé ahorrar 3.000 millones, aunque no ha detallado las cuentas) "va contra la calidad del sistema educativo". CC OO quiere llevar los recortes ante el Defensor del Pueblo (al que solicitará que recurra el real decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional) tras calcular que destruirá más de 100.000 empleos docentes.

"Marcaremos más acciones de protesta y respaldaremos lo que plantean estudiantes y organizaciones contra la merma de calidad educativa. Nuestro ejemplo es la marea verde de Madrid", señala Jesús Sánchez, presidente de CEAPA, la principal confederación de asociaciones de padres de la educación pública, que también respalda la creación de una plataforma.

"Nos preocupa cómo se van a gestionar esos recortes", añade José Antonio Martínez, presidente de la federación de directores de centros públicos Fedadi. Martínez rechaza el "modelo de café para todos" y apunta que "si las autonomías no aplican las medias atendiendo a la especificidad de cada centro, como hizo Madrid, habrá aún más problemas".

Las 'trobades' reclaman un plan de enseñanza de lenguas riguroso

Decenas de miles de personas acuden a los actos de Escola Valenciana

Almussafes, Alcàsser y Valencia han sido los lugares en los que, durante el fin de semana, se han celebrado trobades de la Federació Escola Valenciana, que lograron concentrar a unas 65.000 personas. Profesores, padres y alumnos reclamaron al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que aplique "un plan de enseñanza de las lenguas riguroso".

En el barrio de Benimàmet de Valencia se reunieron ayer alrededor de 20.000 personas entre las que se encontraba el rector de la Universitat de Valencia, Francisco Tomás, las dirigentes socialistas Pilar Sarrión y Carmen Alborch, los diputados de Compromís Mónica Oltra y Enric Morera, y la también diputada autonómica de EUPV Glòria Marcos.

A la celebración de esta vigésimosegunda edición de "les trobades" se unieron un total de 60 centros educativos de la ciudad de Valencia, que organizaron un centenar de talleres y actividades. La tarde concluyó con el Festival Itinerante de Música en Valencià-La Gira y la actuación de grupos de rock.

El presidente de Escola Valenciana, Diego Gómez, que asistió a la trobada de Valencia, criticó la gestión del Consell en materia educativa y aseguró que "la nefasta gestión educativa de Camps nos está abocando al fracaso escolar, al monolingüismo y a ser una sociedad poco competitiva con escasos recursos para salir de la crisis".

La participación registrada en Valencia se suma a las cerca de 45.000 personas reunidas el sábado en Alcàsser y Almussafes, donde igualmente se reivindicó un sistema educativo en valenciano "que abra las puertas a las lenguas".

Según Gómez, la sociedad "está viendo el retroceso en los servicios públicos como la educación y es consciente de que los excedentes económicos de los últimos años se han derrochado en grandes actos de propaganda política, por eso quiere que el Gobierno valenciano asuma su responsabilidad".

Gómez destacó el apoyo social recibido este fin de semana durante los encuentros festivos y reivindicativos y reclamó al presidente de la Generalitat "que tome nota porque la gente que participa en estos actos lúdicos quiere nuestra lengua y participan en un marco reivindicativo de una escuela mejor".

Durante la celebración de las tres trobades de este fin de semana se han repartido alrededor de 70.000 postales en defensa del plurilingüismo y de que la Generalitat aplique un plan de enseñanza de las lenguas riguroso. Con ellas se pretende hacer llegar este mensaje no sólo a la presidencia de la Generalitat sino también a los miembros de la comisión de Educación de las Cortes Valencianas.

Diego Gómez denunció que "el plan Camps por el plurilingüismo es un montaje más, es inaplicable en nuestro sistema educativo, y por eso lo han diseñado para que sólo afecte a 60 de los 427.000 alumnos valencianos, un 0.01% de la población escolar".

Recull de premsa FAPA-València divendres 20 abril 2012

                                                  

La primera matrícula en la universidad pública costará hasta 540 euros más

La conselleria afirma que "se trataría de aproximar los precios públicos al coste efectivo" de los estudios universitarios

La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, advirtió ayer de que los alumnos de la Comunitat Valenciana pagan algo más del 13 % del coste real de una matrícula universitaria mientras la media nacional está en torno al 14,8 %, por lo que la Generalitat está pagando unos 800 euros más por estudiante que la media del resto de gobiernos autonómicos.
Català hizo estas declaraciones a su salida de la Conferencia General de Política Universitaria celebrada en el Ministerio de Educación, en la que se anunció que las comunidades podrán adoptar medidas oportunas para hacer sostenible el sistema público universitario. 
Según informó la conselleria, entre estas medidas se encuentra la posibilidad de solicitar un mínimo de alumnos en las titulaciones, facilitar la cooperación interuniversitaria para impartir titulaciones, incrementar la carga lectiva de docentes que no estén realizando investigación o establecer una serie de horquillas para el incremento de tasas. Estas horquillas las ha fijado el ministerio entre el 15 al 25% del coste del puesto universitario, lo que supondría un incremento de media en España a pagar por el alumno de hasta 540 euros más en primera matrícula. Respecto a esta ultima posibilidad, según la Generalitat, "se trataría de revisar las tasas universitarias con el fin de aproximar los precios públicos de los servicios académicos universitarios al coste efectivo de los mismos".
Català anunció que ha llegado el momento de realizar un grupo de trabajo para analizar esta posibilidad, ya que, en el caso de la Comunitat Valenciana, los alumnos pagan algo más del 13 % del coste real de la matrícula mientras que la media en España se sitúa en torno al 14,8 %, por lo que la Generalitat paga cerca del 87 % restante hasta el coste efectivo del servicio universitario.
El Gobierno valenciano, según la conselleria, aporta anualmente 7.500 euros por estudiante, cuando la media en España está sobre los 6.700 euros.
Para la consellera, cualquier decisión que se tome se realizará "a través del dialogo permanente con la comunidad universitaria valenciana" al disponer, a su juicio, "de uno de los mejores sistemas financiación universitario de España, que se ha diseñado siempre con la colaboración de todos".

Premiar el esfuerzo académico
"Cualquier incremento de tasas debe ir acompañado de una correcta política de becas", añadió Català para explicar que ese grupo de trabajo se centrará en elaborar un mapa de titulaciones en la Comunitat para evitar duplicidades de títulos y racionalizarlos, al tiempo que deben ir dirigidos a aquellos grados o titulaciones que tengan salidas profesionales.

Oposición del PSOE
Subir las tasas universitarias hasta en un 66% al mismo tiempo en que baja el dinero dedicado a las becas en 166 millones de euros es "un cóctel explosivo gravísimo" que liquida la igualdad de oportunidades y empobrecerá la Universidad española, consideró ayer el PSOE. La reacción del portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso, Mario Bedera, se produjo tras la propuesta de incremento de las tasas para las universidades públicas que representará un desembolso máximo medio de 540 euros más por curso, mientras que las segundas y sucesivas matrículas tendrán un recargo de entre el 30 y el cien por ciento. Esta subida de tasas es "gravísima" para el portavoz socialista, quien pidió al Gobierno que rectifique y abra un diálogo que permita el consenso, dado que estas medidas "rompen un modelo educativo que arranca desde la Transición".

 

El coste de un titulado para el Consell

El Tribunal de Cuentas subraya que ya en 2007 cada titulado costaba a la Administración entre 33.000 y 47.000 euros - Los ingresos ordinarios de las universidades "solo" cubrían un 21,8%de gastos y la Comunitat estaba entre los márgenes más negativos

Un informe del Tribunal de Cuentas de 2006 y 2007, sobre el sector público autonómico, subraya que el coste medio estimado de un titulado universitario para la Administración es de 32.922 euros para los de ciclo corto, 46.634 euros para los de ciclo largo y de 24.107 euros para los de segundo ciclo.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, resalta también que los ingresos ordinarios de las universidades públicas "solamente" cubrían por entonces un 21,8 por ciento de los gastos ordinarios, como media, siendo los "márgenes más negativos" los registrados en Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía.

En cuanto a la evolución de las fuentes de financiación de las universidades públicas para el periodo 2003-2007, el Tribunal de Cuentas presenta un crecimiento acumulado anual del 8,3 por ciento.

Según desvela, las fuentes de financiación propias lo han hecho a una tasa acumulada de crecimiento anual del 5 por ciento, mientras que las ajenas lo han hecho a una tasa del 9,6 por ciento, lo que pone de manifiesto que disminuye la proporción de las propias y se incrementa la correspondiente a las ajenas, fundamentalmente con origen en las subvenciones corrientes.

En dicho informe avisa, además, de que algunas universidades públicas no aprueban los presupuestos antes del inicio del ejercicio, por lo que deben comenzar la gestión con los presupuestos del año anterior prorrogados.

Así las cosas, la institución aconseja a las universidades a que elaboren con mayor rigor sus presupuestos, antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docente, así como unas previsiones de los proyectos de investigación que se les adjudicarán en el ejercicio, de modo que, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las imprescindibles y, en todo caso, debidamente justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.

DEBERÍAN CAMBIARSE LOS PLANES DE JUBILACIÓN

En cuanto al personal de las Universidades, el informe resalta que, aunque en los ejercicios 2003 a 2005 se observa una tendencia creciente a la provisión de puestos de trabajo por personal funcionario en detrimento del personal laboral, dicha tendencia parece invertirse en los ejercicios 2006 y 2007, donde el funcionariado universitario representa el 55,69 por ciento de la totalidad del personal.

El Tribunal de Cuentas señala a su vez que, en todas las ramas de enseñanza de las universidades públicas, excepto en Ciencias de la Salud, la media de créditos impartidos por profesor equivalente es inferior a los 24 créditos establecidos en la legislación.

Con todo ello, la institución aconseja a las universidades a elaborar las relaciones de puestos de trabajo, diferenciando las funciones docentes e investigadoras y controlando la evolución de sus cargas de trabajo.

Por otro lado, avisa de que los acuerdos adoptados en el seno de las Universidades, estableciendo planes de jubilaciones voluntarias anticipadas e incentivadas para el personal docente investigador (PDI) funcionario carecen de soporte legal, por lo que los centros universitarios deberían suspender la vigencia de los mismos y, en consecuencia, poner fin a la incorporación de nuevos beneficiarios.

En este sentido, llama la atención de que los acuerdos adoptados en el seno de las Universidades, estableciendo planes de jubilaciones voluntarias anticipadas e incentivadas para el PDI funcionario, en general, no cuentan con el respaldo expreso de las comunidades autónomas al objeto de su financiación.

Por ello, dice que los Gobiernos autonómicos, a la hora de autorizar los costes del PDI deberían ejercer un adecuado análisis de su composición y seguimiento de su ejecución, con objeto de evitar que, con cargo a los mismos, se imputen gastos en concepto de retribuciones, incentivos o ayudas carentes de soporte legal.

MÁS LICENCIADOS EN CIENCIAS SOCIALES

Según los cálculos del Tribunal, la oferta de plazas se concentra fundamentalmente en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con un 42 por ciento de las plazas, seguida de las Técnicas, con un 29 por ciento. Además, la media de plazas por titulación se sitúa en 125.

Igualmente, detalla que el porcentaje medio de plazas ofertadas de nuevo ingreso que son cubiertas por alumnos de nuevo ingreso es del 62 por ciento de media. Concretamente, refleja que los alumnos matriculados en las universidades objeto de análisis, entre el curso 2003-2004 y el curso 2007-2008, evolucionan con una tasa de reducción del seis por ciento.

Finalmente, cree que las universidades deberían analizar y adecuar la oferta interna a la demanda social de las enseñanzas mediante la asignación eficiente de los recursos necesarios para la provisión de los servicios docentes, teniendo en cuenta, además, la tasa de abandono de los estudios universitarios.

 

                                           

 

Las CC AA podrán incrementar un 66% las tasas universitarias

 

La ola de recortes para paliar el déficit de las comunidades universitarias ha golpeado hoy en la línea de flotación a la universidad pública española. El decreto ley que aprobará mañana el Gobierno central otorgará potestad a las comunidades autónomas para incrementar las tasas de matriculación universitaria hasta un 66%. Actualmente, cada estudiante paga un 15% del coste real de su formación, el resto corre a cargo del presupuesto público. A partir del próximo año, los ejecutivos podrán elevar ese porcentaje hasta un 25%, lo que de media, según los cálculos de Educación, supondrá 540 euros más por curso para cada estudiante.

Las tasas universitarias varían actualmente entre los 700 y los 1.400 euros dependiendo de la región y la carrera que se estudie. A mayor cantidad, mayor será por tanto el incremento. Además, en el caso de los repetidores la cuantía aumentará de un 30% a un 40% del coste del curso para la segunda matrícula de una misma asignatura, del 65% al 75% para la tercera y del 90% al 100% en el caso de la cuarta.

El ministro del ramo, José Ignacio Wert, ha informado de esta y otras medidas a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas -"solo nos informó, no nos consultó" se quejó el secretario general de Universidades andaluz, Francisco Triguero-.

El objetivo es, según les ha explicado Wert, dotar a las regiones de una serie de herramientas legislativas que les permitan ahorrar en gasto y alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al 1,5% de su PIB a finales de 2012. "Nosotros ofrecemos un abanico de posibilidades y serán las comunidades, dependiendo de la situación por la que estén atravesando, las que decidirán cómo implementar de una u otra forma las opciones que les estamos poniendo sobre la mesa", ha indicado la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, quien ha sido la encargada de explicar los pormenores de la reforma a los medios de comunicación al tener un acto el ministro con la Casa Real.

De momento, el País Vasco ya ha anunciado que en ningún caso acometerá una subida de las matriculas, mientras que Andalucía ha vinculado cualquier tipo de incremento a que vaya aparejado a un mayor número de becas "en defensa de la equidad en la educación". El resto de gobiernos autonómicos ha preferido guardar silencio a la espera de evaluar la nueva situación.

"El dinero que se recaude de más corresponderá a las propias universidades, pero al contar con mayor financiación las comunidades podrán rebajar la asignación de los presupuestos que va destinada a ellas", ha explicado la secretaria de Estado. Gomedió también ha insistido en que no se reducirá la partida de becas. En aquellas que cubra el 100% del importe de la formación del estudiante, el incremento de la tasa correrá a cargo de su comunidad autónoma.

Docencia o investigación

La reforma también afectará al profesorado. El Ministerio pretende marcar una línea fija entre docencia e investigación. Aquellos profesores que atestigüen las horas dedicadas a la investigación durante los últimos seis años verán recortadas sus horas lectivas con el fin de que puedan dedicar un mayor esfuerzo a la misma. Para los que no lo hagan el camino será el inverso y se les impondrá una mayor presencia en las aulas. "Deberán elegir a que prefieren dedicarse en mayor medida", ha apuntado Gomendio. Según los datos aportados por Educación, el 50% de los docentes con condición de funcionario no se dedica a labores de investigación.

Otro de los puntos del decreto ley contempla un mayor control de las universidades por parte de los Ejecutivos autónomos. En concreto, se pretende que en situaciones de déficit los órganos rectores de las instituciones no puedan incrementar su gasto, obligando con ellos a un mayor esfuerzo de las arcas públicas para su mantenimiento. Igualmente, las comunidades podrán frenar los concursos de empleo público si no los consideran convenientes.

El último vértice de la reforma obliga a un proceso de diálogo entre todas las partes que derive en la aprobación de unos requisitos mínimos que deban cumplir las universidades, y que van desde recursos a número de alumnos por titulación. Según Gomendio, "existe un número muy elevado de universidades y campus, pero sobre todo de titulaciones" por lo que ha incidido en la necesidad de profundizar en la eficiencia y viabilidad de cada institución y materia. "Muchas comunidades autónomas nos habían solicitado que diéramos este paso", ha afirmado la secretaria de Estado, que tal y como dijo el ministro el lunes, este decreto ley no es una reforma educativa, esta aún está por llegar.